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Biden promete que en 2030 el 30% de la tierra de EEUU se convertirá en áreas ecológicamente protegidas

Parque Nacional de Zion, en el estado de Utah, EEUU. La administración Trump limitó la protección estatal de numerosas áreas antes preservadas, incluidas varias en Utah.

Hannah Chinn

The Guardian —

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Fue un decreto presidencial que causó sensación en los círculos ambientalistas. Tan solo una semana después de haber asumido en el cargo, el presidente Joe Biden se comprometió a la preservación ecológica del 30% de las tierras y aguas de EEUU para 2030.

El llamado objetivo de protección ecológica ‘30 por 30’ ya se ha tratado en el Congreso con apoyo bipartidista, y alineado con los objetivos previstos en la ciencia de preservación global para alcanzar una meta final del 50% en el 2050.

Entonces, ¿cuáles son las áreas de EEUU que pueden estar en los primeros lugares de la lista por considerarse prioritarios? Los ecologistas tienen algunas ideas.

El Servicio Geológico de EEUU informa que sólo el 12% de la tierra está protegida ecológicamente en el país, y sólo el 23% de sus aguas costeras. Eso significa que para alcanzar los objetivos conservacionistas que Biden propone, el país tendrá que extender la protección a más de 160 millones de hectáreas de tierra y vías navegables interiores en los próximos 10 años.

La restauración en el grado pleno de la protección para monumentos nacionales como Bears Ears - proclamado por Barack Obama en 2016 - y Grand Staircase-Escalante, ambos ubicados en el estado de Utah, sea probablemente un primer paso. En 2017, Trump les había recortado el nivel de protección estatal a los dos. “Medidas como éstas son las primeras y las más fáciles, porque, como la fruta que pende en las ramas bajas de los árboles, es lo que está más a mano”, calificó Aaron Weiss, subdirector del Centro de Prioridades para el Oeste.

En cuanto a los pasos ulteriores, “creo que para que este trabajo sea duradero y sustentable en el tiempo, tiene que provenir de las bases... debemos empezar por donde ya existen acuerdos”, dice Tracy Stone-Manning, vicepresidenta asociada de la Federación Nacional de la Vida Silvestre (NWF), dedicada a la cuestión de tierras públicas dentro de esta organización privada, la más grande del país en su rubro.

Stone-Manning se refirió a un gran número de iniciativas impulsadas localmente y preparadas para expandir las áreas de conservación, que incluyen 32 mil hectáreas de praderas a cielo abierto en el estado de Montana y 526 mil hectáreas del desierto de Mojave, hábitat del borrego cimarrón, en el estado de Nevada. Una propuesta en juego en California podría salvar 101 mil hectáreas de rápidos de ríos y de bosques de secuoyas. Y una ley clave recientemente reintroducida en el estado de Colorado protegería más de 160 mil hectáreas de montañas escarpadas y de corredores migratorios clave para muchas especies.

Los conservacionistas también anticipan el regreso de las campañas con base local a favor de parques nacionales para preservar las gargantas de roca roja y las colinas onduladas en Owyhee Canyonlands del estado de Oregon en la costa del Océano Pacífico, así como las imponentes formaciones rocosas y las antiguas viviendas en los acantilados del Gran Cañón de Arizona.

Sin embargo, ni siquiera todas estas incorporaciones juntas, dice Weiss, harán que EEUU llegue al objetivo del 30 por 30. “Ni siquiera cerca”, añade. Para aproximarse, en los próximos diez años deberán sumarse a este horizonte millones de hectáreas adicionales de nuevos paisajes protegidos. En los primeros lugares en la lista de expectativas de los conservacionistas se encuentran áreas ricas en biodiversidad: cadenas montañosas como los Apalaches y la Cordillera Azul en el Este, amplias franjas de praderas ubicadas a lo largo de la amplia meseta conocida con el nombre de las Grandes Llanuras en el Medio Oeste, bosques antiguos en el noroeste de la costa sobre el Océano Pacífico, y formaciones boscosas y selváticas actualmente con una protección deficitaria en la costa sureste de EEUU.

Algunas de estas regiones, como el bosque de Cumberland que abarca zonas de los estados de Virginia, Kentucky y Tennessee, ya son objeto de esfuerzos de conservación. En otros casos, se trata de tierras adquiridas previamente por grupos conservacionistas, como el lago Wimico, un refugio de humedales de agua dulce para la vida silvestre residente y migratoria de Florida, o diversas áreas forestadas pero hasta ahora inconexas en el Oeste. Y aun otros casos, principalmente en el Sureste, están en manos de propietarios privados, lo que hace que los acuerdos voluntarios de protección, comúnmente llamados servidumbres de conservación, resulten una estrategia clave.

Los ambientalistas probablemente alentarán a Biden a cumplir sus objetivos utilizando la Ley de Antigüedades (Antiquities Act). Esta legislación, sancionada en 1906 por el Congreso durante la presidencia de Theodore Roosevelt, permite a los presidentes reservar tierras y aguas de importancia nacional para asegurarles una protección estatal permanente. No obstante, los militantes dicen que en estos años los esfuerzos locales para impulsar la protección de esta o aquella área determinada serán esenciales.

“Una de las oportunidades realmente movilizadoras que vemos en esto [el decreto presidencial del ‘30 por 30’] es que en realidad no se trata de un mandato desde arriba hacia abajo, donde alguien en Washington DC está dibujando un mapa y después nos conduce hacia ese 30%”, dice el director de Tierras, Agua y Vida Silvestre del Sierra Club, Dan Ritzman. “La idea se basa en los  esfuerzos de conservación impulsados ​​a nivel local; se trata de campañas de abajo hacia arriba, donde las personas familiarizadas con la tierra y afectadas a su gestión estarán profundamente involucradas en su conservación”.

Esto también puede requerir el repensar las definiciones tradicionales de conservación, que a menudo han equiparado la protección con la ausencia humana, y han ignorado o excluido en gran medida las formas de vida y los vínculos de las comunidades indígenas con la tierra sagrada. Sin embargo, Woody Lee, miembro de la Nación Navajo y director ejecutivo de la organización Utah Diné Bikéyah, liderada por indígenas, dice que el monumento nacional Bears Ears, que es cogestionado directamente por naciones tribales soberanas y el gobierno federal de EEUU, podría servir como modelo.

“Creo que [Bears Ears] abrió un sendero... este tipo particular de iniciativa nunca antes se había hecho realidad”, dice Lee. “Apoyaría a otras tribus que quieran seguir el mismo camino, o un camino similar que lleve al mismo resultado”.

Incluso si algunas áreas protegidas todavía son de propiedad privada, “la propiedad no es tan importante como el acuerdo”, dijo Tom Cors, director de relaciones con el gobierno en la organización Nature Conservancy (TNC), donde se ocupa de todo lo tocante a las tierras en manos estatales o de particulares. En TNC han utilizado enfoques que van desde buscar comprar y adquirir las áreas interesadas hasta pactar servidumbres en tierras privadas para proteger un área determinada.

Cors califica la meta de 30 por 30 como un “salto a la luna en 10 años” precisamente porque exige el trabajo del gobierno federal y de cada gobierno estadual junto con las partes interesadas locales, incluidos los agricultores y ganaderos privados, las comunidades urbanas y las naciones tribales soberanas. En otras palabras, requerirá una enorme cantidad de colaboración a una escala y una velocidad sin precedentes.

La buena noticia es que, según la reciente encuesta anual Conservación en el Oeste, que interroga a los votantes occidentales rurales y urbanos de todo el espectro político, el 77% apoyó el objetivo 30 por 30. Y muchos favorecieron limitar la extracción de recursos en tierras públicas.

Para el verano, es probable que el Departamento del Interior y otras agencias estadounidenses hayan desarrollado una hoja de ruta para alcanzar las metas previstas en 30 por 30. Eso significa que todavía hay tiempo para que los estadounidenses influyan en el proceso.

“No hay una lista secreta [de tierras para conservación]. Ojalá la hubiera”, dijo Stone-Manning, la vicepresidenta asociada de tierras públicas de la NWF. “Necesitamos hacer una convocatoria extensiva para todo EEUU: ¡Envíennos sus ideas! Escuchemos a las personas que mejor conocen sus lugares”: con estas palabras traza la ambientalista su visualización del horizonte 2030.

 

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