La fórmula del GNL: gas licuado, participación ciudadana licuada

El 16 de noviembre en Sierra Grande tendrá lugar una audiencia pública en la que se presentará el proyecto Argentina LNG y los cuatro Estudios de Impacto Ambiental que lo componen: el gasoducto de transporte desde Neuquén, los poliductos, las instalaciones marinas de exportación con unidades de licuefacción flotante (FLNG, por su sigla en inglés) y el Complejo Industrial Río Negro.

Es una instancia en la que las personas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta, según lo estipula la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), la ley 3984 de Río Negro y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Sin embargo, la firma del contrato de inversión ya está agendado para el 26 del mismo mes. Es una decisión que parece ya estar tomada.

Ese no es el único problema: los Estudios de Impacto Ambiental presentan análisis fragmentados, fallas metodológicas graves en sus modelaciones de ruido, pluma térmica, salinidad y sedimentos, subestiman el riesgo sobre especies en peligro y la pesca artesanal, las emisiones fugitivas de metano y omiten la dimensión real de la crisis climática.

Estas graves inconsistencias traen como consecuencia que los verdaderos impactos acumulativos del proyecto en su conjunto y con otros proyectos preexistentes como Vaca Muerta Oil Sur o las unidades de licuefacción de Southern Energy permanezcan ocultos. De esta manera, el análisis de riesgos ambientales del proyecto Argentina LNG se encuentra fraccionado. Al no darse una evaluación integral del proyecto en su conjunto, los impactos acumulativos sólo son mencionados pero no analizados en profundidad.

Al igual de lo que sucedió en la audiencia pública del buque MKII (actualmente denominado Esperanza) el 16 de septiembre de 2025 y el buque Hilli Episeyo, del 4 de diciembre de 2024, celebradas en el Puerto del Este y en la audiencia pública por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, ocurrida en agosto de 2023 en Sierra Grande, la participación social estará restringida a personas con domicilio en Río Negro.

Semejante limitación impide que las voces de vecinas y vecinos de Neuquén y de Chubut que podrían sufrir las consecuencias de estos proyectos puedan ser oídas en audiencia pública. Así, la participación ciudadana se ve reemplazada por una participación licuada y filtrada. En efecto, el gasoducto podría afectar al agua del Río Limay en Neuquén y dada la conectividad oceanográfica entre los golfos norpatagónicos, los potenciales derrames de los proyectos de petróleo y gas podrían llegar hasta Península Valdés, patrimonio natural y cultural de la humanidad ubicado en Chubut.

Pero también la participación es coartada a quienes como consumidores de gas, pueden verse afectados. Este proyecto implica la exportación del 60% del gas extraído hoy de Vaca Muerta, lo que implica dos veces el consumo residencial en el país. Entonces vale preguntarse, ¿cómo va a afectar a los precios del consumo interno en Argentina? Ya que los precios quedarán atados al precio internacional.

Semejante recorte vulnera el derecho a una participación social amplia, inclusiva e integral tal como lo exige el Acuerdo de Escazú. Un tratado regional ratificado por Argentina en 2020, con jerarquía superior a las leyes, que obliga a eliminar cualquier obstáculo a la participación ciudadana.

El ambiente no reconoce fronteras geográficas. Por ende, la participación no debería ser limitada exclusivamente a quienes residan en Río Negro sino que debería ser abierta a todas las personas de otras provincias que podrían verse afectadas.

En este sentido, vale la pena recordar una definición del emblemático caso “Kattan” de 1983 en el que se logró anular permisos de pesca de toninas overas por parte de buques japoneses: “Si se altera el aire que se respira, el agua que se bebe o la comida que se ingiere, el afectado directo es cada uno de los potenciales perjudicados. Si la biosfera se modifica, cada persona verá alterada su forma de vivir, su existencia estará amenazada o reducida; no se trata de necesidades o conveniencias públicas, se trata de cada vida afectada”. Y cada persona tiene derecho a participar de decisiones que comprometen su futuro. Ello, sin verse afectados por limitaciones absurdas, ilegales e inconstitucionales.

El proyecto Argentina LNG pretende avanzar así: con una evaluación de impactos ambientales fraccionada y la participación restringida. Pero cuando los proyectos se construyen sobre la base de estudios ambientales incompletos y sin participación ciudadana, esos vicios los debilitan frente a los reclamos de las comunidades locales de buscar alternativas energéticas más sustentables y preservar al Golfo San Matías, un lugar que permita conservar un Golfo azul para siempre.

Cristian Fernández es coordinador de legales en FARN y María Marta Di Paola es coordinadora del programa de metano de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas-CAJE