Opinión

¿En qué mundo vive la clase dirigente (y quienes dependen de ella)?

Durante la pandemia se duplicó la riqueza de las diez personas más ricas del mundo, mientras más de 120 millones caían en extrema pobreza.

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Observando las acciones y los debates de la clase dirigente argentina, y también de otros países, se tiene la impresión de que viven una suerte de ignorancia compartida acerca de la situación del país y del mundo. Así, mientras se entretienen en pergeñar estrategias para resolver disputas políticas internas, sus acciones con impacto público no registran los cambios vertiginosos que se están produciendo en las formas de funcionamiento de la sociedad argentina y del ambiente exterior con el cual interactúa. 

Por un lado, están quienes pretenden que se puede volver a épocas pasadas donde se registraba crecimiento económico, aumentaba el empleo, los ingresos laborales y las ganancias, mientras el déficit fiscal se financiaba sin mayores problemas con deuda y emisión monetaria. En el otro extremo, otro grupo vocifera que se puede alcanzar la bonanza si se liberan los mercados para que el capital fluya, los precios se ajusten sin regulaciones, se bajen los costos laborales, se reduzca el gasto público (especialmente el de mayor impacto social). Ambos grupos alardean sobre épocas pasadas y difusas experiencias comparadas donde supuestamente ambos arreglos sociales funcionaban de maravillas. En realidad, esas maravillas nunca existieron y lo peor es que la situación presente, y las tendencias hacia futuro, no tienen nada que ver con el pasado y no auguran éxito a ninguna de las alternativas.

Por ejemplo, el supuesto pleno empleo (masculino) del pasado y la expansión del consumo, se lograban con un sistema alimentado por los contaminantes combustibles fósiles. Las recesiones no duraban mucho y con algunos ajustes se lograba el “rebote”. Además, ni el país (ni el mundo) estaba endeudado ni tampoco existía la globalización financiera, por lo que las crisis financieras globales no eran un escenario probable. El déficit fiscal se financiaba con una política monetaria expansiva y un sistema tributario que se apropiaba fácilmente de parte del valor agregado creciente, al tiempo que el gasto público se legitimaba por la expansión de los derechos sociales (y subsidios al capital de todo tipo). En el pasado, muchos países, incluida Argentina, gozaban del llamado “bono demográfico”, gracias al cual la población activa (y el empleo creciente) generaban recursos e ingresos fiscales para pagar beneficios a una menor población laboralmente pasiva. 

Si bien ya en los años setenta del pasado siglo se observaron síntomas de “crisis fiscal” e inflación, tanto en Argentina como en países centrales, estos problemas se fueron resolviendo con deuda y artilugios monetarios. Así, en los países centrales, el incremento de tasas de interés de la década del ochenta funcionó como política antiinflacionaria de la ortodoxia monetaria y si bien provocó crisis de deuda en países periféricos como Argentina, las mismas se resolvían con reestructuraciones y “planes de salvataje” que pateaban todo para adelante. 

Asimismo, se asumía que el mundo iba hacia acuerdos democráticos no sólo al interior de cada país sino entre países. La caída del muro de Berlín se vio como parte de ello, al punto que se llegó a hablar del fin de la historia y a augurar un mundo unipolar y totalmente abierto a la globalización y a la apertura de los mercados, que traería bienestar generalizado al planeta. Ese mundo, al cual Argentina está integrada de forma subordinada y periférica, no existe más. 

Riesgos globales

En casi todos los países centrales y en muchos periféricos como Argentina, se agotó el bono demográfico y cada vez hay menos población activa para sostener a la pasiva. Para colmo, cae el empleo y suben desempleados, marginales, precarios, etc. Además, la dinámica económica y social empieza a definirse por cuestiones antes desconocidas en los “modelos” de análisis y que todavía no se comprenden muy bien: pandemias, crisis climática, robotización, inteligencia artificial, etc. 

Así, crecen los riesgos globales con impactos locales muy desiguales, empezando por el traspaso de las llamadas “fronteras climáticas” que marcan límites a partir de los cuales el colapso ambiental tiene probabilidad positiva y creciente. La sucesión de “cumbres” sobre el tema son una retórica con objetivos inalcanzables, al tiempo que los shocks de oferta por los eventos climáticos extremos y los conflictos geopolíticos se agravan y derivan en un nuevo salto de la extracción de combustibles fósiles con ganancias exuberantes para empresas que deberían ser más bien penalizadas por su actividad. 

No sólo se ven amenazados los sistemas agroalimentarios, sino que es muy probable que aumenten los episodios “pandémicos” vinculados a enfermedades “zoonóticas”. El escenario de la pandemia del COVID-19 no puede considerarse un accidente excepcional, sino como ejemplo de lo que pasa frente fenómenos globales con impactos muy negativos y desiguales. Frente a la muy probable repetición de estos fenómenos, no se avizora mejor capacidad de respuesta por parte de los sistemas de salud motorizados por la ganancia privada.

Pero durante la pandemia no sólo hubo muertes, enfermedades y caída económica. Según cifras de organismos especializados, en ese tiempo se duplicó la riqueza de las diez personas más ricas del mundo, mientras más de 120 millones caían en extrema pobreza (según medidas conservadoras). Esto consolidó la tendencia de las últimas tres décadas cuando el 1% más rico de la humanidad capturó 20 veces más riqueza que el 50% más pobre.

Notablemente, estas desigualdades también se observan en las responsabilidades por la emisión de los gases de efecto invernadero que dañan nuestra atmósfera. Si a la huella de carbono productiva se agrega la del consumo, emisiones per cápita anuales en África Sub-Sahariana equivalen a 1.6 toneladas por año y en EEUU a 21 toneladas (tres veces el promedio mundial). América Latina registra 4,8 toneladas. Desde 1990, la mitad inferior de la escala en la distribución de ingresos de la población mundial aportó 16% del crecimiento de las emisiones en el mundo, mientras que el 1% superior (77 millones de personas) fue responsable de 21% del crecimiento de las emisiones.

En otras palabras, la desigualdad es el dato central del escenario local y mundial. Quienes más responsabilidad tienen en los problemas son quienes menos sufren y sufrirán las consecuencias. Pero, además, lo anterior advierte sobre las consecuencias de pretender que crezcan los niveles de consumo del mundo para alcanzar a los países opulentos: esto aceleraría el colapso climático y profundizaría la desigualdad. No hay posibilidad de subir consumo de los más pobres si no se baja el consumo de los más ricos; no es una cuestión ideológica, sino matemática.

La vuelta de la inflación

En estas sociedades desiguales emergen los más recientes problemas económicos, como el retorno inflacionario en niveles que no se veía desde la década del setenta. Los bancos centrales de los países más ricos vuelven a aumentar la tasa de interés que golpea a los mercados financieros y frena aún más a la economía mundial. Pero en las actuales condiciones este mecanismo probablemente no sea muy efectivo y las consecuencias pueden ser muy diferentes a la década del setenta.

Hoy la inflación en los países centrales aparece junto a un altísimo nivel de endeudamiento en todo el mundo luego del salvataje de la crisis de 2008. A diferencia de aquella crisis financiera, hoy no es un problema de restricción del crédito y retracción de demanda que podría resolverse inyectando “liquidez” y apoyo fiscal. Se trata más bien de un shock de oferta donde el escenario más probable es inflación con recesión, en el mundo y en Argentina.

Los nostálgicos del proteccionismo se ilusionan pensando que esto significa un freno a la globalización y un escenario favorable a políticas domésticas expansivas, aislamiento que impulse sustitución de importaciones, etc. Si bien es probable un retorno al proteccionismo, las consecuencias no serán las de tiempos pasados, especialmente para países periféricos como la Argentina. 

La “sustitución de importaciones” y los estímulos para la generación de empleo doméstico difícilmente se verifiquen. En principio, porque continuarán los acelerados cambios tecnológicos que ahorran fuerza de trabajo por unidad de capital y la presión de la oferta laboral será cada vez mayor en relación con la demanda de empleo. Mucho más luego de un proceso de fuerte integración de las cadenas de valor globalizadas, construidas en la época del auge del neoliberalismo, y cuya destrucción puede directamente generar un atraso tecnológico mayúsculo para los países periféricos.

Es más probable que el proteccionismo en los países centrales acentúe la dependencia tecnológica y el intercambio desigual, promoviendo un grupo reducido de enclaves conectados con el mundo y una economía cada vez más concentrada. Los países periféricos no estarán en condiciones de financiar la inversión que requiere enfrentar, entre otras cosas, las amenazas de la crisis climática y los problemas de los sistemas de protección social desbordados de “riesgos sociales”. La crisis climática va a destruir actividades tradicionales y serán necesarios muchos fondos, además de capacidad tecnológica y humana, para las inversiones y empleos novedosos. Lo anterior será mucho peor si se verifican escaladas de los ya preocupantes conflictos bélicos, se fortalezcan aún más los sistemas políticos autoritarios y se verifiquen nuevas olas migratorias que no tendrán un sesgo virtuoso como en el pasado para los países receptores. 

No se puede pensar que estas complejidades pueden enfrentarse con una política de “libre mercado” y ajuste de precios. Una política de este tipo va a agravar la dependencia y la desigualdad en países como Argentina. Todos los países necesitan más que nunca políticas estatales concertadas y regulaciones muy efectivas no sólo a nivel climático sino en casi todas las áreas de la vida pública. El cuidado de los recursos comunes, el sostenimiento de niveles básicos de consumo, la prestación de servicios sociales básicos que permitan enfrentar las amenazas críticas, no puede hacerse con el juego de la oferta y la demanda libre, sino que requerirá mucha acción pública estatal e interestatal. 

Lamentablemente, frente a este preocupante escenario mundial y local, la elite dirigente sigue obnubilada de la ambición del corto plazo, sea para ganar más dinero como para ganar una elección (sin desconocer la vinculación entre ambas ambiciones). Hablan de promover el “productivismo” de corto plazo, sin entender que son mezquinos negocios apropiados por un grupo reducido que garantizan hambre para la mayoría y conflictos sociales de todo tipo. Por ejemplo, la producción agropecuaria depende principalmente del clima y de la preservación de la vida, por lo que la constante expansión sobre tierras que deberían ser protegidas sólo anticipa pérdidas que no va a resolver el cambio tecnológico. Lo mismo puede decirse de una industria que apoya al “extractivismo” contaminante porque supone un nicho de negocios, cuando es obvio que en poco tiempo van a tener que dejar de producir cuando el medio ambiente no resista más. 

Estas complejidades no se pueden enfrentar con éxito mediante manipulaciones de tipos de cambio diferenciados, promoción de actividades extractivas y monocultivos, rechazo a la protección de humedales que aceleran la crisis climática, expansión de planes sociales paupérrimos para una sociedad cada vez más fragmentada, programas de seguridad social obsoletos, etc. Los cambios son demasiado profundos y los riesgos demasiado grandes para seguir vendiendo recetas fracasadas de acción pública. 

Y no es un problema de optimismo o pesimismo, de estados de ánimo personales o colectivos, sino más bien de la razón y los reproches del pensamiento lógico y científico. Y la falta de racionalidad ya es una escasez peligrosa en la elite dirigente, en un mundo de recursos cada vez más escasos, con una población creciente y cuya vida depende de una minoría codiciosa e ignorante.

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