Análisis

El obstáculo insalvable

Paradoja: el fallo de la Corte Suprema recompone el discurso del Frente de Todos en un momento en que la sostenibilidad de la coalición muestra cuáles son sus límites. Es un consuelo menor, una novedad que interesa sobre todo al frente interno de la alianza, y más abajo incluso, a la militancia, aturdida ante la visible pérdida de rumbo del Gobierno en el endiablado pico de la segunda ola de la pandemia. Alcanza con revisar Twitter para ver cuál es el grado de ese desconcierto.

Así han salido alineados, con distinto énfasis y estilo, primero la vicepresidenta Cristina Kirchner en esa misma red social y el presidente Alberto Fernández, minutos más tarde, en un acto en Ezeiza que compartió con su ministro de Educación y con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Siguieron el jefe de Gabinete Cafiero y el ministro de Martín Soria, a quien se ha encomendado  la línea de trinchera contra la Justicia, con escasa suerte hasta el momento .  

La Corte es un obstáculo insalvable para el Gobierno y especialmente para la expresidenta; fuente de todos los males, cerebro del lawfare y de las teorías sobre la persecución con las que Cristina Kirchner enfrenta sus amarguras judiciales. La contundencia del voto en favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires -entre los que se cuentan los de dos exconvencionales constituyentes como Rosatti y Maqueda- ha llevado ahora a la vicepresidenta a denunciar este fallo como un golpe de Estado contra las instituciones de la democracia.

La resolución de la Corte parece tener ambiciones más modestas. No es un secreto que los jueces del máximo tribunal desearían no verse sometidos a dirimir cuestiones de naturaleza política. Por dar un ejemplo: uno de los votos de los ministros de la Corte -Lorenzetti- recuerda entre citas a Thomas Hobbes y John Locke que la discusión sobre la presencialidad había sido abordada durante la reunión del Consejo Federal de Educación del 12 de febrero que, sostiene, “priorizó la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país”. Es ese, parece decir, el ámbito natural para este tipo de discusión.

El Presidente habló luego de la Corte como un cuerpo decrépito. Es probablemente lo más cerca que ha estado en las últimas semanas de su vicepresidenta, a juzgar por los trascendidos y los hechos. La adversidad genera un discurso más o menos articulado al oficialismo, que no podrá ocultar sin embargo la dimensión del revés.

El origen de la controversia por las clases presenciales está en la decisión del Presidente de avanzar con una medida intempestiva, que justificó como una decisión personal, en un escenario en el que el diálogo aún era plausible. Quedó demostrado dos semanas más tarde, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contempló la posibilidad de la modalidad remota para las escuelas secundarias. 

Aún sin hacer una valoración del contenido del decreto presidencial, Fernández apuró una decisión contraria a la opinión que habían hecho pública sus ministros de Salud y Educación, que sufrieron un fuerte desgaste, en el contexto de una embestida general del oficialismo contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El resultado es el contrario al buscado: Larreta ha salido fortalecido, incluso en su pulseada interna con los sectores más cerrilmente opositores de Juntos por el Cambio. 

El revés en la Corte podría debilitar además la capacidad del oficialismo para armonizar el proyecto de gestión de la pandemia en el que trabaja la secretaría de Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. La Corte pareció indicar hoy que ese debería ser el camino. La redacción de esa iniciativa, admitían hoy en el Gobierno, está resultando sin embargo trabajosa.

La cuestión sobre la continuidad del subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo tras la controversia por las tarifas sigue, entretanto, sin ser saldada. Junto al frente judicial, es el principal punto de desavenencia entre el Presidente y la vice, que compromete nada menos el rumbo económico del Gobierno. Tampoco es clara la situación del ministro de Economía Martín Guzmán, un funcionario de pensamiento sofisticado para la media del gabinete, a riesgo de injusticias. Con la continuidad de Basualdo, Guzmán ha sufrido una fuerte desautorización de la que difícilmente se vuelve. Cabe también para el Presidente.

Walter Lippmann, un investigador de la opinión pública estadounidense de la primera mitad del siglo pasado, dijo que ningún déficit afecta más a una comunidad -tanto sea el de la educación, la salud o la productividad de su economía- como el déficit de un gobierno eficaz. “No existe mayor necesidad (para los miembros de una comunidad) que la de ser gobernados, y si es posible de autogobernarse; de ser bien gobernados si tienen suerte, pero, sea como fuere, de ser gobernados”. La cita recupera una inesperada vigencia con este gobierno peronista.

WC