Panamá, el sombrero, el istmo y el cáñamo

El país del Canal, los Panama Papers y el reggaetón, legaliza el uso del cannabis dejando atrás los tiempos cuando el kenke se asociaba con el bajo mundo y sus consumidores eran estigmatizados como canyacceros y gana el podio en ser el primero entre sus vecinos de las Américas del Sur y Central.  

Panamá está por convertirse en el primer país centroamericano en legalizar la marihuana, pues este lunes la Asamblea Nacional votó de manera unánime a favor del uso de cannabis medicinal y terapéutico. La medida había sido impulsada durante cinco años por activistas, pero aún necesita un último visto bueno del presidente, Laurentino Cortizo, antes de convertirse en ley. 

La planta del cannabis (bautizada por Linneo como cannabis sativa), cáñamo o popularmente conocida como marihuana, originaria de las cordilleras de Himalaya, fue cultivada desde tiempos prehistóricos por sus diversos usos industriales, medicinales o psicotrópicos. En Panamá, los cigarrillos de cannabis tuvieron promoción, a finales del siglo XIX y principios del XX, en los anuncios publicitarios del diario La Estrella de Panamá como ‘el medicamento más avanzado contra el asma’. Sin embargo, en 1934, la droga fue incluida en la lista de sustancias prohibidas, junto con el opio y la cocaína.

La ley 32 de diciembre de 1934, firmada por el presidente Harmodio Arias, sumó al país a un grupo de naciones que se opusieron al consumo de  sustancias como el opio que -según los misioneros occidentales del siglo XIX- causaron  estragos en la población china. Fue una época en que las drogas y sustancias alucinógenas irrumpieron en las redes comerciales (Guerras del Opio) de un capitalismo en plena expansión  que prohijó el primer tratado de prohibición de estupefacientes  en el Convenio Internacional del Opio de La Haya  (1912). La Liga de las Naciones (antecesora de la ONU), actuó  ‘contra el flagelo de las drogas’ , y forzó la incorporación del cannabis que según Mohamed El Guindy , en  la Convención Internacional del Opio de 1925, era ‘tan peligrosa como el opio sino más’ capaz de producir síntomas de histeria e insanidad mental, principalmente por el consumo de hachís, la resina del cannabis. En EEUU, se aprobó la Ley Seca  (1920 a 1933)  seguida por una frenética  propaganda contra la marihuana: Harry J Aslinger apoyado por el empresario William J Herst , convirtió al cannabis ante los ojos del gran público en un verdadero peligro. Sus usuarios eran los negros, los hispanos, los músicos del jazz y los artistas. Bajo el influjo de la esta droga, las mujeres blancas buscaban sexo con hombres negros.

Sin demora, los países líderes en Europa fueron incorporando el cannabis a las leyes que prohibían el consumo y posesión del opio y heroína. Gran Bretaña y Holanda en 1928; Alemania, en 1929. En Panamá, La Estrella de Panamá , en la década de 1930 reflejó su demonización. Un artículo publicado el 13 de septiembre de 1935 ( prohibida en 1934), “Confeso de usar canyac penado con 2 años”, presentó al panameño de origen antillano Rupert Kumer, quien, tras reconocer el uso y posesión de canyac, fue enviado a la isla penal de Coiba por dos años. Artículos de esta tónica contribuyeron a cimentar la mala fama de la planta, hasta las décadas del ‘60 y ‘70 .Cuando la misma droga fue consumida bajo el más sofisticado nombre de ‘marihuana’ por estudiantes de las capas altas de la sociedad, familiarizados con la sustancia en las universidades estadounidenses, todavía el kenke apareció asociado con el bajo mundo y uno de los peores estigmas sociales era el de canyaccero.  

Progresivamente, la industria del cannabis fue instalándose hasta alcanzar un crecimiento sin precedentes, impulsada principalmente por cambios legislativos que despenalizaron el consumo y regularon la producción de derivados con fines terapéuticos, gracias a los avances científicos que demostraron su efectividad en un número cada vez mayor de enfermedades. La República de Panamá se integró a los países, más de treinta – según informes internacionales – que legalizaron el uso terapéutico de extractos de la planta de cannabis.  

“Por un día sin dolor”, fue la expresión contundente que alentó a la firma en el tercer debate del proyecto de Ley 153 que reconoce el estatus legal del uso del Cannabis con propiedades medicinales y terapéuticas, consolidando una lucha de 5 años que abanderaron pacientes crónicos y de familiares de este grupo de personas. El proyecto, que fue aprobado por 44 votos a favor y ninguno  en contra, es el resultado de discusiones y consensos donde participaron organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, el Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección de Farmacias y Droga, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio Público y sus Fiscalías, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Seguridad y otras instituciones.  

La iniciativa, abanderada por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cipriano Adames y el diputado y médico Marcos Castillero, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) oficialista, delega a las autoridades competentes velar por el mantenimiento de costos accesibles de los productos derivados de cannabis medicinal. Castillero, fue quien presentó el 31 de octubre de 2017, ante la Asamblea Nacional este proyecto de ley que tiene como objetivo “crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados”, según indica el preámbulo del citado proyecto.  

El texto regula también la importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y uso de las semillas para la siembra de la planta de cannabis, así como de derivados para fines médicos y científicos. El MINSA determinará la venta y distribución de los medicamentos de presentación oral, en capsulas o gotas sublinguales, en las farmacias avaladas para su venta, posterior a los estrictos controles sanitarios. En cuanto a la importación de derivados del cannabis medicinal a los licenciatarios, se determinó una vigencia de dos años a partir de la fecha de aprobación de la licencia y sólo podrá ser otorgada con el fin de suplir a los pacientes del Programa de uso de Cannabis y el mercado nacional por este periodo de tiempo. Y se prohibió, terminantemente, la comercialización de productos derivados de cannabis medicinal a domicilio o vía internet dentro del país. De acuerdo con el documento, quienes logren una de las siete licencias que otorgará el Ministerio de Salud para la fabricación y comercialización del cannabis medicinal en Panamá, solo podrán hacerlo de manera local, sin exportar el producto, según informó  La Estrella de Panamá. Los diputados han avalado, además, que se haga entrega de dos tipos de licencia: una para la comercialización y otra para investigación. Las de comercialización -se otorgarán siete- costarán U$S150.000. También autorizaría al Ministerio de Salud a crear el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados.  

La aprobación de la iniciativa en la Asamblea Nacional alivia y acerca la esperanza de mejor calidad de vida para muchos pacientes, dijo la directora ejecutiva de la Fundación Luces Panamá, Marie Millard. Muy especialmente los que padecen epilepsia y no logran mejorías a pesar de tomar dos y tres medicamentos diarios.  Se trata de casos donde el tratamiento anticonvulsivo es ineficaz- explicó Millard- como en el caso de los niños que sufren la llamada epilepsia refractaria, con crisis epilépticas muy frecuentes que inhiben la capacidad mental y motora. Una situación penosa que también complica las condiciones de sus familiares que sufren a su lado. El tratamiento con el cannabis medicinal es una terapia emergente también se extiende a otras patologías, según Millard, como la esclerosis múltiple, náuseas inducidas por las quimioterapias, además de paliar los dolores crónicos.  

La Dra. Sandra Carrillo, profesora de Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y Encargada del Programa Científico de Cannabis Medicinal sostuvo  que disponer de este tipo de medicamentos “pone fin al viacrucis de cientos de familias, que se convirtieron en contrabandistas para poder aliviar el sufrimiento de sus hijos”. Carrillo enfatizó que sólo en Panamá hay unas 50.000 personas con problemas de epilepsias y el 30% tienen epilepsia refractaria, que a partir de ahora tendrán un alivio.

Carlos Ossa, activista con esclerosis múltiple que viene luchando hace cuatro años por la ley de regulación del cannabis medicinal, declaró: “Es un gran logro. No es la ley perfecta ni ideal, pero vamos a tener acceso oportuno a un producto que es legal en cada vez más países, evitando que los pacientes tengan que seguir cometiendo ilegalidades por necesidad. No solo los pacientes la van a poder consumir, sino que los doctores podrán recetarla. Se podrán hacer estudios de investigación en Panamá”.  Y en referencia a que el Consejo Técnico de Cannabis tendrá a dos representantes de organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, Ossa agregó “Y logramos dos sillas para los pacientes y una para un investigador en el consejo técnico en el que participan el Minsa y otras instituciones públicas”. Otro logro que ponderó fue las modificaciones a la Ley 14 que “está dirigida a regular los opioides, y el cannabis no es un opioide”. 

En América Latina al menos ocho países, Uruguay, Paraguay, Ecuador, México, Colombia, Chile y Perú dieron luz verde al uso terapéutico. Panamá, a la espera de la sanción del Ejecutivo, se suma a este camino, de avance en el desarrollo científico, y de alivio, control y subordinación de los poderes del dolor.

 AGB