Rigi: ¿política de Estado o privilegios desmedidos para unos pocos?

En un trabajo reciente analizamos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que constituye uno de los pilares de la estrategia económica del actual gobierno argentino. Y ha sido presentado por el propio presidente Milei como una política de Estado orientada a atraer inversiones de gran escala. El análisis de su primer año de funcionamiento permite identificar una serie de tendencias que resultan relevantes para comprender su impacto sobre el perfil productivo, la inserción internacional y la dinámica de la inversión en el país. 

En primer lugar, el RIGI se caracteriza por la concesión de un amplio conjunto de beneficios a los grandes inversores, que abarcan dimensiones impositivas, aduaneras, cambiarias e institucionales. Entre estos incentivos se destacan la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, la amortización acelerada de inversiones, la devolución anticipada del IVA, la exención de derechos de exportación e importación, y la posibilidad de disponer libremente de las divisas generadas por exportaciones luego de determinados plazos. A ello se suma la garantía de estabilidad normativa por treinta años y la posibilidad de resolver eventuales controversias en tribunales internacionales. Este conjunto de incentivos configura un régimen de privilegios regulatorios que busca reducir riesgos y costos para los grandes capitales, pero que al mismo tiempo implica un marco excepcional dentro del sistema económico nacional. 

En fecha reciente el RIGI fue prorrogado hasta julio de 2027 y, entre otras modificaciones, se incorporó como posible beneficiario al sector de exploración y producción de hidrocarburos (upstream), lo que constituyó una suerte de “traje a medida” para intereses muy concretos.

Un segundo elemento central que surge del análisis es el tipo de proyectos aprobados. Hasta el momento se han autorizado diez iniciativas de inversión, la mayoría de las cuales se concentran en rubros vinculados a la explotación de recursos naturales o a la infraestructura destinada a su exportación. Entre ellos predominan proyectos relacionados con hidrocarburos, minería y energía, como el desarrollo de explotaciones de litio y cobre, la expansión de infraestructura para el transporte de petróleo desde Vaca Muerta, la instalación de plantas de licuefacción de gas natural y la construcción de parques de energía renovable. Si bien algunos proyectos industriales aparecen dentro del listado, su presencia es marginal en relación con los vinculados a actividades primarias o extractivas. Esta orientación sectorial sugiere que el régimen fortalece un patrón de especialización basado en la explotación de recursos naturales destinados principalmente a los mercados externos y ligados a capitales altamente transnacionalizados y financiarizados. 

En este sentido, una de las principales conclusiones del estudio es que el RIGI contribuye a profundizar el proceso de reprimarización de la economía argentina. La mayoría de las inversiones aprobadas se orienta directa o indirectamente a la exportación de materias primas, particularmente hidrocarburos y minerales estratégicos. Este sesgo se vincula con la estrategia gubernamental de incrementar la generación de divisas a partir de sectores que poseen ventajas comparativas naturales y alta demanda internacional, especialmente en el contexto de la llamada “transición energética”. Sin embargo, este enfoque también implica una menor prioridad para actividades manufactureras o tecnológicas con mayor capacidad de generación de valor agregado, innovación y empleo calificado. A ello hay que agregar que, dada la naturaleza de ciertas prebendas concedidas a los grandes inversores, el RIGI amplía las vías de salida de divisas por canales financieros (remisión de utilidades, pago de intereses por deudas intracorporativas) y comerciales (incremento de las importaciones, libre disponibilidad de divisas por ventas externas). 

Otro aspecto relevante del funcionamiento del régimen se vincula con el impacto sobre la estructura productiva y el tejido industrial local. Los datos disponibles indican que varios de los proyectos aprobados han recurrido de manera significativa a la importación de bienes de capital e insumos. Estas compras externas se concentran en un conjunto reducido de países, sobre todo de China y Corea del Sur, a los que siguen, con menor importancia, EE.UU., Tailandia y Vietnam. 

El predominio de las importaciones asociadas a estos proyectos se asocia lo que se llama “sustitución inversa”. Esto significa que bienes que podrían ser producidos por la industria local son reemplazados por equipamiento importado, favorecido por las ventajas aduaneras que establece el régimen. En el trabajo reflejamos cómo en la Argentina existe capacidad productiva para fabricar una parte importante de los bienes adquiridos en el exterior, como transformadores eléctricos, estructuras metálicas, intercambiadores de calor, bombas industriales o componentes para instalaciones energéticas. Sin embargo, el esquema de incentivos del RIGI reduce la competitividad de los proveedores locales frente a la importación directa. 

En términos de la dinámica de inversión, otra conclusión destacada es que un número considerable de los proyectos aprobados ya había sido anunciado o se encontraba en etapas preliminares de ejecución antes de la creación del régimen. Esto sugiere que el impacto del RIGI en la generación de nuevas inversiones podría ser mucho más limitado de lo que indica el discurso oficial. En varios casos, el régimen habría funcionado más como un mecanismo de mejora de las condiciones regulatorias para proyectos existentes que como un factor decisivo para la radicación de nuevas iniciativas productivas. 

En síntesis, el RIGI se inscribe en una estrategia de inserción internacional basada en la expansión de exportaciones primarias como mecanismo para obtener divisas y estabilizar la economía. Sin embargo, este enfoque presenta riesgos estructurales para el desarrollo del país. Por un lado, el fuerte peso de capitales transnacionales en los proyectos puede derivar en importantes salidas de divisas en el mediano plazo a través de la remisión de utilidades, el pago de intereses y la importación de insumos y equipos. Por otro lado, la escasa exigencia de encadenamientos productivos locales, transferencia tecnológica o generación de capacidades industriales limita el potencial del régimen para impulsar procesos de desarrollo económico más complejos. 

El balance preliminar del primer año de funcionamiento del RIGI sugiere que el régimen opera principalmente como un instrumento para estimular grandes proyectos orientados a la exportación de recursos naturales, otorgando amplias ventajas regulatorias a los inversores. Si bien esta estrategia podría contribuir a incrementar la disponibilidad de divisas en el corto plazo, también tiende a reforzar rasgos estructurales de la economía argentina asociados a la especialización primaria, la dependencia tecnológica y la fragilidad del sector manufacturero. Desde esta perspectiva, el RIGI constituye un dispositivo que profundizará el carácter subdesarrollado y periférico del capitalismo argentino.