Argentina denunció ante la ONU al Poder Judicial y pidió apoyo en el impulso de reformas judiciales

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Cort

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La República Argentina denunció hoy ante las Naciones Unidas la “pérdida de legitimidad del Poder Judicial”, a partir de la práctica del 'lawfare' o guerra jurídica, y pidió el “acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en el país.

Así fue expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral, en Ginebra, Suiza, por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, al presentar el Examen Periódico Universal, una instancia en la que cada nación repasa la implementación de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó en su exposición ante el organismo de las Naciones Unidas.

Las recomendaciones de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó este lunes a la Argentina que asegure la “plena independencia” del Poder Judicial y de los fiscales, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales“, afirmó en un tuit.

También le aconsejó que “prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza”, que “garantice el acceso a una educación de calidad para todos”, que “aborde las disparidades en el sistema de salud” y que “armonice su legislación sobre personas con discapacidad”.

Por último, le pidió que “continúe sus esfuerzos para combatir la violencia de género”, “proporcione representación legal gratuita para víctimas de violencia de género” y “asegure implementación del acceso al aborto legal, especialmente en zonas rurales”.

DA

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