El entuerto del Consejo de la Magistratura requiere una solución política que la política no quiere solucionar

La composición del Consejo de la Magistratura es el epicentro del nuevo terremoto político que sacude al Gobierno, ya de por sí con una gestión loteada y sus máximos exponentes enfrentados en la cúpula sobre qué hacer con la economía. Pero ahora el eje está en la Justicia, y parece ser una causa asumida como propia por el kirchnerismo–cristinismo en el Frente de Todos, relegando al albertismo a ser testigo involuntario y al massismo, otra vez, obligado a hacer equilibrio entre ambos.

Desde que comenzó este lunes, primer día hábil luego de que venciera el plazo impuesto por la Corte Suprema para que el Congreso vote una nueva composición en el organismo que designa y remueve a los jueces de todo el país, el kirchnerismo salió en cadena a copar los medios para denunciar lo que consideran “un golpe institucional”: el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumiendo al frente del Consejo. Sería una vuelta al pasado, ya que caída la ley vigente desde 2006, la composición volvería a los años noventa, cuando en el órgano había 20 miembros que eran encabezados por el presidente de la Corte.

El tuit de la noche de Pascuas de Cristina Kirchner dio luz verde para que esta mañana salieran a despotricar contra la Corte una infinidad de sus dirigentes más afines: su mano derecha, el senador Oscar Parrilli; la responsable de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. También salieron los legisladores Marcelo Casaretto y Gustavo Valdés, e incluso el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco. 

Ante un poder del Estado que se maneja solo a través de fallos escritos con un lenguaje poco legible para cualquiera persona de a pie, las declaraciones públicas parecieran ser más para la tribuna que para cambiar el humor de los jueces. Pero el kirchnerismo insiste en el talón de Aquiles de Rosatti: “Fue el mismo que Macri designó a dedo; que se auto votó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces”, señaló también vía Twitter el ministro Soria.

En medio de la tormenta de declaraciones políticas, Alberto Fernández se llamó al silencio y se enfocó en la visita de su par ecuatoriano, Guillermo Lasso. Pero sí instruyó a Germán Martínez –al frente del bloque oficialista en Diputados luego de la renuncia de Máximo Kirchner– para que salga pedir abiertamente que la Corte otorgue 90 días más de plazo para sacar la nueva ley, pero hasta el momento también fue una expresión más pública que formal. En el máximo tribunal ya habían anticipado que correr la fecha de un fallo era algo inédito. 

La espada legislativa del oficialismo se enfoca en hacer cálculos: la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley votada en 2006 a instancias de una iniciativa de Cristina Kirchner, que llegó al máximo tribunal el 22 de agosto de 2017 y recién tuvo fallo el 16 de diciembre pasado. Es decir, el máximo tribunal tuvo 1.577 días para analizar un fallo que determinó sólo 120 días para una nueva ley. Pero la crisis interna del Gobierno consumió más de tres meses, hasta que el Senado le dio media sanción a una nueva norma, otorgándole a Diputados apenas cuatro días hábiles para tratarla. 

Sin embargo, la iniciativa del kirchnerismo nació muerta. Primero porque no tiene número suficiente para darle sanción definitiva. Y segundo porque su proyecto no contempla que la Corte Suprema integre –y presida– el Consejo de la Magistratura–, algo inaceptable para todo el arco opositor, que es en definitiva quien pudiera darle quórum y los votos al FdT. 

Ante ese panorama, Sergio Massa le pidió una reunión para esta tarde al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para conocer su mirada y tiene pensado llamar a la convocatoria para crear la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar el tema. También tiene previsto citar a los presidentes de los distintos bloques, pero ningún teléfono sonó en Juntos por el Cambio. De hecho, este mediodía el radical Mario Negri y el macrista Cristian Ritondo podrían haberse encontrado con Massa en la Cámara baja, donde habrá una reunión con los gobernadores del Norte Grande, pero tampoco irán. 

“A mí no me invitaron a nada afortunadamente”, contestó con sorna un referente de la bancada opositora, que ve imposible que haya acuerdo parlamentario para avanzar. “No hay que ser ingenuo, ya pasaron las Pascuas”, comentó un habitué del Congreso.

Sin encuentro político, Negri tenía a la firma su pedido de per saltum para que la Corte se expida sobre el amparo firmado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que inhabilitó la designación de la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez en el Consejo como los miembros de la oposición que deben completar la nueva–vieja integración de 20.

Con el Frente de Todos solo criticando y pidiendo más tiempo a la Corte, y la oposición firmando un per saltum, los caminos vuelven a conducir a la Corte Suprema. Sin diálogo político que resuelva un conflicto político, no hay salida al laberinto.

MC