El fiscal acusó a Cristina como cabeza de una asociación ilícita y sostuvo que junto a Kirchner instaló “una de las matrices de corrupción más extraordinarias”

“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elisabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial  de la provincia de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”. Así comenzó el alegato del fiscal federal Diego Luciani en la primera audiencia de su exposición ante el Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio oral y público contra la vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez y otros once acusados de presunta asociación ilíicta y defraudación a la administración pública.

“Lo extraordinario -de la matriz descripta- radica en las características inusuales de la asociación: capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura; perpetuación en el tiempo con ausencia absoluta de control de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”, aseguró Luciani este lune spor la mañana en una audiencia virtual. Fernández de Kirchner escuchó la audicencia desde su despacho en la presidencia del Senado, ya que como el resto de los acusados, está obligada a presenciar el alegato de la acusación.

“La finalidad de esta asociación consistió en la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero, y para la cual se eligió el siguiente medio: se adjudicaron obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, y de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y de su esposa”, aseguró el fiscal en su introducción. “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”, dijo Luciani a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Bassi y Jorge Gorini.

El caso

Vialidad acumula más de tres años de audiencias, 600 horas de juicio y más de tres toneladas de documentación, afirmó una fuente directa del caso a este medio. 

La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos -como el exministro Julio De Vido- y el exsocio de su familia, Báez, por supuesta defraudación a la administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión- en la adjudicación de 51 obras viales a las empresas del patagónico en la provincia de Santa Cruz. Todos los acusados han negado siempre la comisión de delitos.

Estos delitos también implican inhabilitación para ejercer cargos públicos por lo que una condena eventual a Fernández de Kirchner le impediría, una vez firme, ocupar cargos públicos.

Luciani realizó una introducción de los argumentos que expondrá durante las próximas tres semanas y adelantó que podría incluso extender aún más. Se refirió también a “una inmensa cantidad de obras abandonadas e inconclusas” y a “beneficios escandalosos” al exsocio de los Kirchner.

Adelantó que durante su alegato expondrá las pruebas de una supuesta “manipulación de la contratación pública de Santa Cruz” que provocó un “grave daño a la economía del país y a la sociedad en su conjunto, pero en especial a los sectores más vulnerables” al implicar el desvío de recursos públicos que deberían haberse destina “para salud, educación, vivienda”.

El fiscal aseguró que los principios básicos de las contrataciones públicas fueron “arrasados por la asociación ilícita” que encabezaban los Kirchner. Entre esos principios, destacó el de “igualdad competencia efectiva para evitar favoritismo” en la adjudicación de obras públicas.

De la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y de su esposa.

“Las 51 licitaciones analizadas quebrantaron este principio. Se eliminó la competencia para que Lázaro Báez sea beneficiado con recursos públicos millonarios”, afirmó Lucianiy adelantó que la fiscalía profundizará este punto durante la audiencia del martes.

“Se profanaron las reglas y normas”, agregó, con “atropellos, irregularidades y abusos de poder”. Esta maniobra, dijo, fue “permanente” y se volvió “endémica durante doce años”. La maniobra, aseguró, se pergeñó “estratégicamente desde la cabeza del poder Ejecutivo”.

“Cada integrante de la asociación ilícita cumplió una función estratégicamente predeterminada”, afirmó el fiscal y “no se trató de prácticas aisladas, como nos quiere hacer creer la UIF”, organismo querellante que se abstuvo de acusar a los imputados durante el alegato de sus abogados.

Luciani aseguró que el caso Vialidad representa “la institucionalización de la corrupción que se instaló en determinados organismos”. Como resultado u objetivo, se le entregó un “beneficio económico inexplicable y obsceno Lázaro Báez”. Además, detalló que “se escogió intencionalmente la obra vial de Santa Cruz”, la provincia en la que los Kirchner podrían contar con lealtades indiscutibles y ausencia absoluta de control, alegó.

“Sólo tres de las 51 fueron terminadas y entregadas en tiempo y forma pero no eran viales: eran canteras, movimiento de suelo, obra simple”, afirmó el fiscal. “Sólo 27 de las 51 obras fueron culminadas, de las cuales, 24 sufrieron demoras severas con retrasos injustificados, encubiertos por la administración. Demoras que superan diez años aunque las obras debían hacerse en dos o tres años”.

Pero, además, afirmó, “24 obras fueron abandonadas, quedaron inconclusas con plazos y presupuestos aplicados en millones, lo que deja en evidencia la falta de capacidad técnica de las empresas de Lázaro Báez”.

“De esas 51 obras, sólo uno de los proyectos mantuvo el presupuesto asignado (una remediación de cantera). En el resto hubo amplios incrementos presupuestarios, debido a redeterminación de precios, extensión de plazos y modificación de obra”, agregó. Esto fue definido como “usos abusivos” de las excepciones habilitadas por el sistema al punto tal que Austral Construcciones acumuló “700 meses de prórrogas, lo que equivale a 63 años” de plazo extendido para finalizar las obras y “más de $1.500 millones en incrementos presupuestarios a través de un procedimiento utilizado de manera ilegal porque era excepcional y se realizó sistemáticamente sin realizar nuevamente licitación”.

Las 51 licitaciones analizadas quebrantaron este principio. Se eliminó la competencia para que Lázaro Báez sea beneficiado con recursos públicos millonarios.

También, aseguró, “se diseñaron recursos legales para alcanzar la finalidad de la maniobra y se le dio al plan algo inaudito: se creó un oferente. Crearon la empresa constructora y los recursos humanos incondicionales para contribuir a la maniobra”, en referencia a Austral Construcciones, la constructora de Báez que nació en 2003, en el contexto de la asunción de Kirchner en la Presidencia. “En 2003, Lázaro Báez aportaba a la AFIP como monotributista y era empleado bancario”, recordó.

Sobre las 51 obras viales bajo observación en el juicio, Luciani aseguró: “Hemos analizado todos y cada uno de los expedientes. Se acudió a una ficción, a una simulación de licitación pública. Los expedientes no sólo hablan, gritan”. “Estaban direccionadas y competían entre sí empresas del mismo Báez, lo que está vedado, señores jueces”, agregó. “En algunos casos, tres empresas manejadas por Báez competían juntos en las mismas licitaciones”.

También mencionó las licitaciones en las que las constructoras del exsocio de los Kirchner competían con la empresa de Carlos Wagner, “amigo de De Vido” -resaltó Luciani-, empresario dueño de Esuco y uno de los arrepentidos del caso de los cuadernos. Sus competidoras participaban de las licitaciones “a sabiendas de que iban a quedar descalificadas”, con el objetivo de participar en simular la legalidad del proceso administrativo.

“De las 51 obras viales, 17 licitaciones no pasaron por el Congreso, no tenían partidas presupuestarias asignadas. Hemos estudiado cada una de las planillas de presupuesto de estos doce años”, dijo el fiscal.

Luciani detallará durante las próximas audiencias, junto al fiscal adjunto Sergio Mola, “los pasos estratégicamente premeditados y orquestados desde que asumió Néstor Kirchner como presidente”. “Buscaban impunidad”, agregó. En este juicio se probó que Lázaro Báez, en las sombras, porque lo hicieron personas allegadas, logró en poco tiempo y con ayuda de la administración pública, apoderarse de empresas constructoras“, explicó el fiscal.

“Con (un capital social inicial de) $3.000, Lázaro Báez se convertiría en el principal contratista de obra pública de Santa Cruz y del país -dijo Luciani-. Entre 2007 y 2015, fue el principal contratista de obra vial del país”, sostuvo mientras exponía documentos públicos y análisis de datos oficiales. Ese resultado, alegó, sería “impensado si no hubiese sido por este pacto de corrupción”. “De un día para el otro, señores jueces, el Estado, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, le confió el 87% de la obra vial de Santa Cruz”.

Hemos analizado todos y cada uno de los expedientes. Se acudió a una ficción, a una simulación de licitación pública. Los expedientes no sólo hablan, gritan.

Críticas a la UIF

Luciani fue muy crítico con la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de activos que depende del Ejecutivo y que actúa como querellante en el juicio desde 2019, cuando todavía estaba bajo la administración de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, el organismo siguió como querellante pero en un rol pasivo. Fue el primero en exponer su alegato antes de la feria judicial de julio y sus abogados pidieron las absoluciones de los involucrados.

El fiscal sostuvo este lunes ante los jueces que el alegato de la UIF fue “temerario, poco serio y hasta carente de rigurosidad” y que sus representantes “valoraron la prueba superficialmente, tergiversaron de manera grosera el sentido y valor de la prueba”. “Los hechos no pueden explicarse como la conducta arbitraria de un grupo de funcionarios,

como sostuvo la UIF“, dijo Luciani, que sostuvo la acusación en torno a un plan orquestado desde la cúpula del ejecutivo entre 2003 y 2015. ”Al doctor (Leandro) Ventura no lo vi nunca en el juicio y al doctor (Alejandro) Irachet no lo escuché realizar una sola pregunta a los testigos“, dijo sobre los dos abogados que presentaron el alegato de la UIF.

Unas 24 obras fueron abandonadas, quedaron inconclusas con plazos y presupuestos aplicados en millones.

Veredicto

La sentencia condenatoria o absolutoria llegaría a finales de este año, según las estimaciones del tribunal. Lo que puede extender los plazos del juicio son las últimas palabras de los acusados y la posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias, informaron dos fuentes del juicio. 

En caso de que la vicepresidenta fuera condenada, para cuando el caso Vialidad tenga condenas firmes (confirmada por la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema), Fernández de Kirchner ya habrá cumplido los 70 años, que celebrará el próximo 19 de febrero. Podrá, a partir de entonces, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Si entonces tuviera fueros como senadora o diputada, la cámara que integre deberá decidir sobre su desafuero.

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