EL JUICIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

La fiscalía pedirá penas de prisión contra Cristina y abre una espiral de denuncias que alcanza a más figuras del poder

Cristina Kirchner repasa apuntes durante una de sus declaraciones ante los jueces del caso Memorándum con Irán, en julio de 2021. Desde ese mismo despacho, en el Senado, se conectó el lunes 5 para el inicio del alegato de la fiscalía en el juicio de Vialidad.

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Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitarán este lunes penas de cárcel y posibles decomisos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una supuesta asociación ilícita organizada para defraudar al Estado Nacional entre 2003 y 2015, según adelantaron durante la audiencia del viernes en el juicio oral y público. Durante el petitorio final de su alegato, también solicitarán penas y decomisos para los otros imputados y denunciarán a empresarios que aún no habían sido investigados como presuntos partícipes de la maniobra. 

El fiscal Luciani apuntó a Cristina como "jefa de la asociación ilícita" creada para sustraer fondos del Estado

El fiscal Luciani apuntó a Cristina como "jefa de la asociación ilícita" creada para sustraer fondos del Estado

Además, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta y quien no ha sido acusado en la causa Vialidad, fue señalado por los fiscales por haber dado supuestas órdenes y haber tomado decisiones que podrían ubicarlo como presunto partícipe de la organización delictiva. Esto podría abrir un nuevo capítulo judicial para él si los fiscales consideran que hay indicios suficientes para solicitar que se lo investigue. Durante el alegato, también hicieron hincapié en presuntos beneficios que el empresario Lázaro Báez habría recibido de autoridades del Banco Nación, como el expresidente de la entidad Juan Carlos Fábrega, sobre quien Luciani dijo que “se comportaba como (si fuera) contador” del exsocio de los Kirchner “a costas del erario” público.

Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada”.

El delito de asociación ilícita tiene una pena máxima de diez años de prisión y la figura de “jefa” implica agravantes que acercan a ese máximo impuesto por la ley. Las penas por el delito de defraudación a la Administración pública pueden alcanzar los seis años de prisión.

Al finalizar el alegato de la fiscalía, será el turno de las defensas para responder los argumentos de la acusación expuestos durante las últimas tres semanas. Cada abogado tendrá dos audiencias para defender a sus clientes. Los alegatos se extenderán por 36 audiencias más, unas diez semanas, por lo que se estima que finalizarán a mediados de noviembre. 

Uno de los primeros abogados que alegará frente al Tribunal Oral Federal número 2 es Juan Villanueva, defensor de Báez, supuesto beneficiario de la maniobra montada por la asociación ilícita: el direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz para desviar más de 8.000 millones de pesos del Tesoro Nacional hacia sus empresas, segun la acusación de los fiscales de instrucción, Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques. ¿Por qué razón? Porque según la fiscalía, “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y su grupo empresarial fue montado deliberadamente en 2003  como vehículo del delito, es decir, para captar los fondos desviados. Báez es sindicado como uno de los organizadores de la asociación ilícita.

Tras los alegatos, los acusados tendrán la posibilidad de dirigir sus últimas palabras ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Se espera un veredicto para diciembre.

Cristina

El juicio tiene trece imputados, acusados por los mismos delitos pero a quienes la fiscalía les adjudica, de acuerdo a sus supuestos roles en la asociación ilícita, distintos grados de responsabilidad. La mayoría de ellos son considerados “muertos políticos”, no forman parte  del gobierno de Alberto Fernández y ya nadie mueve fichas por ellos. Saben, también, que una condena en su contra no pesa lo mismo que una sentencia contra Fernández de Kirchner. “Es la única que importa”, dijo una de las defensas en los últimos días.

Una eventual pena de prisión en Vialidad sólo será efectiva una vez que la condena quede firme, generalmente por la Corte Suprema, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal.

Para cuando el caso Vialidad llegue a esas instancias, si Fernández de Kirchner llegara a ser condenada a una pena mayor a los tres años -una condena inferior sería excarcelable- ya habrá cumplido los 70 años, que celebrará el próximo 19 de febrero. Podrá, entonces, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Si aún mantuviera fueros como vicepresidenta, gozará de inmunidad de arresto y para ser detenida deberá ser sometida a juicio político. Si entonces tuviera fueros parlamentarios como senadora o diputada, la cámara que integre deberá decidir sobre su desafuero.

Luciani afirmó este viernes que “una estructura de la naturaleza descripta” no hubiese podido operar sin la aprobación de los expresidentes. La fiscalía dedicó varios tramos del alegato a desterrar la teoría de que los negocios con Báez era cuestiones manejadas por Néstor Kirchner y a las que Cristina Fernández era ajena. Por ejemplo, Luciani mostró registros de visitas de Báez a la Quinta de Olivos, reveló mensajes de texto y chats del teléfono de José López que acreditarían reuniones entre el empresario y la entonces presidenta, y que demostrarían que a finales de 2015 Fernández de Kirchner “coordinó el plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral para borrar todo rastro de la presunta maniobra.

Los fiscales también expusieron decretos y nombramientos que llevan la firma de la entonces presidenta para ubicar personas en el gobierno que identificaron como centrales en la ejecución de la maniobra a lo largo de los años.

Además, ahondaron en los estrechos vínculos entre Cristina, su familia y Báez, tanto comerciales como co-propiedad de inmuebles mientras el empresario era proveedor de obra pública, cobraba adelantos millonarios del Estado nacional pero abandonaba muchas de esas obras.

Los otros 

La fiscalía también pedirá penas y posibles decomisos para otros acusados de participar en la organización de la presunta asociación ilícita que buscó instaurar la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR en las últimas semanas. Se trata del empresario Lázaro Baéz; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti. Todos ellos, junto a los expresidentes Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner “instauraron una matriz de corrupción en la Administración pública”, dijo Luciani en la audiencia del viernes.

Luciani afirmó que desde 2003, “se montó un ministerio de Planificación (para ejecutar la maniobra) y se lo dotó de funcionarios de confianza que no cambiaron durante las dos presidencias de Fernández de Kirchner”.

Sus funciones eran “omitir los controles legalmente establecidos sin perjuicio de que sí se encargaron de controlar el éxito de la maniobra para la adjudicación de manera direccionada con mecanismos arbitrarios a una misma persona”: Báez.

Los otros ocho imputados en el juicio son funcionarios de menor rango que de acuerdo a la fiscalía participaron en la defraudación al Estado nacional al acatar y consentir las órdenes impartidas por los jefes y organizadores de la maniobra. Están acusados de presunta defraudación a la Administración pública. 

Son el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala; quienes se desempeñaban como directores general de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro; y Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, ex jefes de distrito de Vialidad Nacional.

Las obras

Estas son las características de esas obras viales que se reiteraron tanto en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta (2007-2015), de acuerdo con los fiscales:

  • No había competencia real entre los oferentes: las diferentes empresas de Báez competían entre sí, lo cual está explícitamente prohibido en la normativa. Por ejemplo, Austral Construcciones competía contra Kank & Costilla o Gotti Hermanos, adquiridas por Báez.
  • Uno de los patrones de las licitaciones es que no se publicitaban, como exige la normativa, en los diarios y medios de difusión habituales, para evitar que otras empresas se presentaran, afirmaron los fiscales. Incluso a veces se evitó anunciar el llamado a licitación en el principal diario de la provincia y sólo se publicó en los medios de la localidad donde se realizaría la obra. 
  • Uno de los puntos de los pliegos de bases y condiciones que colaboraron con el objetivo de evitar una abierta competencia entre las constructoras para obtener las mejores ofertas para el Estado provincial y nacional fue el veto a la participación de empresas que no fueran de Santa Cruz o que tuvieran al menos diez años de experiencia en obras en la provincia.
  • A medida que se capitalizaba con los fondos públicos de los contratos viales, Báez adquirió también otras empresas de la provincia con esos años de experiencia para convertirse rápidamente en un oferente múltiple. Además, utilizó los fondos obtenidos para su beneficio personal y a pesar de no terminar las obras comprometidas en los contratos, cobró adelantos millonarios y adquirió 293 inmuebles en el país y 972 automotores y maquinarias viales que quedaron abandonadas en 2016.
  • Existió una cartelización entre las empresas de Baéz y unas pocas constructoras que se prestaron a simular una competencia que no era real para “dar apariencia de legalidad” al proceso. Luciani contó que en 2016, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba a cargo del gobierno nacional, la administración de Cambiemos volvió a licitar un tramo de una obra de la ruta nacional número 3 que el Grupo Báez había dejado abandonado. Como el gobierno macrista no tenía un acuerdo con Báez, cambió esa exigencia de los pliegos: en vez de dos o tres constructoras, se presentaron 13 oferentes a la licitación.
  • Parte constante de la maniobra expuesta por los fiscales demostró, en base a los expedientes administrativos que expusieron, que cuando en las licitaciones se sumaba una tercera empresa para “simular” que las empresas de Báez tenían competencia en la provincia, este tercer oferente siempre quedaba sistemáticamente descalificada porque jamás se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”. 
  • Luciani denominó a esta empresa sistemáticamente descalificada como “acompañante de cortesía”. Ese rol lo cumplieron las constructoras Petersen (de la familia Eskenazi), Esuco (de Carlos Wagner).
  • Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada.
  • Los fiscales también demostraron, a través de los expedientes de las licitaciones, algunos de los beneficios que recibieron las empresas de Báez. Se ampliaron sistemáticamente los plazos de las obras adjudicadas al grupo, superando incluso en una década el tiempo establecido en los pliegos y contratos, y sin justificación aparente. Esta extensión de plazos generaba, además, redeterminación de precios de las obras, también, en detrimento del Estado.
  • Los funcionarios también firmaron circulares que cambiaban las condiciones de contratación a favor de las empresas de Báez y en detrimento del Estado una vez que ya estaba adjudicada la obra (aumento de presupuesto en millones de dólares; obras adicionales a la original que deberían haber licitado; ampliación de plazos). A veces, estas modificaciones se realizaban incluso inmediatamente después de la adjudicación de la obra original.
  • Los expedientes evidencian celeridad, apuro en llevar adelante la licitación y adjudicar las obras, sin cumplir con los controles previos y análisis de ofertas (por ejemplo, las comisiones de estudios y preadjudicación de las ofertas de las empresas se conformaban después de la adjudicación de la obra).
  • A pesar del apuro inicial por licitar y adjudicar las obras que terminaban en manos de Báez,  luego la ejecución de la obra se extendía en los plazos sistemáticamente, una vez adjudicada; o se decidía que la obra arrancara meses después, por la veda invernal; o que incluso se suspendiera tras la adjudicación, por ejemplo, para expropiar tierras.
  • Los fiscales aseguraron que reinó la ausencia de control durante la ejecución de obras. Sólo 27 de las 51 obras fueron culminadas, de las cuales 24 sufrieron demoras severas, que superan en casos los diez años, con retrasos injustificados, encubiertos por la Administración, afirmaron Luciani y Mola. Además, otras 24 obras fueron abandonadas, quedaron inconclusas con plazos y presupuestos aplicados en millones, a pesar de que las empresas cobraron los adelantos financieros.
  • Una de las razones por las cuales las obras no pudieron ser culminadas o se extendían los plazos tras la adjudicación fue que las empresas de Báez ganaban las licitaciones sin contar con la capacidad técnica que requerían las obras (cantidad de maquinarias, profesionales, mano de obra). La capacidad técnica es una de las exigencias centrales de los pliegos de bases y condiciones que deben evaluar los funcionarios antes de adjudicar la obra para garantizar que el Estado no deberá desembolsar dinero de más y la obra estará a tiempo para cumplir su función social. “De antemano, se sabía que no iba a cumplir”, explicó Luciani el viernes.

Habrá denuncias

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

ED

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