Macri insiste ante la Justicia con frenar la investigación oficial sobre el supuesto contrabando a Bolivia

El juez López Biscayart levantó la feria judicial para investigar el posible envío de armamento bélico a Bolivia durante el gobierno de Macri.

El expresidente Mauricio Macri apeló este martes la decisión del juez federal Javier López Biscayart, quien había rechazado el lunes un pedido de los abogados del exmandatario para suspender la investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el presunto contrabando de municiones a Bolivia, según informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente.

En la cartera a cargo de Sabrina Frederic, Gendarmería Nacional instruye un sumario administrativo para determinar las circunstancias en las que supuestamente se desviaron parte de los 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

El sumario administrativo o investigación interna es central en el avance de la causa judicial contra Macri; sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional imputados en el caso. A través de este sumario, el Ejecutivo nutre al expediente de pruebas oficiales sobre el supuesto contrabando, que la Justicia debe luego corroborar. 

Macri y sus abogados, con Pablo Lanusse a la cabeza, vienen planteando ante el juzgado que se frene con una orden judicial el avance de este sumario administrativo porque afectaría el derecho de defensa del expresidente. Macri y sus exfuncionarios sostienen que la causa es parte de una supuesta persecución política del gobierno de Alberto Fernández en su contra, según declaraciones públicas. elDiarioAR se comunicó con el defensor de Macri pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El juez rechazó este lunes el pedido de paralizar el expediente interno y respondió que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo. Macri apeló esa denegatoria y el magistrado López Biscayart deberá decidir si habilita a la defensa a acudir ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que sus superiores revisen su decisión contra Macri.

Seguridad presentó este lunes una primera parte del sumario administrativo -que avanza con velocidad- con las declaraciones de un grupo de gendarmes que participaron en el operativo de traslado del arsenal, confirmó una fuente judicial. También aportaron supuestas pruebas sobre la trazabilidad del armamento investigado.

En la investigación interna aún restan medidas, informó una fuente del caso a elDiarioAR, entre ellas, las declaraciones de cuatro de las exautoridades de Gendarmería pasados a disponibilidad que habrían tenido conocimiento del traslado del armamento y municiones del que se habrían contrabandeado una parte.

También deben declarar los miembros de la tripulación del Hércules c-130 que realizó el vuelo a Bolivia con el cargamento y agentes del Grupo Alacranes, una fuerza especial dentro de Gendarmería, que viajaban en el avión que realizó el traslado, como informó ayer este medio. 

Según Seguridad, en 2019, el gobierno de Macri envió armamento y municiones de Gendarmería para proteger la sede de la embajada argentina y realizar pruebas de entrenamiento de la fuerza en ese país. En el cargamento, se incluyeron 70 mil cartuchos antidisturbios que serían parte de una adquisición realizada por el ministerio de Bullrich en 2018 para los operativos de seguridad del G-20, que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018. 

Sin embargo, parte de esas municiones habrían terminado en manos de la Policía Boliviana, mientras se desarrollaban operativos de represión en el marco del derrocamiento de Evo Morales.

Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

Denuncia del Gobierno.

Entre las pruebas que incorporó a la causa el sumario interno hay fotografías y documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana, que se corresponde con el material presuntamente contrabandeado, según informó el ministerio de Seguridad. Lo que quedó en los depósitos son “26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol”. Todo fue fabricado por Fabricaciones Militares en Argentina y comercializado a Gendarmería en 2018, informó la cartera de Sabrina Frederic.

“Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó la cartera de Seguridad. 

“Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido”, sostiene un comunicado oficial de Seguridad sobre las pruebas presentadas este lunes en la Justicia.

El origen de la causa

El 12 de julio, el Gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, a los exministros Bullrich (Seguridad) y Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia; y a exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional por el supuesto contrabando de municiones que habrían sido destinadas ilegalmente a las fuerzas que apoyaban el golpe a Morales.

Fue luego de que el actual gobierno boliviano hiciera las primeras acusaciones, tras el hallazgo de una carta que reveló el envío presuntamente ilegal. 

ED

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