En medio de la polémica, el Gobierno apunta contra una trabajadora aeroportuaria por el video de Manuel Adorni
El Gobierno nacional aseguró haber identificado a la persona que filmó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes de abordar un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, en un episodio que generó fuerte incomodidad interna y abrió una serie de sospechas en la Casa Rosada.
Según la versión oficial, la autora del video sería Victoria Correa, una delegada sindical de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que cumple funciones en el Aeropuerto de San Fernando desde 2019. La identificación llegó tras dos semanas de especulaciones, cruces internos y versiones contradictorias sobre el origen de las imágenes.
El material, que muestra a Manuel Adorni junto a su familia en la pista, se viralizó días atrás y fue interpretado como un golpe al discurso de austeridad que promueve el oficialismo. La demora entre la grabación y su difusión alimentó las sospechas de una posible operación interna o filtración intencional.
En ese contexto, el propio funcionario había deslizado que el video debía haber sido registrado desde dentro de instalaciones oficiales, lo que encendió las alarmas dentro del Gobierno. “Tenemos un problema interno”, reconoció en su momento, en medio de un clima de creciente tensión.
Durante los días siguientes, circularon múltiples versiones sobre posibles responsables. Entre ellas, se mencionó al asesor presidencial Santiago Caputo, señalado por su influencia en áreas sensibles del Estado, aunque esa hipótesis fue rápidamente descartada por su entorno. También surgieron sospechas sobre la ministra Patricia Bullrich, debido a sus vínculos con fuerzas de seguridad, pero sin sustento concreto.
Finalmente, desde el Ejecutivo optaron por desestimar las teorías más complejas, incluyendo la posibilidad de espionaje interno. “Tienen que dejar de comer películas”, afirmó un funcionario de alto rango, al negar la capacidad del Estado para montar ese tipo de operaciones.
El foco se trasladó entonces a Victoria Correa, la trabajadora señalada por la Casa Rosada. Se trata de una delegada gremial con presencia en el aeropuerto desde hace varios años, donde representa a los trabajadores de Atepsa, el sindicato que nuclea a técnicos y empleados vinculados a la navegación aérea.
De acuerdo con fuentes oficiales, Correa habría sido identificada por sus propios compañeros, quienes aseguraron haberla visto registrando las imágenes en el momento en que Manuel Adorni se encontraba en la pista. Esa versión fue clave para orientar la investigación interna hacia su figura.
Además, desde el Gobierno intentaron vincularla con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), espacio referenciado por el diputado Nicolás del Caño. Sin embargo, desde ese sector rechazaron de plano la acusación y la calificaron como “ridícula”, al tiempo que interpretaron el señalamiento como una maniobra para desviar la atención del episodio.
Más allá de su eventual pertenencia política, en el Ejecutivo sostienen que el accionar de Correa podría implicar un incumplimiento de sus funciones laborales. “No está puesta para filmar a funcionarios”, indicaron fuentes oficiales, que adelantaron la posibilidad de iniciar un sumario administrativo.
Por el momento, no se confirmó la existencia de un delito penal en la filmación ni en su posterior difusión. Sin embargo, el caso dejó expuestas las tensiones internas dentro del Gobierno y la sensibilidad que generan episodios que contradicen el relato oficial.
El caso de los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este
El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante ese fin de semana tuvo un costo total superior a los 9.000 dólares, según informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba impulsadas en el marco de la investigación que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.
De acuerdo con esa información, el tramo de ida, realizado el 12 de febrero desde el aeropuerto de San Fernando, fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, perteneciente al periodista Marcelo Grandio —quien también viajó—, por un monto cercano a los 6,9 millones de pesos, equivalentes a unos 4.830 dólares.
En tanto, el regreso, efectuado el 17 de febrero desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, tuvo un costo algo menor y se contrató bajo otra modalidad, a nombre de un tercero. Ese tramo formó parte de un paquete prepago de 42.000 dólares por diez vuelos, lo que arroja un valor estimado de 4.200 dólares por viaje.
De este modo, el costo total del traslado aéreo del funcionario —entre la ida y la vuelta— rondó los 9.000 dólares, una cifra que contradice la versión que habían dado públicamente tanto Adorni como Grandio tras la difusión del episodio.
El viaje, que fue revelado el 11 de marzo por el mismo medio, incluyó a Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, dos familiares y el propio Grandio, conductor de programas en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei.
Con información de medios
JIB
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