Con la inclusión de las provincias, el proyecto de cannabis industrial se debatirá en el Senado la semana que viene

Adolfo Rodríguez Saá, titular de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, fue quien dirigió el debate.

El proyecto de ley que regula la producción industrial de los derivados del cannabis ya obtuvo dictamen de las tres comisiones del Senado a las que fue girada. Con algunos cambios, en los que se busca integrar a las provincias, que habían pedido más participación en las decisiones, avanza sin oposiciones de los bloques mayoritarios. Los que impulsan esta iniciativa en el Congreso esperan que la semana que viene pueda tener media sanción en esa Cámara para luego pasar a Diputados.

Hace una semana, cuando el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas inauguró las exposiciones ante los senadores, varios de los representantes, tanto de la oposición como del oficialismo, mostraron su inquietud por lo que podría suceder con las inversiones locales que ya están avanzadas produciendo cannabis medicinal en sus provincias, sobre todo de Jujuy y San Juan, pero también de San Luis, donde hay proyectos en marcha. “¿Qué pasará con quienes tenemos una agencia y ya estamos trabajando? Esta ley no debería perjudicarnos”, comentó la sanjuanina del Frente de Todos, Cristina López Valverde y preguntó si en el directorio de la agencia no debería haber representación de las provincias. Kulfas tomó nota de la preocupación. Por eso, el texto del dictamen dispone ahora la creación de un Consejo Federal que incluya a representantes provinciales. Desde su entorno explicaron que buscaron achicar diferencias porque necesitan un proyecto con mucho consenso. 

Con un nombre un poco más extendido, del Consejo Federal para el desarrollo de la industria del Cáñamo y Cannabis medicinal, de las provincias, de CABA y la Nación. El nuevo organismo se reunirá cada mes y, entre sus funciones, estará la de sugerir criterios de distribución y concesión de autorizaciones a nivel federal y pronunciarse en un informe sobre el otorgamiento de los permisos. El Consejo también deberá recomendar a la agencia de control, la ARICCAME, políticas para “un desarrollo armónico de la industria en cada región” y elaborar estudios y diagnósticos en relación a los problemas que surjan de la aplicación de la Ley. Ahora los senadores quieren que desde el Ejecutivo se comprometan a tomar en cuentas las sugerencias para que el Consejo no tenga solo una función declamativa. Por otro lado, se creará un Consejo Consultivo Honorario, que integrarán representantes de algunas agencias del Estado, del sector privado y de la sociedad civil, que marcará una agenda de trabajo sobre las cuestiones que se vayan identificando, pero sin carácter 

resolutorio.

Respecto de la producción del cáñamo, de manera más directa que en el anteproyecto presentado por el ministro Kulfas, en el texto del dictamen se le pide a la agencia de control que disponga “un régimen diferencial simplificado” para expedir las autorizaciones que tenga en cuenta las características específicas de este sector, muy diferente a la variante para uso medicinal. Esta redacción fue un pedido de distintos sectores que temían que la industria del cáñamo quedara atada a una discusión que le era ajena y que complicara el arranque de la producción. 

Otro de los cambios introducidos respecto del proyecto original impulsado por el Ejecutivo, está relacionado con el régimen de sanciones. Finalmente se estableció que los castigos por las infracciones que se comentan no serán trasladados al Ministerio Público Fiscal, como decía la versión anterior, sino que se resolverá en el marco de la nueva ley. Las multas irán desde los 8.500 pesos hasta los 25 millones.   

Las expectativas de que el proyecto consiga la media sanción la semana que viene son altas según sus impulsores. Por los contactos que hicieron con los distintos bloques, luego de las modificaciones no hay grandes resistencias a la iniciativa. Hasta el momento, solo el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck hizo pública su oposición. 

Este dictamen se consiguió luego de cuatro jornadas de debate en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Presupuesto y Hacienda y la de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde expuso una larga lista de científicos, médicos, ingenieros, científicos, abogados y activistas cannábicos. Muchos de ellos plantearon su apoyo al proyecto de ley y también pedidos para que cambiara la ley de drogas y así  terminar con las detenciones a consumidores y cultivadores.

La nueva norma busca establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, por el momento prohibidos por una ley de la última dictadura. 

También Kulfas explicó que el control de toda esta actividad la hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

Durante su exposición la semana pasada, Kulfas destacó que, por las posibilidades terapéuticas de la planta, el proyecto generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones.  

En este momento, según explicó, hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña de Gastón Morales, hijo del gobernador. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

AM

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