La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

Rafael Nahuel

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que conduce Horacio Pietragalla- se presentó como querellante en el expediente judicial que investiga el asesinato estatal de Rafael Nahuel. Este jueves 25 de febrero el organismo elevó la nota formal ante la Justicia Federal de Bariloche que lleva el expediente “Pintos, Fracisco Javier y otros s/homicidio” y que investiga las circunstancias y responsabilidades del homicidio del joven mapuche, ocurrido el 25 de noviembre de 2017.

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La presentación de Pietragalla implica un cambio de paradigma de la forma de abordaje del tema por parte del Estado, ya que su antecesor en el cargo durante la gestión de Cambiemos, Claudio Avruj, nunca impulsó una investigación ni se pronunció críticamente sobre el accionar de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina que ingresaron a la comunidad mapuche y provocaron el asesinato.

En caso que el Juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata, acepte la participación de la Secretaría de Derechos Humanos en el expediente, el organismo podrá solicitar medidas de prueba y el testimonio de nuevos testigos, así como en el futuro intentar apuntar a las responsabilidades materiales del hecho.

En la presentación firmada este 25 de febrero, Pietragalla repasa que “el 25 de noviembre del 2017, en Villa Mascardi, Rafael Nahuel recibió un disparo que le provocó su muerte, en el medio de una balacera de balas de plomo proveniente de miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, quienes se encontraban patrullando el lugar en el marco de una causa por usurpación”.

El grupo de los Albatros que subió a la comunidad Lafken Winkul Mapu y desató una persecución que incluyó entre 114 y 129 disparos con munición de plomo, estaba integrado por Sergio Damián García, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón, Sergio Guillermo Cavia y Francisco Javier Pintos”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche celebró la decisión del organismo que conduce Pietragalla, ya que el hecho de que el asesino sea un integrante de una fuerza de seguridad “exige el máximo esfuerzo estatal para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.

“Saludamos esta actitud de la Secretaría de Derechos Humanos que se ha sumado a las querellas de la familia de Rafael Nahuel y a la de la APDH lo que permitirá coordinar las tareas, para lograr la condena ejemplar en la causa de los asesinos evitando que la misma quede impune”, señaló el organismo desde Bariloche.

Pericias contradictorias

El viernes 19 de febrero pasado finalizó la tercera pericia balística que confirmó que el proyectil que mató al joven mapuche salió del arma -una pistola Beretta, 9 mm, modelo 92, número de serie 05-P83332Z- que portaba el Cabo Primero Sergio Cavia.

El segundo punto de la pericia -solicitado por la Fiscalía Federal de Bariloche que interviene en el expediente- apuntaba a la comparación de proyectiles testigos, para determinar, en definitiva, si los analizados en la primera y la tercera pericia surgieron de las armas secuestradas oportunamente a los integrantes del grupo Albatros.

En ambos puntos, los peritos que participaron del estudio realizado en una dependencia del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta concluyeron que el arma de la que salió el disparo mortal es la de Cavia y que el estudio se realizó sobre los mismos proyectiles analizados en la primera pericia.

Con este dato, los abogados querellantes -tanto de la representación de la familia de Nahuel como de la APDH Bariloche- avanzarían en los próximos días con el pedido de procesamiento de ese uniformado y con los pasos necesarios para la elevación a juicio y el cierre de la etapa de instrucción, tres años y tres meses después del asesinato.

Sin embargo, las diferencias entre la primera y la tercera pericia abren posibilidades a nuevas dilaciones y suman argumentos a favor de la defensa de los Albatros más comprometidos.

La primera de las pericias -la única realizada de forma directa entre la autopsia del cuerpo de Nahuel y la comparación de proyectiles- había determinado de manera indubitable que la bala que mató al joven provino del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos (por ese motivo el expediente está caratulado como “Pintos, Fracisco Javier y otros s/homicidio”).

Estratégicamente, a ese primer estudio no concurrieron peritos de la Prefectura ni los designados por los Albatros. Reclamaron luego una segunda pericia, que el Juez por entonces subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, consintió que realiza Gendarmería Nacional, otra fuerza de seguridad que, al igual que la Prefectura, se encontraba bajo el mando de la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Durante la pericia de Gendarmería no se permitió la participación del reconocido perito Roberto Nigris, jefe del equipo que realizó la primera pericia; no fueron convocados los peritos de las querellas; y además, según pudo reconstruir ElDiarioAr, la pericia aparece firmada por Jorge Norberto Delgado, Jefe de Criminalística de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad que era investigada.

Ese informe echó dudas sobre el resultado de la primera pericia al no poder confirmar la procedencia del proyectil del arma de Pintos.

Así, se convocó a una tercera pericia que se realizó en una dependencia técnica del Ministerio Público de la Provincia de Salta. Antes de que se concrete, el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel se “traspapeló” durante varios días, y el envío desde el Juzgado Federal de Bariloche quedó enmarcado en un escándalo.

A pesar que en Salta se realizó una comparación con los proyectiles testigo logrados durante la primer pericia, el grupo de profesionales que participó no fue convocado. El mencionado Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufalini no fueron llamados para brindar su aporte. Se trata del mismo grupo de peritos que participó de la inspección ocular de principios de diciembre de 2017 en la comunidad mapuche, y cuyo aporte permitió determinar que no existió un enfrentamiento armado, tal como construyó el relato del Gobierno macrista y los medios colaborativos.

El resultado de esta tercera pericia que apuntala responsabilidades del Cabo Cavia fue incorporada al expediente en las últimas horas, confirmaron fuentes judiciales.

SR

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