La segunda Marcha Antifascista vuelve a la calles a denunciar los ataques contra la diversidad del gobierno de Milei
El 30 de enero pasado, la drag queen La Barby fue atacada con una botella a la salida de Radio Pop por un hombre que la insultó por su orientación sexual. El 24, tras dos semanas desaparecida en Salta, la mujer trans Marlen Villarrubia denunció que fue secuestrada y golpeada por policías. En noviembre, en Córdoba, murió Samuel Tobares, de 34 años, luego de que policías lo agredieran (“puto de mierda”) y lo golpearan como “una bolsa de boxeo”.
El 12 de octubre de 2025, en El Rosedal de Palermo, un joven de 24 años sufrió una fractura de mandíbula por parte de un agresor que dijo: “Dejámelo a mí que siempre quise pegarle a uno de estos”. Un mes antes, clausuraron un cine de Ciudadela frecuentado por la comunidad LGBT y detuvieron a tres personas; aunque la entonces ministra Patricia Bullrich habló de una red de trata, la Justicia no encontró pruebas y organizaciones denunciaron persecución y violencia institucional.
Desde mayo de 2024, cuando un hombre arrojó una bomba molotov contra una habitación ocupada por cuatro mujeres lesbianas en Barracas, provocando un incendio que mató a tres de ellas, los ataques de odio por la orientación sexual se han incrementado hasta la fecha. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre enero y junio del 2025 hubo 102 ataques, un 70% más con respecto al 2024 (60 casos). Si bien aún no están los datos del segundo semestre, los entrevistados por este medio coinciden en que los ataques de odio no han mermado.
En este marco se desarrollará hoy, a partir de las 17, la Segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGTBIQNB+, con una movilización desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo y actividades simultáneas en provincias como Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Salta, Río Negro, Corrientes, Formosa, Chaco, Córdoba, Misiones, Santa Fe y Mendoza.
La protesta se inscribe en la continuidad de la movilización realizada el año pasado tras las declaraciones de Javier Milei en el Foro de Davos (“La ideología de género en su versión extrema constituye abuso infantil, son pedófilos”, fue su frase más resonante), pero la manifestación abarca más que la defensa a los derechos de la comunidad. Tendrá como consignas el rechazo a reformas laborales y penales, la oposición a la baja de la edad de imputabilidad, cuestionamientos a cambios en la Ley de Glaciares y el pedido de derogación de los decretos 61 y 62/2025 y del DNU 366/25, que modifica la ley migratoria.
Violencia y discursos
Gabriela Mitidieri, integrante de la Asamblea y del proyecto RADAR, que registra ataques de grupos de derecha, señaló que la movilización responde a un proceso que identifican desde 2023. “A cada discurso público que habilita cierto tipo de violencia le siguen efectos a nivel social: se legitima que la gente descargue agresiones sobre determinadas identidades”, explicó.
Según indicó, desde diciembre de ese año los blancos más frecuentes de ataques reportados han sido el colectivo LGBT y los sitios de memoria. RADAR funciona como una herramienta de denuncia espontánea, por lo que los registros dependen de los reportes recibidos.
El relevamiento incluye episodios como la muerte de Sofía Fernández, una mujer trans quien fue encontrada muerta en una comisaría; el incendio de un conventillo donde vivían parejas lesbianas en Barracas; y denuncias de violencia policial contra una mujer trans en Salta. Mitidieri también advirtió sobre faltantes de hormonización y medicación para VIH en distintos puntos del país.
Para la activista, la convocatoria busca mostrar “una coalición amplia” que articula agendas de derechos humanos, feministas y antirracistas.
Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, advirtió que “hoy vemos un Gobierno que promueve la violencia desde el debate público”, y agregó que el Estado “no muestra voluntad de intervenir para prevenirla”.
Paulón también cuestionó medidas que, según su lectura, restringen el acceso a la salud para menores travesti-trans y advirtió que podrían afectar el derecho a la identidad. A su vez, vinculó la convocatoria con recortes que -dijo- impactan en distintos sectores sociales y explican la adhesión de colectivos sindicales, ambientales y de discapacidad.
Operativos y condiciones de vida
Desde el sindicato de trabajadoras sexuales AMMAR, su secretaria general Georgina Orellano describió un incremento de operativos policiales en zonas como Constitución, Once, Flores y Palermo. “Hay maltrato verbal y físico, robo de pertenencias y detenciones arbitrarias”, afirmó.
Según detalló, también se labran actas contravencionales que, en la práctica, impiden trabajar durante varios días y afectan la subsistencia. El gremio registra además desalojos en hoteles donde vivían trabajadoras con subsidios habitacionales y un aumento de enfermedades como sífilis y tuberculosis.
“El control punitivo recae sobre trabajadoras sexuales, migrantes, población travesti-trans y personas en situación de calle”, señaló Orellano, quien también advirtió que estos discursos encuentran mayor legitimidad social.
Una agenda más amplia
La periodista y activista Marta Dillon, integrante de la columna Mostri, consideró que la movilización anterior “contribuyó a frenar iniciativas como la eliminación de la paridad en el Congreso y el cupo laboral trans”, pero sostuvo que luego avanzaron medidas que afectan especialmente a personas trans.
“Hoy necesitamos fortalecernos frente a una agenda que incluye reformas laborales y penales, el avance punitivo y la criminalización social”, planteó. Según Dillon, el objetivo es construir un frente social y sostener redes comunitarias.
En la misma línea, Nina Rodríguez Torrez, del colectivo YoNoFui, describió un escenario de “atomización social” en el que muchas personas están concentradas en su propia supervivencia. “Creemos imprescindible sostener la movilización y recuperar una dimensión colectiva de la política”, señaló.
La militante agregó que no esperan cambios en la respuesta oficial y mencionó operativos policiales “desproporcionados” en movilizaciones recientes. También reclamó mayor unidad de la dirigencia opositora.
Coalición transversal
Mitidieri destacó que la convocatoria reúne a sectores sindicales que “rara vez coinciden”, como las dos CTA y la CGT, además de partidos políticos y organizaciones sociales. Para los organizadores, la marcha buscará expresar ese entramado en las calles.
Paulón, por su parte, consideró que la reacción social frente a los discursos oficiales muestra que “debe haber lugar para todas las personas” y advirtió que el desafío será sostener consensos democráticos en un contexto de debates sobre derechos.
LN/MG
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