Kast busca flexibilizar la jornada de 40 horas en Chile y suma otro capítulo a una reforma laboral inspirada en Milei
El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast abrirá esta semana una nueva disputa sobre el mercado laboral. Después de impulsar una reforma económica basada en la reducción de impuestos a las empresas y en incentivos para atraer inversiones, el oficialismo presentará ahora un proyecto para modificar la forma en que se calcula la jornada laboral de 40 horas semanales, una de las principales leyes aprobadas durante la gestión de Gabriel Boric.
La iniciativa fue anunciada por el ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien aclaró que el Ejecutivo no pretende eliminar el límite de 40 horas semanales, sino ampliar el período utilizado para promediar esa jornada. El cambio permitiría que trabajadores de actividades estacionales, como la agricultura o el turismo, puedan cumplir semanas de hasta 52 horas durante los momentos de mayor demanda y compensarlas posteriormente con jornadas más reducidas.
Actualmente, la legislación chilena permite promediar las 40 horas en ciclos de apenas cuatro semanas. El Gobierno considera que ese plazo es excesivamente rígido y propone extenderlo a un promedio anual, siguiendo modelos aplicados en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Ejecutivo, el objetivo es ofrecer mayor flexibilidad a empresas y trabajadores sin modificar el límite anual de horas trabajadas y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la informalidad laboral.
La propuesta, sin embargo, provocó un inmediato rechazo de dirigentes del anterior gobierno de Boric. La exministra de Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara advirtió que el cambio permitiría semanas laborales de hasta 52 horas y vaciaría de contenido la reforma aprobada en 2023, que redujo gradualmente la jornada de 45 a 40 horas semanales. La exvocera Camila Vallejo planteó una objeción similar y cuestionó que una persona pueda mantener una buena calidad de vida trabajando más de diez horas diarias durante varios días consecutivos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también alertó sobre el riesgo de precarización del empleo.
La ley de 40 horas fue presentada por Boric como una reforma “histórica” destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fue aprobada con el respaldo de la mayoría del Congreso chileno. El Partido Republicano, fundado por Kast, fue una de las pocas fuerzas políticas que votó en contra durante su tratamiento parlamentario.
Un nuevo capítulo de la agenda proempresa
La discusión sobre la jornada laboral no aparece aislada. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Kast desde su llegada a la Presidencia, orientada a mejorar las condiciones para la inversión privada y flexibilizar distintos aspectos del mercado de trabajo.
Hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó la mayor parte del Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que contempla una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, beneficios tributarios para grandes inversiones, incentivos para la repatriación de capitales y otras medidas destinadas a estimular la actividad económica. El proyecto continúa ahora su trámite en el Senado.
Aquella iniciativa ya incluía varios puntos vinculados al mercado laboral, entre ellos contratos por hora, modificaciones en las modalidades de contratación y mayores márgenes de flexibilidad para las empresas. La propuesta conocida esta semana sobre la jornada laboral aparece, así, como una continuidad de esa agenda de reformas.
El antecedente argentino
El debate chileno encuentra un espejo cercano en la Argentina. Tanto Kast como Javier Milei sostienen que reducir costos para las empresas, flexibilizar regulaciones e incentivar la inversión privada puede traducirse en una mayor creación de empleo formal.
En la Argentina, el Congreso aprobó este año la Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei, que amplió el alcance de la reforma iniciada con la Ley Bases. La norma introdujo cambios en el régimen de indemnizaciones, la organización de la jornada de trabajo, las modalidades de contratación, la negociación colectiva y las relaciones sindicales, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, facilitar la contratación y promover la formalización del empleo. Posteriormente, el Gobierno reglamentó varios de sus aspectos mediante decretos, completando buena parte del programa de flexibilización laboral que había anunciado al asumir. Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento no muestran una recuperación del empleo registrado que permita confirmar esa hipótesis. Según el Indec, la desocupación aumentó durante 2025, mientras distintos estudios registraron una caída del empleo asalariado privado y un crecimiento del monotributo como forma de inserción laboral.
Ese antecedente atraviesa ahora la discusión chilena. Mientras el Gobierno de Kast sostiene que una mayor flexibilidad permitirá adaptarse mejor a las necesidades productivas y generar empleo, la oposición replica que reducir derechos laborales o ampliar los márgenes de organización del tiempo de trabajo no garantiza, por sí solo, una mayor contratación si la economía no crea nuevos puestos de trabajo.
El proyecto comenzará su discusión legislativa en los próximos días, en un Congreso donde el oficialismo deberá volver a buscar acuerdos para sacar adelante una de las reformas laborales más sensibles desde la aprobación de la ley de 40 horas.
JJD
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