El blanqueo de Milei, mucho más generoso con los evasores que el de Macri en 2016

El proyecto de ley omnibus denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” presentado por el gobierno de Javier Milei incluye, entre otras cosas, un proyecto de blanqueo de capitales y activos con un fuerte incentivo para aquellos que posean hasta US$100.000 sin declarar.

El blanqueo, que aplica por igual a los residentes locales y extranjeros al 31 de diciembre de este año, permite la posibilidad de regularizar dinero en efectivo, inmuebles, criptomonedas u otros activos financieros por un valor equivalente menor a US$100.000 sin pagar impuestos por dicha operación.

A su vez, el documento dice que los sujetos tienen tiempo hasta el 30 de noviembre del 2024 para presentar las declaraciones juradas de los bienes a regularizar. En este sentido, el blanqueo cuenta con un esquema de etapas. En la etapa 1 -con fecha límite el 31 de mayo-, para montos superiores a US$100.000 se aplica una alícuota del 5% por el excedente, mientras que en la etapa 2 –fecha límite 31 de agosto–, la alícuota alcanza el 10% y en la etapa 3 –finaliza el 30 de noviembre–, dicha tasa llega al 15%.

El llamado impuesto especial de regularización será calculado en dólares “de manera excepcional”, tomando el tipo de cambio que surge del Contado con Liquidación (CCL) y/o hasta un 30% por encima del valor del dólar oficial.

El mecanismo para efectivizar el blanco comienza con la manifestación de adhesión por parte de la persona, su posterior declaración jurada y, finalmente, la apertura de una cuenta especial de regularización de activos en un banco comercial, en la cual, el dinero debe permanecer, al menos 120 días. Caso contrario, además de las alícuotas se aplicarán retenciones que van desde el 8,75% al 26,25% en función de la etapa en la cual se haya presentado la declaración jurada.

Sin embargo, existe un mecanismo para que, la persona que blanquee cualquier monto pague cero de impuestos. En este sentido, si el dinero permanece en la cuenta especial de regularización de activos hasta el 1 de enero de 2026, queda eximido del pago del impuesto correspondiente al blanqueo.

El hecho de que los fondos queden depositados en la cuenta especial no significa que no puedan invertirse en diversos instrumentos financieros. El Poder Ejecutivo definirá cuales son las opciones disponibles a la hora de invertir este dinero.

¿Qué diferencias tiene este blanqueo respecto de los anteriores?

Una de las principales diferencias respecto del último blanqueo encarado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 radica en el monto mínimo para no incurrir en costos impositivos. En ese momento, la franquicia se había establecido en US$20.000 mientras que en el actual ese monto alcanza los US$100.000.

Juan Valerdi, economista y docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, aseguró que “el blanqueo planteado por Milei en su proyecto de ley ómnibus, en principio, es muy barato ya que normalmente el piso absoluto en términos de pago de impuestos comienza en 10% y se estabiliza en torno al 15% o 20%. Otra particularidad es que hace mucho hincapié en que quienes hicieron una mudanza fiscal a otros países, como Marcos Galperin -fundador de MercadoLibre-, y vuelvan a fijar residencia en Argentina, pueden ingresar al blanqueo por impuestos o deudas relacionadas con el pasado”.

“Otro rasgo distintivo de este blanqueo es un guiño a la clase media o media alta que tiene pocos miles de dólares para blanquear con una tasa del 0% hasta US$ 100.000. Si bien este valor no tiene relevancia económica, si muchas miles de personas se deciden a blanquear estos montos podrán comprar departamentos o distintos instrumentos financieros tentados por esta tasa. Sin embargo, lo que juega en contra de esa tentación es que, a partir del blanqueo, tendrán que pagar impuestos sobre los bienes que compren”, agregó Valerdi.

Por último “tiene lo usual que es muy nocivo para quienes cumplen con los impuestos porque si hay un blanqueo por gobierno y cada vez son más generosos, es raro que las grandes empresas sigan pagando impuestos”, concluyó.

Consultado sobre el tema, César Litvin, socio CEO de Lisicki, Litvin y asociados expresó que “esencialmente, para que un blanqueo tenga éxito se deben cumplir dos condiciones importantes: en primer lugar, la confianza y la seguridad jurídica son elementos fundamentales. En este aspecto, el nuevo gobierno parecería gozar de mayor confianza en el mundo de los negocios en comparación con el gobierno saliente. En segunda instancia, es muy importante que baje bienes personales porque las alícuotas actuales llegan a niveles exorbitantes para bienes en el exterior, lo cual lo torna confiscatorio. En este punto, el proyecto viene acompañado con una rebaja gradual de bienes personales, lo cual lo hace atractivo.”

“Otro aspecto interesante es que tiene alícuotas atractivas ya que hasta US$100.000 la tasa es 0, y superando ese monto, dicha alícuota pasa a ser el 5% en la primera etapa y después va subiendo. Comparado con el blanqueo impulsado por Juntos por el Cambio en 2016, en el cual las alícuotas rondaban entre el 10% y 15%, parece más atractivo. También este blanqueo otorga diversas opciones para reducir la carga de este impuesto dependiendo del tiempo inmovilizado en la cuenta especial”, continuó Litvin.

“Por último, hay un condimento esencial para el éxito y es que, hace un año, se firmó un intercambio de información automático entre Estados Unidos y Argentina. La vigencia de ese acuerdo tiene vigencia desde el 1 de enero de 2023 y el primer reporte llegaría en septiembre del 2024. En este caso, el blanqueo es una oportunidad para regularizar sin tener que asumir las consecuencias de tener cuentas no declaradas en Estados Unidos”, finalizó.

También, según reza el artículo 161 del proyecto “quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges, los ascendientes y los descendientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 160” a diferencia de lo que establecía el proyecto de ley enviado por el gobierno del ex presidente Macri.

IC/MG