El Gobierno oficializa la reforma societaria que habilita que haya empresas manejadas por algoritmos, sin personas
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el envío al Senado de un proyecto de Ley General de Sociedades que habilita la existencia legal de empresas que operan exclusivamente mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin empleados ni gerentes humanos. Se trata de la reforma más profunda al derecho societario argentino desde 1972, cuando la dictadura de Lanusse sancionó la Ley 19.550 que aún rige.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo había anunciado el viernes pasado. “Nos movemos de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, escribió. El proyecto no llega en un momento fácil. Patricia Bullrich ya tiene una agenda legislativa cargada para gestionar con un próximo objetivo polémico: el jueves buscará darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también impulsa “el Coloso” y que desregula la venta de tierras a extranjeros.
Además de los cambios vinculado a la tecnología, la reforma tiene un alcance amplio: los estatutos societarios pasan a ser la norma primaria y la ley opera como supletoria; el objeto social puede ser genérico; se eliminan trabas registrales; se incorporan instrumentos de inversión convertibles para startups; y se habilita la digitalización plena —constitución por firma electrónica, asambleas remotas, legajo digital público—. También se simplifica la absorción entre empresas del mismo grupo y los mandatos de directores pasan a ser por tiempo indeterminado por defecto. Las sociedades podrán, además, “someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional”.
Empresas sin personas
El articulado más inédito del proyecto de ley define la Sociedad Automatizada como aquella que “desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”. La sociedad responde con su patrimonio por los daños que causen esos sistemas. En términos concretos: un algoritmo que ofrece un servicio o producto de forma autónoma puede constituirse como empresa, negociar con terceros y limitar su responsabilidad al patrimonio societario. Un robot con personería jurídica.
Un funcionario cercano al ministro de Desregulación lo justificó así: “Hoy el auge de la inteligencia artificial es indudable, y queremos que nuevos desarrollos elijan Argentina para constituirse”. Y puso un ejemplo: “Si creo un algoritmo para que escriba notas periodísticas, un medio de comunicación lo puede contratar como empresa para hacer esa tarea. Y esta empresa, que es un robot, no tiene personas, alguien lo desarrolló pero ahora ya funciona de manera automatizada, desarrolla su actividad comercial y es responsable por el daño que eventualmente produzca, con el patrimonio de la empresa”.
Según el funcionario, la Argentina sería “pionera” en el mundo si adopta esta ley a nivel nacional. Ya hay leyes de sociedades automatizadas en Estados Unidos, pero a nivel estadual en Wyoming -considerado uno de los principales paraísos fiscales internos de Estados Unidos debido a que no cobra impuestos estatales sobre la renta, no grava los ingresos corporativos y permite un alto nivel de privacidad y secreto financiero para empresas extranjeras- y Vermont. En la Unión Europea, explicó el funcionario consultado, hay un proceso de consulta al respecto, aunque no hay reconocimiento de personalidad jurídica aún. También existe el modelo de sociedad automatizada en Islas Marshall, que posee un sistema de exención total de impuestos para corporaciones no residentes (empresas offshore).
El segundo tipo novedoso en el proyecto de ley son las DAO —Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas—, estructuras gobernadas por código en una blockchain, donde las participaciones son tokens y las decisiones se toman por protocolo tecnológico, sin que ninguna persona humana tenga que firmar nada. El proyecto les otorga personería jurídica plena y responsabilidad limitada. Sturzenegger compara la apuesta con el caso irlandés, que atrajo empresas de propiedad intelectual con un régimen fiscal y legal conveniente. “Esta ley, pensamos, lo lograría” para empresas de IA, escribió.
En el Gobierno negaron tajantemente que la iniciativa esté vinculada al desembarco del tecnofascista Peter Thiel y su empresa Palantir, o empresas tecnológicas similares, que se basa en la gestión masiva de datos personales y el uso de IA para la seguridad y defensa en los Estados.
“Le veo méritos a la idea y me resultan convincentes los argumentos del Presidente y del ministro de que esos desarrollos, que hoy eligen otras jurisdicciones para constituirse, lo hagan acá. Lo haga luego Peter Thiel o cualquier otro. Ojalá muchos”, planteó.
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