Otro escándalo de sobornos en Brasil desafía al proyecto de reelección de Bolsonaro

Jair Bolsonaro tiene preparado su principal eslogan de campaña: “Con mi gobierno se acabó la corrupción en Brasil”. Fueron precisamente esas consignas anti sobornos las que pronunció el viernes último en una manifestación donde lo siguieron 4.000 motos por San Pablo. No tuvo reparos en calumniar al rival, el ex presidente Lula da Silva. De él dijo: “¿Imaginen si en mi lugar estuviera ese ladrón petista?”.

Esas acciones le sirvieron para ganar las elecciones en 2018. Pero los tiempos cambian y la realidad de hoy es diferente a la de cuatro años atrás. La frecuencia de hechos delictivos, denunciados desde comienzos de año, desmienten la afirmación de honradez del actual gobierno brasileño. Estos días un escándalo de ingentes proporciones hace temblar las columnas del Palacio del Planalto. Se descubrió una mafia instalada en el Ministerio de Educación, que pedía coimas a cambio de acelerar el envío de partidas presupuestarias obligatorias.

En la cúpula deshonesta de esa cartera figuraba, como es obvio, el ahora ex ministro del área Milton Ribeiro. Pero a su lado, y debidamente protegido, funcionaba “un mostrador de negocios”, como describen los medios brasileños. En ese “bufete” atendían dos pastores evangélicos sin puestos oficiales, y sin embargo tenían la misión de “administrar” los recursos para financiar el área educacional de provincias y municipios. A cambio, los destinatarios debían pagar el debido “peaje”.

El diario O Globo fue el primero en revelar los nombres de los infractores: Gilmar Santos e Arilton Moura. La prensa, y el propio Congreso, pudieron establecer que estaban en ese “puesto” por orden directa de Bolsonaro. Ambos administraban la totalidad de las partidas presupuestarias, que luego serían transferidas a los “beneficiarios” previo pacto de las coimas. El intendente de una ciudad de Maranhao, Gilberto Braga, relató que el pastor Moura le había pedido 1 kilogramo de oro para acelerar la transferencia de dinero hacia el municipio. En la esa negociación entre ese alcalde y el religioso también estuvo presente el entonces ministro Ribeiro, lo que sellaría su despido inmediato el 28 de marzo. La Comisión de Educación del Senado pudo escuchar la confesión de autoridades de tres alcaldías, que confirmaron el reclamo de ventajas indebidas por parte de los pastores.

Ese “toque de oro” de las transgresiones fue determinante para que la Policía Federal, un órgano “contaminado” por el bolsonarismo, pudiera finalmente iniciar la investigación de los hechos. Al mismo tempo, diputados y senadores de la oposición empujaron la formación de una Comisión Parlamentaria de Investigación que debía tomar cuenta de la malversación de fondos gubernamentales. Pero el proyecto de CPI no pudo prosperar. Fue rechazado por los legisladores oficialistas, a quienes se adhirieron a último momento varios parlamentarios de la centroderecha.  

Bajo la conducción de Milton Ribeiro, y de los dos religiosos, el “mar de barro” de las prebendas se extendió a todos los ámbitos del ministerio. Uno de los episodios fue la compra con sobreprecios del llamado “kit robótica”, que se distribuyó en establecimientos del interior brasileño, inclusive en los que carecían de baños y agua para los alumnos. En el listado de “irregularidades” figuran las llamadas “escuelas fake”, aquellas cuyos proyectos nunca salieron de la virtualidad, pero igual recibían los fondos. Pero la frutilla del postre, en ese caudal de “provechos” recolectado por la mafia educativa, fue la licitación para adquirir transportes escolares. La financiación, de 112 millones de dólares, provenía del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE), cuyo presidente Marcelo Lopes da Ponte fue colocado en ese organismo nada menos que por el funcionario más próximo de Bolsonaro, el ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete) Ciro Nogueira. Y el Tribunal de Cuentas de la Unión debió suspender la licitación en marcha, luego de encontrar una sobrefacturación, 50% superior a los valores de mercado.

Según juzgan los medios políticos de Brasilia, Nogueira debería ser destituido. Pero el presidente no está dispuesto a deshacerse de un personaje que hoy controla férreamente las riendas gubernamentales. Para evitar esas consecuencias desastrosas, en tiempos electorales, el jefe de Estado apeló a un artilugio legal: decretó el “secreto por 100 años” (plazo máximo legal) de toda a la información acerca de reuniones de esos pastores evangélicos con él mismo y sus ministros. “Podrían comprometer la seguridad del presidente” argumentó el Gabinete de Seguridad Institucional, manejado por el general Augusto Heleno.

Este juego de escondidas duró unos días: el Viernes Santo, ante demanda periodística amparada en la Ley de Transparencia, el gobierno se vio obligado a informar que los religiosos visitaban regularmente el Planalto desde 2019, donde se encontraron decenas de veces con el presidente y su elenco de ministros.

La difusión de semejantes estafas, que involucran a los “más altos cargos” en el poder ejecutivo, tendrá su mayor peso cuando los candidatos presidenciales lancen las campañas. No le será fácil a Bolsonaro mantener la imagen de un “presidente impoluto”.

EG/CC