España se prepara para desclasificar documentos del franquismo y la transición, tras décadas de opacidad

Levantar el secreto del franquismo y la Transición. Es una de las implicaciones prácticas de la nueva Ley de Información Clasificada que el Gobierno acaba de remitir al Congreso en el enésimo intento por reformar la norma que rige los secretos oficiales en España –y que proviene de la dictadura–. El texto, al que aún le queda el trámite parlamentario, contempla la desclasificación automática de todos los documentos que lleven clasificados 45 años o más, es decir, los fechados hasta 1980. Esto quiere decir que, en teoría, la documentación vinculada a la dictadura y los primeros años de democracia hasta ahora oculta e inaccesible podrá ver la luz.

La ley también especifica que aquella información relativa “a graves violaciones de derechos humanos” no puede ser clasificada, un tipo de documentos que, según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se refieren “a la dictadura” y que ante el “ingente volumen” de secretos que hay “en el seno de los ministerios” el Gobierno va a “priorizar”. Eso sí, la ley contempla una excepción: la revelación no puede suponer una “amenaza o perjuicio para la seguridad y defensa nacional”. Para el resto de documentos, se crearán cuatro categorías con plazos asociados de desclasificación, como máximo de 60 años.

La norma afecta a los documentos posteriores a 1968, año en que entró en vigor la ley actual, puesto que lo anterior ya está desclasificado. Son esos 12 años –hasta 1980– de tardofranquismo y Transición los que se verán plenamente afectados. Y son estas también dos épocas de dura represión policial contra un movimiento obrero y estudiantil en auge, por un lado, del régimen franquista todavía vivo hasta 1977, por otro, de un inicio de democracia marcado por excesos que en ocasiones llegaron a acabar con la vida de ciudadanos. Por eso, los historiadores, que miran con cautela la nueva ley, ven en los fondos del Ministerio del Interior uno de los focos clave.

“Es quizá de lo que más interesa porque es donde se custodia la documentación policial. A nivel de la naturaleza del régimen y su praxis no vamos a descubrir cosas deslumbrantes, pero quizá podamos concretar más y ver cosas interesantes sobre los responsables del aparato represivo, continuidades de la dictadura a la democracia, cómo fue la toma de decisiones en determinados casos o cómo es la ejecución de órdenes sobre el terreno... Es valioso teniendo en cuenta que no se han podido judicializar los crímenes del franquismo”, ejemplifica el historiador David Alegre, que se refiere a casos de represión, detenciones y torturas policiales a manos de la Brigada Político Social del régimen o, ya en la Transición, a situaciones de violencia policial.

El historiador Nicolás Sesma, autor de Ni una ni grande ni libre (Crítica), coincide. “Podríamos quizá acceder a investigaciones policiales internas o a detalles que permitan esclarecer qué pasó en algunos casos, si había una orden y en qué sentido o si se incumplieron instrucciones”, explica nombrando sucesos como la matanza de cinco obreros en huelga en Vitoria en 1976 o la intervención policial en los Sanfermines de 1978, que dejó más de 150 personas heridas –11 de ellas de bala– y un muerto. Aun así, creo que hay que huir de la lógica del cofre del tesoro en el sentido de que es improbable que vaya a haber un documento que vaya a revelarlo todo“, añade el experto.

El secreto de lo que es secreto

Porque las sospechas de los historiadores sobre lo que puede haber o no clasificado son eso, sospechas. Detrás de los secretos de la dictadura nadie sabe exactamente qué puede emerger. “Este es uno de los principales problemas, que no se sabe qué secretos oficiales hay en España. Podemos intuir cosas, pero realmente no hay un listado o una enumeración que nos guíe”, sostiene el historiador Pablo Alcántara. La técnica superior de Archivos del Archivo General Militar de Ávila, Henar Alonso, destaca lo mismo. “La cuestión es que no sabemos qué documentación existe ni en qué condiciones, no hay todavía un censo de fondos documentales de la Guerra Civil y el franquismo”.

Haciendo un ejercicio de suposición, Alcántara, que ha estudiado a fondo la Dirección General de Seguridad de Franco –ubicada en la Puerta del Sol– cree que, si finalmente se desclasifica esta documentación, pueda en ella haber información sobre la formación de la policía franquista a manos de la Gestapo alemana o el FBI, algo que “sabemos gracias a archivos extranjeros, pero no españoles”. También sobre “la relación” de fuerzas terroristas ultraderechistas en la Transición “con el aparato del Estado”, entre ellas el Batallón Vasco Español o la Triple A. “Creo que sería interesante ver la financiación o qué vínculo podían tener con algunos policías, por ejemplo”.

El experto nombra también casos como el de la matanza de los abogados de Atocha o el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda González, sucesos sobre los que “es posible que sea revelador acceder a las investigaciones policiales internas”. Otro caso que puede verse afectado es el del asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño sindicalista que murió de un disparo de la policía mientras participaba en una manifestación por la autonomía andaluza en diciembre de 1977. El Congreso acordó en febrero el acceso a las actas que habían investigado su muerte, pero tachando los nombres propios alegando que los documentos eran secretos.

Este martes, Izquierda Unida ha dado por hecho que la nueva norma contribuiría a la desclasificación completa y a “conocer la verdad” sobre el asesinato de Caparrós. También optimista se muestra Andoni Txasko, de la Asociación de Víctimas 3 de Marzo. “Llega tarde, pero lo celebramos porque creemos que tiene que haber documentación que nos permita apuntalar la planificación de la masacre: tenemos constancia de que hubo reuniones de empresarios con representantes políticos o entre los ministerios para hablar de lo que estaba ocurriendo en Vitoria. Incluso parece que se informaba puntualmente al rey Juan Carlos. Pensamos que puede haber actas o comunicaciones de aquello”.

Lo que no es secreto, pero tampoco accesible

Sin embargo, la prudencia reina entre los historiadores y archivistas, que tienen en general muchas dudas de que la ley acabe desplegándose de forma eficaz aunque sí la consideran “un paso adelante”. Por un lado, David Alegre califica de “trampa” que el texto siga otorgando “discrecionalidad al Gobierno de tuno para decidir qué debe ocultarse o no” y, más allá del texto, pone sobre la mesa “la falta de recursos humanos y materiales” que llevan a que, ya actualmente, haya barreras al acceso. “Puede haber cosas muy interesantes, pero si no hay una inyección económica, no valdrá para nada”, describe el experto, que señala que en algunos casos el problema no es el secreto, sino que los documentos no son accesibles.

Es algo a lo que hacen referencia todas las voces consultadas, que apuntan a la falta de procesamiento archivístico de mucha de la información existente. “Hay que tener medios para encontrar, controlar, describir y clasificar toda la documentación y para eso hacen falta recursos y personal. Cuestión aparte es que toda la destrucción que ha podido destruirse porque era legal hacerlo”, esgrime Henar Alonso, que apunta: “Publicar una ley en el BOE es una cosa, y en este caso ni siquiera ha ocurrido aún, pero que sea eficaz a efectos prácticos es algo muy diferente”.

Pablo Alcántara también pone sobre la mesa las largas demoras a las que suele someterse el acceso a archivos y recuerda que, por ejemplo, Interior tardó “más de un año y medio” en enviarle un expediente de un policía que solicitó. El historiador pone el foco además en “otro obstáculo” más allá del secreto, la Ley de Protección de Datos, que hace que la documentación en la que aparecen datos personales de alguien que esté vivo o no haya muerto hace más de 25 años “o directamente no te la den o lo hagan pero con los nombres tachados”. Con todo, Alcántara espera que las vulneraciones de derechos humanos a los que se refiere la ley, es decir, los crímenes del franquismo, sean excepcionados.

Dos caminos distintos frente al pasado: justicia en Argentina, silencio en España

Mientras que en la Argentina la dictadura cívico-militar de 1976-1983 dejó un saldo de 30.000 desaparecidos y una represión sistemática, en España el régimen franquista ejecutó a más de 100.000 personas solo durante la posguerra y mantuvo una represión extendida por más de tres décadas (según fuentes históricas, se calcula que entre 100.000 y 150.000 personas fueron ejecutadas por el bando nacionalista durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, y entre 50.000 a 200.000 si se incluyen muertes por hambre o condiciones carcelarias). Sin embargo, el abordaje institucional en la Argentina fue radicalmente distinto del de España.

En la Argentina, los juicios a las Juntas de 1985 y, luego, la reapertura de las causas en los años 2000 marcaron hitos en la búsqueda de justicia. Las políticas de memoria se consolidaron con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la incorporación del terrorismo de Estado como un tema transversal en la educación, la cultura y la política.

España, en cambio, mantuvo hasta 2007 una Ley de Amnistía que impidió juzgar a los responsables del franquismo. Esa norma aún está vigente y ha sido criticada por organismos internacionales. Los intentos por revertir esa lógica han sido parciales: la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la más reciente Ley de Memoria Democrática de 2022 han avanzado en el reconocimiento a las víctimas, pero sin alcanzar una dimensión judicial real.

A nivel internacional, la Argentina es considerada un ejemplo por su política de justicia transicional, mientras que España ha sido señalada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su falta de investigación de los crímenes del franquismo. La eventual desclasificación de documentos podría ser un paso hacia un camino más parecido al argentino, aunque con décadas de retraso y bajo una arquitectura institucional aún poco proclive al juzgamiento de los responsables.