La ofensiva conservadora acaba con la protección nacional del derecho al aborto en EEUU

La versión corta de cómo las estadounidenses perdieron su derecho a interrumpir un embarazo podría resumirse en un nombre: Donald Trump.

El magnate inmobiliario y estrella de concursos de la televisión primero sorprendió al mundo al ganar la presidencia de Estados Unidos, y luego recompensó a sus votantes al confirmar a tres jueces del Tribunal Supremo para una corte de nueve miembros con mandato vitalicio. Sus nombramientos han hecho que el Supremo se incline hacia el lado conservador durante toda una generación.

Ese corto camino ha llevado a Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, la sentencia publicada este viernes en la que los jueces del Tribunal Supremo votaron 6-3 para anular el caso histórico Roe v. Wade, que en 1973 garantizó el derecho constitucional al aborto.

Se espera que el fin de la protección federal del aborto lleve a 26 estados a prohibir el procedimiento de forma inmediata o tan pronto como sea posible, lo que afectará a decenas de millones de mujeres en Estados Unidos.

La decisión se produce a pesar de que cerca del 85% de los estadounidenses están a favor del aborto legal al menos en algunas circunstancias. El porqué y el cómo de una decisión a la que se opone la mayoría de los estadounidenses está relacionada con el poder político, según los expertos.

El movimiento antiabortista es “la facción mejor organizada de la política estadounidense”, dice Fred Clarkson, experto en la derecha cristiana y socio de Political Research Associates.

“Entienden que son una minoría de la población, del electorado, y ciertamente un conjunto minoritario de opiniones sobre cuestiones de derechos reproductivos”, dice. “Pero como lo saben, han encontrado formas eficaces de maximizar su influencia política al estar mejor organizados que las facciones numéricamente mayores que están menos organizadas...”. El movimiento antiabortista “domina las herramientas de la democracia para conseguir resultados antidemocráticos”, concluye.

“Desprecio” por el derecho constitucional

Las corrientes que han llevado a esta sentencia se encuentran entre las más poderosas de la política estadounidense actual. A lo largo de décadas, un movimiento religioso se impuso aprovechando las fuerzas de la polarización, la erosión de las normas constitucionales y la manipulación de la democracia estadounidense, según varias voces expertas.

“No es que hayamos tenido esta lenta erosión del derecho al aborto”, dice Niel Siegel, experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Duke que fue ayudante legal de la jueza progresista del Supremo Ruth Bader Ginsburg, que murió en septiembre de 2020. Según explica, el Supremo ha dictado una sentencia que “desprecia por completo lo que ha sido el derecho constitucional durante literalmente cinco décadas” y que ha sido hasta ahora “repetidamente reafirmado por jueces designados por ambos partidos”.

El Tribunal de tendencia conservadora ha revocado una norma constitucional en un movimiento histórico. Esto sucede tras otro acontecimiento sin precedentes modernos: la filtración de un borrador de una sentencia del Tribunal Supremo, lo que ya anunciaba un mal pronóstico para Roe v. Wade.

“El Tribunal no es la institución a la que serví”, dice Siegel.

En la actualidad, el aborto es uno de los temas más partidistas de Estados Unidos, con los republicanos y el movimiento antiabortista tan alineados que apenas hay diferencia entre ellos. Sin embargo, en la década de los 70, el aborto se consideraba una “cuestión católica”, con republicanos proabortistas y demócratas antiabortistas en el Congreso. El Tribunal Supremo votó a favor del caso Roe vs. Wade por un margen de 7-2, con el apoyo de magistrados elegidos por presidentes republicanos.

Parte de esta transformación refleja “cambios deliberados por parte del movimiento antiabortista, otra parte son cambios estructurales de la democracia estadounidense, y, finalmente, otra parte es simplemente suerte”, según explica Mary Ziegler, profesora visitante en Harvard y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de California Davis.

En contra de la creencia popular, no hubo una reacción política inmediata al caso Roe vs. Wade que garantizó constitucionalmente el derecho al aborto. En los años siguientes, importantes proyectos de ley prohibieron que el Gobierno federal pagara los abortos, pero fracasó una enmienda constitucional para prohibir totalmente el procedimiento.

Unión de católicos y evangélicos

A finales de la década de 1970 fue cuando estrategas republicanos como Paul Weyrich vieron el aborto como un asunto que podría movilizar también los votos de millones de cristianos evangélicos blancos, junto con la oposición a los derechos de la mujer y a las sentencias judiciales contra la segregación racial. El plan funcionó: los católicos y los protestantes evangélicos blancos se aliaron con los republicanos.

“En los años 70 y 80, cuando el movimiento antiabortista estaba madurando, recuerdo eventos en los que se veía a un obispo católico sentado en el escenario incómodo con evangélicos”, dice Clarkson.

Pasaron décadas antes de que los cristianos evangélicos y los católicos fusionaran por completo su agenda actual, con el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la libertad religiosa como temas principales. Sin embargo, la nueva alianza pronto produjo una llamada “mayoría moral” que impulsó la campaña de Ronald Reagan. Al igual que Trump, Reagan apoyó inicialmente la ley del aborto “liberalizada” antes de prometer que se opondría al aborto como presidente.

Este realineamiento político se vio favorecido por la Ley de Derecho al Voto de 1965, que, según los estudiosos de la Constitución, obligó a los demócratas sureños segregacionistas a competir realmente con los republicanos por primera vez.

“No se entiende la política reproductiva en este país si no se entiende la política racial en este país”, dice Loretta Ross, fundadora de SisterSong Women of Color Reproductive Health Collective, una organización de derechos reproductivos en Georgia.

“Creo que las actuales restricciones al aborto, al control de la natalidad y a la educación sexual están diseñadas para obligar a las mujeres blancas a tener más bebés”, dice Ross. “No estoy convencida de que quieran más bebés negros, hispanos o de otras minorías”, dice en referencia a las mujeres que se pueden ver afectadas de forma desproporcionada por la prohibición del aborto.

La voz de la minoría

Este reajuste político también aportó a los republicanos claras ventajas estructurales basadas en la arquitectura de la Constitución estadounidense, una fuerza que Siegel describe como “favoritismo rural”.

El Congreso está formado por la Cámara de Representantes, cuyos escaños se basan en la población, y el Senado, que concede a cada estado dos votos sin importar la población. “La Constitución siempre ha favorecido de forma desproporcionada a los votantes rurales, pero no siempre ha favorecido a un partido”, dice Siegel.

Sin embargo, a medida que los senadores republicanos empezaron a representar a más votantes blancos, cristianos y rurales, también se beneficiaron de una característica que viene de la Constitución estadounidense. Hoy los republicanos representan colectivamente a 41,5 millones de estadounidenses menos que los demócratas, aunque el Senado esté dividido en partes iguales (50 senadores demócratas y 50 republicanos). Como resultado, el nuevo Tribunal de tendencia conservadora fue confirmado por un órgano que representa a una minoría de votantes.

“Eso es un reflejo del gobierno de las minorías”, dice Siegel.

Ser republicano

El llamamiento de los estrategas republicanos a los votantes socialmente conservadores también empezó a redefinir sustancialmente lo que significaba ser republicano.

“Los profesionales del partido y los republicanos del establishment pensaron que podían controlar a estos votantes”, dice Clarkson. “Se equivocaron: esos votantes acabaron convirtiéndose en el partido”.

Los nuevos antiabortistas presionaron para obtener más poder “para ejercer más influencia sobre la composición del Partido Republicano y así garantizarse que los candidatos fueran lo suficientemente 'puros' ideológicamente”, según dice Clarkson.

La demografía añadió urgencia a la causa antiabortista, dice Siegel. El Partido Republicano es abrumadoramente blanco y cristiano, pero el tamaño de su base se ve 'amenazado' por la rápida evolución de la demografía estadounidense, a medida que Estados Unidos se vuelve más diverso racialmente y menos religioso. De hecho, se prevé que los estadounidenses blancos serán una minoría en 2045.

Siegel dice que esto ha empujado a los republicanos a practicar una “política existencial”, que ha dado lugar a que cada ciclo electoral se perciba como más crucial que el anterior y ha forzado a los partidos a distanciarse aún más. Al mismo tiempo, el dibujo de los distritos electorales de manera partidista, conocido como gerrymandering, ha permitido que los candidatos más extremos ganen en distritos poco competitivos, exacerbando la polarización.

Poder y suerte

En el caso de la sentencia del Supremo de este viernes, el poder y la suerte chocaron cuando la base eligió a Trump, un hombre que en su día se declaró proabortista, ganó las elecciones pese a haber perdido el voto popular por casi tres millones de papeletas –algo histórico por el amplio margen pese a la diferencia que puede haber entre el voto del colegio electoral según el resultado por estados y que decide el ganador y la suma total de votos en todo el país– y luego tuvo la poco frecuente oportunidad de designar a tres nuevos jueces para el Tribunal.

Las fuerzas que están detrás de la sentencia también muestran cómo los valores que se han considerado tradicionalmente estadounidenses –la autonomía, la libertad y la autodeterminación– se redefinirán en una nueva era del Tribunal Supremo.

“Hay una animadversión mutua entre los miembros de los dos partidos, pero después hay más bien una asimetría en cuanto a lo mucho que se ha movido el Partido Republicano hacia la derecha, y la voluntad de romper las normas para obtener ventajas partidistas a corto plazo”, dice Siegel. “O, en el caso del Tribunal Supremo, para obtener ventajas partidistas a largo plazo”.

Traducción de Lara Lema y Celia Broncano.