El Brasil que viene

La transición ya comenzó y con ella, los nuevos desafíos para Lula

El vicepresidente electo Geraldo Alckmin, en el Palacio del Planalto de Brasilia tras su encuentro con Jair Bolsonaro. Lo acompañan Aloizio Mercadante y Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores.

El espectáculo terminó y las luces se apagan. Los actores de reparto, aquellos cuyos camiones bloqueaban rutas, ya se dispersaron. Pero uno de los protagonistas, Jair Bolsonaro, no quiere dejar la escena sin diseminar ofensas contra su adversario, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Cuatro días después de los comicios, todavía se resiste a pronunciar el nombre y apellido de su sucesor. Este jueves siguió con esa tónica, al recibir por dos minutos en el Palacio del Planalto al vicepresidente electo Geraldo Alckmin.

Al jefe actual del Planalto no le faltan sus razones para sentirse aborrecido con su reemplazante. Ocurre que, recién elegido para gobernar el país a partir del 1º de enero de 2023, Lula ya recibió dos convites internacionales: uno del gobierno de Egipto, para que participe de la COP 27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos; el objetivo es darle espacio para que pueda exponer la nueva política ambiental para Brasil. Otra invitación vino del Foro Económico Internacional, que le ofreció discursear en un panel especialmente dedicado al país.

Cumplido el trámite de saludar al futuro vice, Bolsonaro se retiró rumbo a la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, el refugio que eligió para pasar el tiempo hasta la entrega del poder. En cambio, dejó en la casa de gobierno a sus principales ministros, el de la Casa Civil Ciro Nogueira y el jefe de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos. Alckmin fue acompañado por los petistas Aloizio Mercadante y Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores; y así lanzó oficialmente el proceso de transición entre los dos gobiernos, establecido por una ley de 2002.

Pero la cita más importante del trío representante del próximo gobierno ocurrió, por la mañana, en el Congreso. Allí se reunieron con el diputado federal Marcelo Castro, encargado de redactar el presupuesto nacional para 2023. A ellos se les sumó el senador Wellington Dias (también del PT), a quien Lula nombró encargado de negociar la reformular esa ley presupuestaria.

Lo que está en juego es mucho, al menos para el líder petista. Busca concretar dos compromisos claves: mantener el subsidio bautizado Auxilio Brasil de 600 reales (120 dólares) para los sectores más vulnerables de la población y proceder, tal como prometió, a un reajuste de 1,4% del salario mínimo que hoy es de 1.212 reales (240 dólares). Estos gastos son considerados como “impostergables” por el nuevo gobierno y por eso reclama que no pueden estar sujetos a estrecheces fiscales.

Como suele ocurrir en estas circunstancias, los economistas ya se dedicaron a calcular que “exceso” habría sobre el monto total de partidas presupuestarias. Unos dicen que llegarían a los 160.000 millones de reales, o sea 31.000 millones de dólares al tipo de cambio actual.  Pero en el Parlamento tienen estimaciones más moderadas. El diputado Castro estimó que el exceso será del orden de los 20.000 millones de dólares.

Para lograr esta “reforma” presupuestaria se requiere la aprobación de una enmienda constitucional. Los legisladores del actual oficialismo ya dijeron que están dispuestos a avanzar en la dirección requerida por el gobierno Lula.

En el ámbito parlamentario, el futuro presidente de Brasil no tendrá las dificultades que muchos pronosticaban. Los jefes de los distintos bloques ya anunciaron su disposición a negociar todo lo necesario. En ese sentido se expidió, inclusive, el jefe del bloque de religiosos evangélicos, el diputado Cezinha de Madureira (que pertenece por otro lado al partido PSD), aliado hasta ahora de Jair Bolsonaro. El congresista tuvo que jurar que su postura “no es ninguna traición” al mandatario saliente.

En una conferencia de prensa posterior, Alckmin subrayó que las reuniones con los parlamentarios y luego con el gobierno “fueron bastante provechosas” y destacó enfático: “La transición ya comenzó”. El gobierno próximo tiene derecho a nombrar 50 personas para trabajar en ese intercambio y, de acuerdo con el vice electo, ese medio centenar será engrosado con personal de todos los partidos aliados que estuvieron en la Coalición de la Esperanza, más los que adhirieron en la segunda vuelta, como el PSDB (la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso) y la gente de la ex candidata presidencial Simone Tebet.

 

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