El agro como motor económico pendiente de una estrategia nacional

La Argentina tiene en el sector agropecuario una de sus principales fuentes de divisas, pero también una de sus mayores contradicciones económicas: produce alimentos en gran escala mientras millones de personas enfrentan dificultades para acceder a una alimentación regular. La discusión sobre el campo, por eso, ya no puede reducirse a la vieja oposición entre agro e industria ni al debate simplificado sobre los derechos de exportación. Tenemos que elaborar los lineamientos generales de un plan nacional agropecuario y no quedarnos solamente en el problema de las “retenciones”, que si hay que dar una solución.

El presidente Perón dijo en 1973 que la Argentina, con alimentos y energía, sería el país del futuro. Aquel futuro es este presente: Vaca muerta y las tierras negras pampeanas. UN problema a la vez.

El problema central es cómo transformar la capacidad exportadora del agro en infraestructura, innovación, empleo, arraigo y alimentos accesibles para el mercado interno. Los números explican la magnitud del desafío. El complejo agropecuario sostiene buena parte del ingreso de dólares del país, en una economía donde la industria manufacturera registra saldos externos negativos, excepto alimentos y bebidas y el sector minero petrolero. Tres sectores sostienen principalmente el ingreso de divisas en la Argentina ¿Tal vez haya que repensar la estadística de registración? Los cultivos extensivos —soja, maíz y trigo— concentran la mayor parte del peso exportador, mientras que las economías regionales también aportan divisas relevantes: en 2025, producciones como algodón, arroz, lechería, papa, mandioca, peras y manzanas, yerba mate, cítricos y actividad aviar generaron un superávit comercial estimado en 12.000 millones de dólares.

Esa potencia productiva se apoya en una ventaja excepcional: la Argentina cuenta con alrededor de 14 millones de hectáreas de tierras negras, consideradas entre las más aptas del mundo para producir alimentos. Junto a China, Rusia y Kazajistán son los principales países con el 70% de las tierras negras. En el mundo esos suelos negros apenas son el 7% del total de suelos. Sin embargo, la estructura económica no logra convertir plenamente esa capacidad en bienestar social. Según los datos incorporados en el documento “Un futuro mejor para la política agropecuaria”, unos 14 millones de personas padecen hambre o se alimentan de manera irregular y 5 millones se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. La paradoja es contundente: un país con excedentes exportables enfrenta dificultades para garantizar precios estables y acceso suficiente a carnes, lácteos, farináceos, legumbres, frutas y hortalizas.

En ese marco, los derechos de exportación aparecen como una herramienta fiscal y económica que requiere una discusión más precisa. En el texto original se señala que los DEX representan una presión equivalente al 0,85% del PIB, por debajo del impuesto al cheque, estimado en 1,65%, y de las cargas sobre el empleo, cercanas al 2,2%. La reducción de retenciones aplicada en 2025 no habría generado el aumento de recaudación esperado, lo que muestra que la rentabilidad, la liquidación de divisas, la inversión y la producción dependen de un conjunto más amplio de variables: tipo de cambio, crédito, infraestructura, precios internacionales, costos logísticos y previsibilidad regulatoria.

Una propuesta económica posible es segmentar los instrumentos. Para pequeños y medianos productores, el documento plantea mecanismos de devolución parcial hasta 750 u 800 toneladas, combinados con una estructura diferenciada de derechos de exportación. A la vez, sugiere destinar alrededor del 1% de las exportaciones de harina de soja, aceite de soja, maíz y girasol a un Fondo de Infraestructura Agropecuaria y Logística. Ese fondo podría financiar caminos rurales, riego, conectividad, transporte fluvial, almacenamiento, accesos portuarios y una empresa nacional de barcazas. La lógica es que una parte de la renta exportadora vuelva al sistema productivo como inversión estructural.

El cuello de botella no está solo en el campo, sino también en los eslabones de almacenaje, transporte y embarque. El documento advierte que el pesaje de las exportaciones está completamente en manos privadas y que por el corredor del río Paraná se recaudan entre 200 y 300 millones de dólares por año. Una política pública sobre terminales, puertos y logística permitiría reducir abusos de mercado, mejorar la transparencia y fortalecer la capacidad federal de planificación para el desarrollo productivo: privado, público e instituciones de la comunidad.

La cuestión de los insumos también tiene impacto directo sobre la balanza comercial. La dependencia de fertilizantes importados implica un gasto aproximado de 1.200 millones de dólares por año. Por eso, la propuesta de fortalecer YPF Agro como agencia nacional de insumos agropecuarios apunta a reducir importaciones, coordinar producción local de fertilizantes, agroquímicos y bioinsumos, y dar previsibilidad de costos a productores de distintas escalas. Considerando que un componente importante en el proceso de los fertilizantes es el gas.

La inserción internacional agrega otra capa de presión. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, las exigencias de trazabilidad, los estándares ambientales y sanitarios, y la competencia con países como Brasil obligan a pensar una estrategia exportadora activa. No alcanza con abrir mercados: hay que llegar con escala, certificación, financiamiento, diplomacia comercial y productos con mayor valor agregado. La alternativa es quedar confinados a vender materias primas mientras otros países capturan la industrialización y los márgenes más altos de la cadena.

El impacto social completa el cuadro económico. El documento indica que el 57% de los productores reside de forma permanente en el campo que trabaja y que el 72% combina gestión con trabajo físico cotidiano. Ese arraigo convive con una informalidad laboral rural estimada en 65% en Argentina y de hasta 80% a nivel regional. Formalizar el empleo, revisar el Estatuto del Peón Rural, ampliar la capacitación agropecuaria y estabilizar los contratos de arrendamiento son medidas económicas tanto como sociales: ordenan el mercado laboral, mejoran productividad y sostienen población en el territorio.

La conclusión es que el agro argentino no necesita menos política: necesita una política económica bajo una planificación conjunta. Derechos de exportación segmentadas, crédito regional, inversión logística, producción nacional de insumos, agregado de valor, compras públicas de alimentos y coordinación entre Estado, universidades, organismos científicos, cooperativas y empresas pueden convertir una fuente de divisas en una estrategia de desarrollo. El dilema no es campo o industria, exportación o mesa interna. El dilema es si la Argentina seguirá usando su potencia agropecuaria para resolver urgencias fiscales de corto plazo o si la transformará en una plataforma de desarrollo nacional, federal y socialmente sostenible para un mejor bienestar de la comunidad argentina.

Ernesto Mattos Estudios Agrarios Futuros Mejores. Investigador IDEPI-UNPAZ/FCE-UBA; Breno Nunes Chas, Futuros Mejores y AEN-CCC; Lucia Cirmi Obon (FM) colaboro en las correcciones del documento final.