“Sáquennos de ahí”: urgencias de Casa Rosada y los Kovalivker para remover al juez y al fiscal de la causa de las coimas

Cada empleado ingresante a la Droguería Suizo Argentina debe firmar un código de ética. Se trata de un texto sobreabundante, destinado más a proteger los intereses de la familia Kovalivker que a sentar un marco de conducta de una empresa que lucra en el sensible negocio de la salud.

Entre los trabajadores de la droguería, la renovación anual de ese compromiso y la asistencia a capacitaciones éticas son tomadas con obediente resignación. Ningún texto evita los típicos comentarios de oficina sobre los Kovalivker, sus autos, sus mansiones, sus canchereadas, sus amistades y sus monsergas moralizantes.

“Suizo Argentina mantiene una política de tolerancia cero con respecto a los actos de soborno y corrupción… no sólo porque es nuestro deber legal hacerlo, sino también porque apoyamos el compromiso que asumimos para llevar a cabo nuestro negocio con ética y honestamente”, reza el texto que mandaron a redactar Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Esos papeles terminaron de quemarse el viernes por la tarde.

“Todos quietos”, dijeron los policías de la Ciudad y funcionarios del Ministerio Público Fiscal que ingresaron pasado el mediodía a la sede de Droguería Suizo Argentino en el barrio de Belgrano, bajo las órdenes del fiscal Franco Picardi.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento en la droguería y en la Agencia Nacional de Discapacidad, en busca de mails, archivos digitales y documentación que probaran el circuito de coimas que partiría desde la industria farmacéutica, con los Kovalivker como probables pagadores y canalizadores, y terminaría en cuentas de Karina Milei y los Menem, según la versión atribuida a Diego Spagnuolo, examigo íntimo y abogado del Presidente.

Ante una orden de allanamiento, lo usual es que empresas y oficinas públicas den curso a los pedidos de los policías y los fiscales. Hacer difícil la tarea puede costar caro a la hora de evaluar prisiones preventivas en virtud del riesgo de entorpecimiento de la causa. “Digamos que normalmente nadie entrega lo que el que allana no se aviva de pedir, pero nunca ocurre que bloqueen el acceso. Pueden pagar un alto precio si les sale mal”, dice una fuente de los tribunales de Comodoro Py con decenas de allanamientos a empresas y organismos públicos en su haber.

El procedimiento marchaba desde las primeras horas de la tarde. Picardi, a cargo de la instrucción de la causa de las coimas, buscaba contenidos digitales tanto en las computadoras como en la nube informática de la empresa.

Cerca de las 16, el abogado penalista Alejandro Freeland llegó a la sede de la firma en la calle Monroe. Con más de trescientos empleados como testigos, sin chances de acceder a sus computadoras ni de transitar por las oficinas, el ambiente se tensó a un extremo.

De acuerdo al relato de personas presentes, el abogado corporativo, autor del libro El estado de necesidad agresivo justificante, volcó toda su presión sobre el jefe de sistemas de la droguería que estaba a punto de facilitarles las claves de acceso al servidor informático a los expertos de la Policía de la Ciudad —que en este caso suple a las fuerzas federales que dirige Patricia Bullrich, por obvias razones—, la fiscalía y el Ministerio Público Fiscal.

En medio de lo que testigos describieron como un “griterío escandaloso”, el jefe de sistemas quedó entre la espada y la pared. U obedecía al abogado de la empresa, que blandía amenazas altisonantes, o arriesgaba su propia responsabilidad penal, al desobedecer la orden de un fiscal federal.

Freeland, que lleva la defensa de la empresa junto a su colega Santiago Kent, disipa la responsabilidad de los gritos: “Hubo presión fuerte de todos lados. Duele leer que la empresa no colaboró”.

Los empleados de la fiscalía trasladaron al jefe de sistemas, Raúl Luccioni, a un espacio aislado de presiones y le explicaron sus obligaciones como testigo. El responsable de sistemas mantuvo su negativa.

En la mirada de Freeland, el procedimiento de Picardi fue “absolutamente excesivo”. “Más de catorce horas, trescientas personas encerradas. Nunca vi nada parecido”.

¿Por qué no entregaron las claves, lo que habría acortado el procedimiento y liberados a los empleados?

“Llegaron dispuestos a llevarse el servidor de la empresa completo. Si nos dejaban sin servidor por horas o acaso días, hasta que pudiéramos hacer que el back up funcionara como principal, podía haber muertos en los hospitales y clínicas de aquellos enfermos que esperaban sus medicinas. No podíamos consentir que se llevarán las claves de mails de gente que no estaba allí. Hay un principio o garantía en derecho procesal penal muy importante: el nemo tenetur, prohibición de obligarte a declarar o a entregar voluntariamente cosas que no querés entregar por secreto industrial, por ejemplo”, amplía Freeland ante este diario. Se mete en el rubro: “Vinieron por un blister de Ibupirac y se llevaron la farmacia entera”.

“Es tan absurdo el argumento de que el allanado puede elegir qué entregar y qué no, que no merece mayor análisis. No tiene nada que ver con nemo tenetur”, sostiene una fuente próxima al expediente.

Mientras esta batahola ocurría en Belgrano, Martín Magram, uno de los abogados personales de los Kovalivker, presentaba un escrito solicitando la nulidad de la causa.

Necesidad y urgencia

Magram puso negro sobre blanco la estrategia central de los empresarios y el Gobierno desde el primer minuto: parar en seco la investigación mientras se intenta sacar a Casanello y a Picardi del medio, como paso previo de la meta mayor, que es enterrar la caso. Se trata de un juez y un fiscal que no obedecen al predominante sistema de inteligencia, periodístico y político que manejó los hilos de Comodoro Py en los últimos años.

“Sáquennos de ahí”, fue el pedido central —según otra fuente con acceso al expediente— tanto de los Kovalivker como de Daniel Garbellini, el funcionario que, según la historia relatada por Spagnuolo, fue puesto en la Andis para canalizar el presunto robo. El clamor para postergar la investigación, con una llama puesta en que las elecciones ayuden a cambiar el clima, no queda en esos nombres de poca monta. Los apellidos Menem y Milei aguardan con ansiedad el cajoneo, principal instituto jurídico de Comodoro Py. No será fácil. La profusión de testimonios que apuntan a esos apellidos como supuestos gestores de aportes extorsivos de parte de funcionarios públicos y contratistas en todo el país requerirá de una operación de impunidad a escala superlativa.

La nulidad solicitada por los Kovalivker se basa en la teoría del fruto del árbol prohibido, que indica que, si la prueba inicial está viciada porque fue obtenida ilegalmente, toda la investigación lo está; por lo tanto, la causa cae. El argumento de los empresarios es que el audio de Spagnuolo fue obtenido de forma ilegal.

Freeland, en nombre de la defensa legal de Suizo Argentina, pasible en sí misma de penas por la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, coincide con el argumento: “No se pueden usar esos audios, vengan de donde vengan. No tienen ningún valor”.

Picardi tomó recaudos al respecto desde el primer momento. El impulso a la denuncia dado por el fiscal parte de la presentación del abogado cristinista Gregorio Dalbón, quien citó el informe de los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro en el sitio Data Clave, basado en el audio de Spagnuolo. La investigación evitó específicamente tomar el audio del abogado y examigo de los Milei como prueba. Por el contrario, el fiscal asumió que la denuncia de Dalbón tenía indicios de verosimilitud, como comienza un gran porcentaje de causas en Comodoro Py, y a partir de allí intenta hallar evidencias legales con documentación, celulares, computadoras y testimonios. Por ahora, no está tipificado el presunto delito, ni hay indagatorias programadas.

Sobre la veracidad de los audios, ya se expidió el Gobierno, al despedir de Andis a Spagnuolo y al “delincuente que venía del macrismo y puso Lule (Eduardo Menem) para afanar (presuntamente, Garbellini)”.

Milei es capaz de enfurecer e insultar a la madre de un niño autista, un científico o un receptor de un plan social, pero trata con guantes de seda a estafadores que llegaron al despacho presidencial y traicionaron su confianza

A su vez, Milei ratificó el miércoles la validez del registro al anunciar en su desorbitado paso por el centro de Lomas de Zamora que querellará al abogado que lo representó en varias causas iniciadas por o contra el propio Presidente en tribunales federales.

Habrá que ver. Como ocurrió en la presunta critpoestafa $LIBRA, una fuerza misteriosa lleva a Milei a parecer sometido a quienes lo acusan de robar. El Presidente es capaz de enfurecer e insultar a la madre de un niño autista, un científico, un familiar de un desaparecido o un receptor de un plan social, pero trata con guantes de seda a estafadores que llegaron al despacho presidencial y, supuestamente, traicionaron su confianza.

De lo que no hay siquiera indicios es de que los audios de Spagnuolo sean fruto de espionaje estatal ilegal, arbol prohibido por excelencia. Parecen, más bien, producto de intereses contrapuestos entre facciones del Gobierno y sus terminales de negocios.

Todavía no está descartada la hipótesis de que sea el propio Spagnuolo el artífice de la difusión. Ello se dilucidará en parte cuando el extitular de Andis muestre sus cartas, sobre las que hay un grado de incertidumbre tal, que va desde la declaración como imputado colaborador, extremo pesadillesco para el tándem Milei-Menem-Kovalivker, a plegarse a la estrategia de sus exjefes.

Trasnoche en la oficina

El allanamiento en Andis transcurrió de acuerdo a lo previsto y terminó a las 4am de ayer con todos los archivos y las claves requeridos. En la Suizo Argentina, no hubo forma de que el empleado informático allanara el acceso pleno a la nube de la empresa.

Ante la negativa, Picardi ordenó incautar las computadoras y servidores físicos, algo que no estaba en los planes porque significaba complicar la operatoria de la firma. Recién cerca de la medianoche, la droguería facilitó algunas claves. “Acabamos de terminar”, whatsappeó uno de los funcionarios judiciales a las 0.58 de ayer, todavía impactado por la trifulca planteada por el abogado de Suizo Argentina.

“Protestamos, nos opusimos, pero la presión fue enorme, y el cansancio también”, es el balance de Freeland. “Se llevaron el back up”, concede.

Por ahora, la fiscalía tiene en su poder un celular Samsung de última generación, incautado a Emmanuel Kovalivker en la madrugada del 21 de agosto, en Nordelta. El empresario no facilitó la clave y ya se estableció que el acceso es por ahora imposible. Jonathan, el accionista y directivo más importante de la droguería, y su padre, Eduardo, entregaron sus smartphones varios días más tarde. Los peritos oficiales todavía no intentaron ingresar, pero no hay muchas expectativas sobre su contenido, que ya pudo haber sido borrado luego de eludir el primer allanamiento, en otro antecedente que podría complicar la libertad de los Kovalivker cuando la causa transite mayores certezas.

El celular de Spagnuolo tampoco es considerado una fuente de intercambios reveladores, porque parte de su contenido fue eliminado antes del allanamiento, como sus conversaciones con Javier y Karina Milei. Incluso se sospecha que usaba otro aparato que no fue secuestrado en la requisa en el barrio privado que habita en Pilar.

Hay pistas fructíferas. Una de ellas es la eventual comprobación de sobreprecios cobrados por las droguerías a la Agencia de Discapacidad y la reconstrucción de la ruta del dinero, más el contenido de los mails y servidores incautados, los testimonios y las indagatorias por venir y los nuevos informes periodísticos que podrían ratificar lo que pasó a ser un convencimiento para una mayoría de la población: 3% extra o hasta unos US$ 800.000 mensuales en concepto de coimas para el eje Milei-Menem.

El pedido de nulidad presentado por los Kovalivker significa un giro en la estrategia judicial inicial. Esa misma parte, lejos de cuestionar el origen del expediente, solicitó en un primer momento peritar el audio, para determinar si era fiel o producto de inteligencia artificial. Casanello probablemente deniegue la nulidad en las próximas semanas y el cuestionamiento pase a la Cámara Federal.

Vía oblicua

El riesgo de que el expediente quede anegado en segunda instancia es alto. Allí militan jueces trasladados a dedo por Mauricio Macri (amigo de Kovalivker), el influyente aliado del hasta hace poco mileísta Ricardo Lorenzetti y autor de la doctrina Irúrzun creada para perseguir a kirchneristas y salvar a antikirchneristas, y otros con buena relación con la Secretaría de Inteligencia. No todos los camaristas caben en esas categorías, pero sí una porción decisiva.

De todas formas, un problema para el intento de anular la causa por la teoría del fruto del árbol prohibido son los profusos antecedentes de Comodoro Py. Al menos en la última década larga, las salas de la Cámara validaron denuncias probadamente originadas en sistemas ilegales de espionaje, versiones absurdas de personas que dijeron haber escuchado revelaciones impactantes en un bar, pruebas que Luis Majul se encontró mientras corría por Palermo y sospechosas intervenciones telefónicas fraguadas para otras causas. El estatus legal de todas ellas es claramente inferior al nacimiento del expediente de las coimas que terminarían en los hermanos Milei.

Esa segunda Argentina subterránea, a veces más poderosa que la que está a la vista, provee nexos inagotables. El despacho de Martín Menem está lleno de familiares Menem, pero uno de empleados, de creciente importancia en los últimos meses, se apellida Rosatti. Matías es hijo de Horacio, el juez de la Corte.

Al menos en la última década larga, la Cámara validó denuncias originadas en sistemas ilegales de espionaje, pruebas que Luis Majul se encontró mientras corría por Palermo y sospechosas intervenciones telefónicas

Este joven sería, según dos fuentes parlamentarias, el community manager de las redes del presidente de la Cámara de Diputados. Desde ese puesto, manejaría tanto la cuenta oficial de Martín Menem como la paralela, Praetor del León, desde la cual se dedica a hostigar a su archirrival en la interna gubernamental, Santiago Caputo, a quien menoscaba por las supuestas cirugías estéticas. Martín Menem negó tener vinculación con la cuenta Praetor que tiende a alabarlo cuando no rivaliza con Las Fuerzas del Cielo.

Una vía más oblicua de correr a Casanello del caso es a través del abogado Santiago Viola. Este letrado, apoderado nacional de La Libertad Avanza y nombre permanente para ocupar la Secretaría Legal y Técnica o la Procuración del Tesoro, tuvo una destacada participación en la falsa denuncia que intentó demostrar que Casanello se había reunido con Cristina Fernández de Kirchner en Olivos, en los comienzos de la investigación que terminó en una condena por lavado contra Lázaro Báez, en 2015 y 2016. Ahora, Viola vuelve a sonar para la asistencia legal de algunos de los involucrados en la causa de las coimas, actuales o futuros.

Abogado de Báez en ese expediente, Viola motorizó la denuncia mendaz sobre la parcialidad de Casanello. Se valió —seguramente sin querer— de dos testigos falsos, un exchofer de Presidencia y un presunto militante de La Cámpora, que dijeron haber visto al juez en Olivos y terminaron condenados a penas menores en un juicio abreviado. Viola, en cambio, terminaría sobreseído por Casación Federal.

La introducción de este abogado en el expediente Spagnuolo como defensor de un imputado no supondría el apartamiento de Casanello. Pero una fuente de una facción gubernamental crítica de los Menem apunta una hipótesis alternativa. “Si la causa escala, pueden forzar el ingreso de Viola como imputado, y en ese caso Casanello se tiene que apartar, porque fue querellante en la denuncia por los testigos falsos”.

Aquella denuncia contra Casanello tuvo un intenso recorrido mediático. En Clarín, se publicaron falsas primicias, elucubraciones, notas de opinión y entrevistas que daban crédito a la versión. Lo mismo ocurrió en canales de noticias y radios.

Tras el desconcierto inicial ante una información sobre el probable 3% de Karina que dio en la línea de flotación del Gobierno, el sistema mediático que orbita en la Casa Rosada y/o el macrismo hizo propia la teoría del árbol prohibido. Voces de los principales grupos mediáticos pasaron a la ofensiva este viernes, casi en simultáneo con la presentación de los abogados de Kovalivker para reclamar la nulidad.

Hojarasca

Este episodio encuentra al Gobierno en medio de una inestabilidad económica que toma formas muy parecidas a aquella de 2018-2019, que selló la no reelección de Macri: deuda inconmensurable con el FMI, devaluación latente, Banco Central vacío y motosierra cruel. El cóctel incluye internas despiadadas en Casa Rosada y una cita electoral muy desafiante el domingo próximo, en la renovación de la Legislatura Bonaerense.

De buenas a primeras, la pulsión escatológica del Presidente quedó en el lugar de la hojarasca que nunca debió perder. El insulto como único texto político, una Hermana Temible y Poderosa que no habla, balbucea; los matones en las redes; el lanzallamas de los canales de noticias y la lisonja del empresariado y de opositores amigables muestran su insuficiencia para encarar la mayor crisis gubernamental.

Los Milei encaran las cruciales elecciones con el policía Maximiliano Bondarenko, Cristian Ritondo y José Luis Espert como principales espadas. Macristas, sciolistas, exmassistas y excamporistas amenizan la propuesta oficialista. Radicales, peronistas y provinciales que estaban dispuestos a darlo todo fueron empujados al lugar de la oposición, aunque sea circunstancial.

En el plano económico sucedió algo insólito. Un equipo que debería proveer templanza técnica ante un elenco político tan singular se dedicó en el último año y medio a replicar las provocaciones violentas y a difundir terraplanismos sobre la base monetaria y la inflación de 17.000%. “No te la pierdas, campeón”, corre el riesgo de titular el año. Los críticos, disidentes y despechados del mundo de la ortodoxia promercado también son legión.

Casa Rosada resitúa el momento. “Es normal que pasen cosas previo a elecciones. Siempre pasan. Hay operaciones de todo tipo y mucho ruido”, dice una fuente con llegada a Milei. “Son dos meses y ya estaba todo previsto”, explica.

Encuestadores que reportaron una adhesión a Milei superior a 50% desde diciembre de 2023 corrigieron los números a la baja en las últimas semanas. En algunos casos, son pronósticos genuinos con los riesgo que conlleva medir en esta era. En otros, la crisis de las coimas podría servir como atajo para salvar la ropa si los resultados electorales terminan siendo demasiado incongruentes con sondeos informados durante 20 meses.

Nada está dicho. El surgimiento de Milei en 2021 y la victoria de 2023 se edificaron sobre la base de un voto más bien silencioso, orgullosamente resentido, informado por canales de noticias y tik tok. La llama de la bronca contra el peronismo, el progresismo y la izquierda no parece extinguida.

La fuente oficial contradice las alertas (¿tácticas?) emitidas por medios pro-Milei en los últimos días sobre una derrota inminente en la provincia de Buenos Aires. “No tenemos miedo y estamos muy bien y confiados. En octubre vamos a ganar y cómodos. En septiembre sólo se va a ver nuestro piso. De ahí, es todo para arriba”.

Es probable. Para ese objetivo, habría sido mejor que Karina y los Menem fueran más discretos. Acaso surja una prueba todavía más contudente que corrobore que la secretaria general de la Presidencia y su segundo son funcionarios voraces que se dedican a recaudar como tarea principal.

SL

slacunza@eldiarioar.com