Ampliación de la Corte Suprema: el peronismo presiona al Gobierno para reabrir la negociación en el Senado

“Nosotros somos personas racionales. Si vienen con cosas razonables atendemos. Pero si aparecés como un emperador, como Calígula, entonces no. Hay un límite”. 

José Mayans le explicó esto a un dirigente libertario la semana previa a que el Senado rechazara, en abril, los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. El peronismo nunca escondió lo que exigía a cambio de sus votos para aprobar el nombramiento de Ariel Lijo: una ampliación de la Corte que le permitiera a Cristina Fernández de Kirchner poner a su propia candidata en la Corte. Santiago Caputo, sin embargo, se rehusó, avanzó vía decreto, y dinamitó, así, las negociaciones con Unión por la Patria. Dos meses después, con mucha agua corrida bajo el puente, el peronismo se propone retomar su objetivo originario. 

Este miércoles desde las 13 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzaba a tratar una batería de proyectos que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia. Hay iniciativas que proponen que sean 15 jueces –como la de la cristinista Silvia Sapag– y otros que proponen que sean 7, como la del salteño Juan Carlos Romero. Pero todas coinciden en dos puntos: que la Corte de 5 miembros quedó corta y que resulta imprescindible establecer un criterio mínimo de paridad de género.

El proyecto que concita mayor interés es el de Romero. El ex gobernador de Salta no solo es un alfil del Gobierno, sino que sostiene un vínculo aceitado con el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Y ambos senadores, que se conocen hace más de dos décadas, se reunieron la semana pasada para trazar un plan de acción que permitiera dar comienzo al tratamiento de la ampliación de la Corte, así como de reformar la Auditoría General de la Nación (AGN).

En esta cumbre, en la que participó también Miguel Ángel Pichetto, los senadores acordaron reactivar la agenda judicial paralizada por la falta de acuerdos políticos. La discusión por la AGN, que es el órgano del control externo del Poder Ejecutivo, era la gran protagonista porque días antes, en la sesión fallida de la Cámara de Diputados, el peronismo había amagado con designar a los tres miembros que le corresponden a la Cámara baja como resultado de un acuerdo político con Emilio Monzó. El objetivo era designar a Monzó, por parte del pichettismo, a Juan Ignacio Forlón, por parte del camporismo, y dejar una vacante vacía a ocupar por La Libertad Avanza. 

La sesión, sin embargo, se cayó por falta de quórum, y el peronismo analiza, ahora, alternativas en el Senado. Mayans encontró en Romero un interlocutor atento y con vínculo con Casa Rosada para reactivar una conversación que naufragó tras el rechazo a los pliegos de la Corte Suprema. El objetivo es volver a traer sobre la mesa la agenda judicial. 

El formoseño, incluso, aspira a incluir una reforma del Consejo de la Magistratura. Es la fantasía revanchista del cristinismo contra Horacio Rosatti desde que, en 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo, que es el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Con este fallo, la Corte retrotrajo la composición al que tenía en 2006 y volvió a colocar, así, al presidente de la Corte, es decir a Rosatti, como su presidente. 

El peronismo intentó sancionar una nueva ley durante el gobierno del Frente de Todos pero, como sucedió con todos las reformas judiciales, Alberto Fernández nunca logró conseguir el número. El peronismo pretende, ahora, volver a intentarlo durante la era Milei.

El efecto de la elección porteña

La mesa de negociación del peronismo con Santiago Caputo para aprobar los pliegos de Corte Suprema siempre incluyeron una diversidad de temas judiciales: el proyecto de Ficha Limpia, las más de 100 vacancias en los juzgados federales, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Tras el derrumbe de los pliegos en el Senado, sin embargo, las conversaciones retornaron al kilómetro cero. 

Guillermo Francos se había comprometido, hace un mes, con un grupo de legisladores peronistas a que volvería a plantear una mesa de negociación con todos los temas. Pero, en el medio, pasaron cosas. Específicamente una: la victoria aplastante de Manuel Adorni sobre el PRO en la elección porteña. La relación de fuerzas, luego de esto, cambió. El Gobierno se sentió empoderado y definió patear las conversaciones para después del recambio legislativo de diciembre, cuando espera contar con una renovada fuerza legislativa en el Senado. 

“Hasta la elección conversábamos. Pero el resultado en CABA le cambió el humor, Milei está embalado”, admite uno de los negociadores del cristinismo. 

Hasta entonces, el compromiso era difuso pero las conversaciones existían. El peronismo, incluso, había llegado a un acuerdo con Romero y había aceptado ampliar la Corte Suprema a 7 integrantes, tal como sostiene el proyecto del salteño. Pero, luego del resultado electoral porteño, el Gobierno se rehusó a hacerse cargo de esa iniciativa y deslizó, puertas adentro, que toda la negociación por la Corte se patearía para fin de año. Los tiempos se habían dilatado. 

Frente a este escenario, este miércoles, el peronismo intentará dar inicio al debate. Saben que el Gobierno no tomará ni una sola decisión hasta las elecciones de octubre, pero esperan, hasta entonces, tantear el terreno y sentar las bases para la ampliación de la Corte. Siguen esperando poder lograr, así, lo que nunca pudieron lograr durante el gobierno de Alberto Fernandez: poner a una juez propia en el máximo tribunal. 

“A este tipo te le imponés con el número, no con el diálogo. Se postergará, pero nosotros vamos a seguir teniendo el número para vetar”, sintetiza un senador peronista, como quien dice: tarde o temprano, Caputo va a tener que sentarse a negociar.

MC/MG