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ATE convocó a una reunión extraordinaria para evaluar “denuncias de despidos” de trabajadores estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

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La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este martes a una reunión extraordinaria y sesionará el primer día hábil del año para evaluar denuncias de despidos y las medidas de ajuste sobre el sector público, informó el sindicato en un comunicado.

El encuentro está programado desde las 16 en el Hotel Quagliaro, en Moreno 2654 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el gremio analizará “denuncias sobre cientos de cesantías, sanciones y traslados compulsivos”, además de “considerar la convocatoria realizada por las centrales obreras para el 24 de enero”.

“La insensibilidad de este Gobierno es absoluta. Sin que existan causas justificadas y violentando todas las normas, dejan en la calle a miles de familias”, apuntó el secretario general, Rodolfo Aguiar.

En ese sentido, aseguró que “el porcentaje de estatales bajo la línea de pobreza aumentó drásticamente en las últimas semanas”. “No descartamos determinar medidas de acción directas”, subrayó.

También será parte del análisis de situación el ajuste sobre los salarios que intenta imponer el Gobierno después de la frustrada convocatoria a paritaria de la última semana, donde el Ejecutivo llegó sin una oferta formal y la negociación pasó a un cuarto intermedio.

“Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de este 2024”, señaló el dirigente.

Al respecto, el gremio indicó que “el sindicato tomó conocimiento de cientos de despidos sin causa justificada, traslados compulsivos y sanciones en distintos ministerios y organismos durante los últimos días. Es por eso que se mantiene en alerta a partir de la decisión del Gobierno de revisar todos los contratos con menos de un año de vigencia en la Administración Pública Nacional”.

MB

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