Para el CELS, el proyecto de ley ómnibus contiene “medidas regresivas” para los “derechos humanos”

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó hoy el proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso por su carácter regresivo en materia de derechos humanos y sistema constitucional. “Pretende desactivar procedimientos clave y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia”, sostuvo la organización e instó al Poder Legislativo a no convalidar una iniciativa de tales características.

“En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal”, agregó el CELS en un comunicado titulado “Sobre el proyecto de ley ómnibus”. Según indicaron, ambas medidas suponen una “desprotección de las personas en los aspectos más básicos: la posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar su salud”.

En línea con los expresado por dirigentes de la oposición desde el anuncio de las sucesivas reformas, para el organismo de derechos humanos, “el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con la emergencia económica”. En este sentido, planteó que la iniciativa no busca “solo un cambio de régimen económico sino también de régimen político”, dado que pretende gobernar sin intervención del Congreso.

“El primer punto del proyecto de ley llamado 'Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos' es el pedido del Poder Ejecutivo nacional al Congreso para que le delegue facultades legislativas extraordinarias en todos los aspectos de la vida económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años y prorrogable hasta el final de su mandato”, especificaron desde el CELS.

Desde el organismo cuestionaron la falta de límites a las fuerzas de seguridad, lo que, a su criterio, redunda en un aumento de la violencia en lugar de una reducción del delito. Además, las restricciones a las reuniones de tres o más personas supone, según indicaron, “una suerte de estado de sitio permanente sin que haya sido declarado”.

No sólo esto, sino que las mismas medidas económicas que se buscan instrumentar bajo el argumento de los beneficios de la liberación económica podrían tener un impacto negativo en el delivery de servicios básicos. Según expresaron en el comunicado el dominio de la lógica mercantil “no deja ninguna garantía de que el Estado ejercerá un control adecuado para asegurarse que, una vez en manos privadas, estas empresas (privatizadas) prestarán un servicio público de calidad y de forma asequible”.

ACM con información de agencias.