Nada cierra

Con sus gritos en televisión y sus advertencias sobre la catástrofe, Claudio Belocopitt se convirtió en cara codiciada de la infodemia y en aliado inesperado de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Dueño de Swiss Medical y accionista del Grupo América, el titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud no deja de reclamar aumentos para las prepagas pero se concentra en alertar sobre la saturación del sistema de salud privado y la falta de camas de terapia intensiva ante el pico de contagios que vive la Argentina. Acostumbrado a ganar fortunas con aquel kirchnerismo que incorporaba millones de trabajadores sanos a la medicina prepaga, Belocopitt encontró al fin un motivo para conciliar su propios intereses con el drama general. Al margen de su show, el socio sanitario de Daniel Vila y José Luis Manzano no es el único que piensa que lucrar con la polarización es estar “pelotudeando en la cubierta del Titanic”. De perfil bajo y sin un holding de medios propio, el empresario Jorge Piva reclama una tregua de 60 días para lograr un consenso mínimo entre gobierno y oposición que permita enfrentar la emergencia. “Hace falta enfriar las pantallas y que los medios dejen espacio para un acuerdo. Me faltan camas y tengo las terapias arriba del 90%. Las intervenciones programadas se redujeron a cero y queda un piso duro para otras urgencias que ya no se puede bajar”, dice el director general de Medifé y el sanatorio Finochietto. Generosos auspiciantes, con una camada de formadores de opinión que defienden sus intereses en la puja permanente por aumentar la cuota de las prepagas, esta vez el pedido de los empresarios de la medicina privada no es atendido ni cuando gritan. La mayoría piensa que hay que volver al inicio, cerrar todo por un tiempo, funcionar con las actividades esenciales y acelerar con el proceso de vacunación en la medida en que se pueda.  

Desde el ministerio de Salud, afirman que los privados tienen desde siempre más camas de terapia que los hospitales públicos porque es más negocio y facturan más, pero remarcan que en el Estado hoy el problema principal no se reduce a las UTI sino al personal especializado que hace falta para atenderlas: el sector público no puede retener a los mejores profesionales y enfermeras, que trabajan en los hospitales con salarios ultradevaluados.

Nada más lejano de la tregua que piden las prepagas que el choque por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Por oportunismo, convicción o consejo de algún asesor, Horacio Rodríguez Larreta se pintó la cara para declarar “casi de vida o muerte” la continuidad de clases que, en la mayoría de las escuelas, ya se venían dando cada dos o tres semanas.

Favorecido por un presidente que entre la desesperación y la impotencia decidió ignorar a su amigo Horacio, el jefe de gobierno prefirió relativizar la curva de contagios, dar batalla en tribunales y hasta ignorar un fallo judicial. Larreta logró así lo que no había podido en el tiempo de la triple alianza con Fernández y Kicillof: usar la pandemia para potenciar su perfil nacional y al mismo tiempo encolumnar detrás suyo a los halcones del PRO de los que por lo bajo se queja. Le rinde en el reino del corto plazo, tal como lo admitían los colaboradores del jefe de gobierno que, apenas unas horas antes de que Argentina avanzara hacia el récord de los 60 mil muertos, aseguraban que Horacio estaba en “su mejor momento”. Pero atenta contra el objetivo de asumir el liderazgo de la oposición, el rol que Larreta quiere pero sigue ejerciendo Mauricio Macri, ese padre político y gran benefactor que por las dudas lo mandaba a espiar. Como le pasa a Alberto con Cristina, si Larreta no se diferencia de Macri más que en algunos modos, no hay razones para apostar a la copia revestida de gestión y es preferible volver al original.

Si la crisis unifica por un rato a los bloques de la polarización y descomprime las tensiones internas entre la dirigencia, por abajo se impone la fragmentación y el sálvese quien pueda. Fernández tiene una lista interminable de problemas por resolver. Por eso, vale oro el anuncio de que el empresario Marcelo Figueiras va a utilizar la transferencia de tecnología de los indios de Hetero y envasar el principio activa de la Sputnik V en Argentina para suplir el papel de salvador que estaba reservado para Hugo Sigman en el origen de la saga. Síntoma ineludible de que arriesgó mucho y sus colaboradores no le cuidaron bien las espaldas, el dueño del Grupo Insud quedó en la mira del artista de Comodoro Py Guillermo Marijuan. 

A las apuestas frustradas y a la dificultad para acceder a las vacunas se le suma una falta de perspectiva que llama la atención incluso dentro del oficialismo. Anunciada hasta el hartazgo, la segunda ola vino a desautorizar las proyecciones de Martín Guzmán, el ministro que decidió recortar el gasto Covid en el Presupuesto 2021 basado en una salida rápida que ahora entra en zona de anegamiento. Con Guzmán dedicado a una diplomacia europea que lo mantuvo fuera de la escena urgente de la Argentina, el gobierno ya activó los primeros paliativos para afrontar las nuevas restricciones, en especial los 15.000 pesos que serán destinados a casi un millón de personas. Si no hay un cambio de tendencia, Fernández tendrá que optar entre la falta de camas y el intento de avanzar en un cierre mayor que no se restringa a las escuelas y afecte también al transporte y la producción que no para. 

El rebote en la economía no sólo no llega a los bolsillos de los grandes conglomerados urbanos como el AMBA sino que vuelve a quedar afectado por un virus que muta y se sigue expandiendo. Sin fecha para la pospandemia que se anunció temprano, el coronavirus se perfila como el único dato estable que rige la dinámica política en el año electoral. Después del frío en que redundó la relación del ministro de Economía con la vicepresidenta, Máximo Kirchner le pide a los sectores de mayor diálogo con Guzmán que lo convenzan de que no es posible avanzar con el ajuste en este contexto. Mientras el Fondo bueno no aparece y tanto CFK como Sergio Massa piden postergar el acuerdo con los soldados de Kristalina Georgieva, el profesor de la universidad de Columbia permanece firme en su prédica de achicar subsidios para reducir el déficit fiscal y evitar turbulencias futuras. No queda claro, sin embargo, qué tipo de alquimia le permitirá impedir que los ingresos sigan cayendo si la inflación persiste por las nubes. 

Lo dice el último informe de la consultora PxQ: la dinámica de los precios complica el plan oficial basado en que los salarios le ganen a la inflación 2021 y el consumo privado se recupere tras 3 años consecutivos de caída. Peor que eso, el ancho continente de precarizados se expande junto con el virus y los sectores de menos recursos son empujados cada día a la pobreza. El martes próximo, cuando Claudio Moroni desempolve finalmente la instancia del Consejo del Salario, empresarios y sindicalistas se sentarán a contar escombros de un territorio devastado. Lo que muestran los consultoras del mercado lo sufren a la hora de comer los sectores más vulnerables de la población.

Hoy en manos de funcionarios de primera línea del gobierno, un informe elaborado por militantes del Frente Darío Santillán destaca que entre enero de 2018 y enero de 2021, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió nada menos que el 52% de su poder adquisitivo: aumentó un 132,4% en el mismo período en que la inflación escaló en un 253,9%. En diciembre de 2017, el SMV y M llegaba a cubrir la mitad de la canasta básica total o línea de pobreza y, en febrero de 2021, alcanzaba apenas para comprar un tercio de ese indicador. Fijado en la mitad del Salario Mínimo, el Salario Social Complementario que perciben los capas más bajos de pirámide social se reduce a la sexta parte de lo necesario para cruzar el umbral de la pobreza. Por eso y por la inflación de 13% en tres meses que registró el INDEC -42,6% en el último año-, desde las organizaciones sociales que respaldan al gobierno piden que el acuerdo en el Consejo del Salario incluya una cláusula de revisión para septiembre u octubre. 

Lo dijo en los últimos días el obispo más cercano al Papa Francisco, sin que su palabra tuviera tampoco ningún eco. “Como a los pobres no los ven, más que alguno que esté tirado por ahí en el centro, los que viven por acá ignoran que existen estas casas donde hay angustia por el día a día, por la comida, por chicos que no tienen acceso al mínimo recurso. Como no los ven, viven como si no existieran”. El ex rector de la UCA y actual obispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández dijo que en lugar de una salida más humanista lo que se impone es una “angustia individualista, de sálvese quien pueda” y cuestionó a los millonarios que se niegan a pagar el impuesto a la riqueza: “frente a lo que tienen, los afecta demasiado poco, no les cambia la vida”. Para el obispo Fernández, hoy es necesario priorizar a los que viven en la economía informal, pero hay un sector de la sociedad argentina que “los desprecia profundamente, no los considera seres humanos con la misma dignidad”.

Apenas un escalón más arriba de la pobreza, están los millones de personas que, en el primer año de la pandemia, recibieron el IFE cada dos meses y ahora no están contemplados por las partidas oficiales. Es una clase media baja que va y viene en medio de la polarización y, según temen algunos en el peronismo, empieza a expresar su resentimiento con el gobierno. 

Con fecha del 22 de abril y en base a 1275 casos en la provincia de Buenos Aires, el último trabajo de la consultora Circuitos aporta algunos indicios preocupantes para el peronismo oficial. El 82,2% de los encuestados considera que la situación del país es muy mala (36,3%), mala (21,5%) o regular (24,4%); el 55,9% cree que su situación puede empeorar (25,9%) o empeorar mucho (30%), el 20,5% piensa que mantenerse igual y solo el 20% apuesta a que puede mejorar (14,5%) o mejorar mucho (4,9%). Consultados por las últimas restricciones que ordenó Fernández, el 58,1% se dice dispuesto a cumplirlas y el 26,6% afirma que no está dispuesto, mientras el 52,6% destaca que las medidas afectan su trabajo o sus ingresos 52,6% y el

37,9% asegura que no los afectan. Hacia adelante, no hay demasiado margen social para botón rojo: solo el 22,1% cree que las restricciones deben mantenerse, el 37,1% pide flexibilizarlas y el 23,5% opina que hay que abandonarlas. Más aún, el 65,5% pide volver a la presencialidad en las escuelas.

De acuerdo al estudio que dirige el sociólogo Pablo Romá, tres datos conspiran contra el Frente de Todos. En relación al trabajo previo, de principios de marzo, aumentó 7 puntos el pesimismo ante la situación del país y creció 9 % el total de los que juzgan como “muy mala” la gestión del gobierno, en un panorama general donde la opinión negativa es bastante más alta que la positiva. Además, aunque el FDT sigue primero en intención de voto -4 puntos arriba de Juntos por el Cambio- disminuyó el porcentaje de los que se dicen representados por el kirchnerismo: si a principios de marzo eran el 32,1% ahora son el 27,1%. El número contrasta con el ascenso de los que afirman no sentirse identificados con ningún espacio político: hace un mes y medio eran el 29,9%, pero ahora son el 32,5%, la fuerza electoral más potente del sistema político en la inmensidad bonaerense. 

DG