El nuevo plan veto: Milei endurece su estrategia con aval del FMI y busca blindaje en Diputados

Javier Milei volvió a activar el botón del veto. En el filo del plazo legal y con un guiño explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente vetó este lunes las leyes de movilidad jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad sancionadas por el Congreso. La decisión relanza una herramienta que ya había usado en 2024, aunque ahora con un respaldo internacional más claro y en medio de un clima electoral que complejiza las negociaciones políticas. “Somos coherentes: todo lo que afecte el equilibrio fiscal va a ser rechazado”, sostuvieron fuentes oficiales ante la consulta de elDiarioAR.

Los vetos alcanzan a tres normas distintas: una que establecía un aumento de emergencia del 7,2% para jubilados, con la creación de un bono permanente de $110.000; otra que reinstalaba la moratoria previsional por dos años y flexibilizaba el acceso a la PUAM; y una tercera que declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, proponía una nueva pensión no contributiva y fijaba una compensación extraordinaria para prestadores del sistema.

La decisión del Presidente coincidió con la publicación del último Staff Report del FMI, que respalda el uso del veto como herramienta para “preservar el ancla fiscal y las ganancias de estabilidad económica”. A diferencia del año pasado, cuando el organismo promovía consensos legislativos y reclamaba un presupuesto aprobado por el Congreso, el Fondo destaca ahora que las leyes votadas implican “nuevas y costosas iniciativas de gasto sin financiamiento”. La interpretación libertaria es clara: “No hay plata” ya no es solo un eslogan doméstico, sino una directiva avalada desde Washington.

Pero la ofensiva oficial fue más allá. El comunicado de la Oficina del Presidente anticipó que también serán rechazados los proyectos con media sanción que la oposición buscará que se debatan en el Congreso esta semana. “Pretenden forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero”, advierte el texto. En la misma línea, el decreto de veto denuncia supuestas “irregularidades” en el trámite legislativo y acusa al Congreso de promover una “fuerte ruptura del orden macroeconómico”.

Operativo blindaje

La estrategia libertaria combina dureza discursiva con pragmatismo negociador. En paralelo a la embestida legislativa, la Casa Rosada busca blindar los vetos en Diputados. Con asistencia perfecta, se requieren 172 votos afirmativos para insistir con una ley vetada. El oficialismo, que calcula contar con al menos 84 votos propios y aliados, apuesta a desactivar la mayoría opositora con ausencias selectivas, abstenciones inducidas y acuerdos por debajo del radar.

Esa ingeniería se puso en marcha la semana pasada. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vice de Interior Lisandro Catalán y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, iniciaron una ronda de contactos con gobernadores y legisladores clave. La prioridad es impedir que prosperen las insistencias parlamentarias sobre las tres leyes vetadas. Según fuentes oficiales, la expectativa no está puesta en revertir votos negativos, sino en evitar que los críticos bajen al recinto.

El Ejecutivo juega ahora a dos puntas. Por un lado, negocia con gobernadores de perfil dialoguista para cerrar alianzas electorales en sus provincias. Como ya ocurrió en Chaco con Leandro Zdero, el Gobierno avanza en entendimientos con Alfredo Cornejo en Mendoza y con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Son acuerdos pensados tanto para contener la interna oficialista como para sostener la presencia de La Libertad Avanza en distritos donde su estructura territorial es limitada de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Por el otro, intenta fracturar el frente de gobernadores que se expresó políticamente a través del armado del autodenominado “Grito Federal”. En la Rosada descartan que ese espacio tenga cohesión real y señalan que sus integrantes —Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)— “no tienen puntos en común entre sí”. Prefieren omitir que los une, en todo caso, el malestar compartido con la gestión nacional.

Aunque la estrategia incluye una retórica confrontativa, el Gobierno también evalúa conceder algunos reclamos provinciales como parte de la negociación legislativa. Entre ellos, un rediseño del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una distribución distinta del impuesto a los combustibles líquidos. En julio, la Nación asignó $10.500 millones en ATN de forma discrecional a provincias con las que mantiene buena sintonía política, como Catamarca, Tucumán y Salta. Sin embargo, en Balcarce 50 reconocen que podrían abrirse a modificaciones recién cuando los proyectos lleguen al recinto de Diputados.

El plan veto, que en 2024 funcionó como demostración de fuerza frente a un Congreso adverso, ahora se vuelve parte de una rutina institucionalizada. Milei apuesta a sostener su autoridad con una combinación de decretos, apoyo multilateral y alianzas electorales tácticas. La incógnita es si podrá repetir esa fórmula sin pagar costos en el terreno político. El FMI acompaña, pero los gobernadores ya no se alinean con la misma docilidad. Tampoco el Congreso.

PL/MC