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Sin el oficialismo y con diputados de la oposición ausentes, se cayó la sesión sobre biocombustibles

El secretario de Energía Darío Martínez, durante su exposición del martes pasado sobre el régimen de Biocombustibles

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Fracasó el joint venture de los diputados de Juntos por el Cambio con el interbloque de lavagnistas y schiarettistas. La oposición ampliada no logró llegar al quórum necesario para habilitar la sesión especial que iba a debatir la prórroga de la ley de de Biocombustibles. Se trata de un régimen que ya fue aprobado por unanimidad en el Senado, antes de que el gobierno (con Máximo Kirchner y el secretario de Energía Darío Martínez a la cabeza) cambiara de opinión sobre algunos puntos de la ley. La jugada alcanzó a reunir 108 legisladores, 21 por debajo del número necesario para habilitar la sesión. 

Entre las ausencias más llamativas figuran 12 diputados de JxC, seis de los cuales provienen de provincias patagónicas con intereses petroleros. También, el jefe del interbloque Federal, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca. Ese espacio había hecho presión para que Sergio Massa convocara a la sesión finalmente fallida.

“No habiéndose conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial convocada para el día de la fecha”, señaló el presidente de Diputados, Sergio Massa, pasado el mediodía. 

Al exponer en la manifestación de minoría, el jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, reconoció que “era muy difícil alcanzar el número” de legisladores para llegar el quórum. “En el 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner se impulsó la ley de Biocombustibles, que significaba que los combustibles fósiles debían incorporar en su procesamiento y comercialización los biocombustibles. Eso significaba ingresar en el cambio de la matriz energética. Argentina fue de los primeros países que comenzó y fue creciendo aceleradamente entre 2006 y 2015”, argumentó el diputado cordobés. 

Justificó así la importancia de prorrogar el régimen regulatorio con beneficios para el sector, que vence en mayo próximo. Si bien no se cumple con rigurosidad, la nafta debe tener 12% de bioetanol y el gasoil ,10% de biodiesel. Así lo determina el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles —la ley 26.093— que fue promulgado en 2006 y dispuso un plan de 15 años para desarrollar el sector.

Inicialmente el texto establecía un corte del 5% de biocombustibles en los fluidos de origen fósil, pero modificaciones posteriores arribaron a porcentajes superiores, aunque su cumplimiento efectivo se ve alterado por temas vinculados a la producción y al precio. Además, como una medida de promoción, la norma exime a los combustibles de origen vegetal del pago de ciertos impuestos que sí pesan sobre el resto. 

Así, el debate sobre la prórroga derivó en una puja entre intereses: petrolero vs agroproductor. De ahí surge un dato sugestivo: seis de los 12 diputados cambiemitas que faltaron a la sesión de este jueves provienen de la Patagonia. Son tres macristas y tres radicales, oriundos de Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz. Los otros seis faltaron o no se pudieron conectar, pero no avisaron: Ezequiel Fernández Langan (PRO), Sebastián García de Luca (PRO), Gustavo Hein (PRO), Luis Juez (PRO), Juan Maquieyra (PRO) y José Luis Riccardo, de la UCR.

Pero hubo otros seis representantes de JxC que no pudieron entrar por test retrasados o por problemas de conexión. Los diputados se loguearon después de que Massa leyera el número de 108 presentes. La presencia de esos seis no hubiese cambiado el desenlace de la sesión caída. Y si de casualidad hubiera conseguido el número mágico de 129 bancas, habría necesitado una mayoría de dos tercios para aprobar la iniciativa, porque el proyecto no contaba con dictamen de comisión.

En la previa, Juntos por el Cambio había logrado unificar el pedido con el interbloque Federal, cuyo jefe es Eduardo “Bali” Bucca.

La bancada liderada por Negri apenas consiguió el respaldo de la monobloquista tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y de la tribu schiarettista de Córdoba Federal. Existen 10 provincias interesadas en prorrogar la ley. Ahí hay 54 plantas instaladas que generan energía en biocombustibles.

El Frente de Izquierda no aportó al quórum. “Acá se enfrentan dos lobbies: el agronegocio de Juntos por el Cambio, contra el de las petroleras representado por el Frente de Todos”, resumió el diputado Nicolás del Caño. 

Las seis bancas del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, conducido por el mendocino José Luis Ramón, tampoco se sumaron a la movida. La misma postura tomaron en Acción Federal, del riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, y la monobloquista neuquina Alma Sapag.

A las 12 del mediodía, cuando ya se habían cumplido los 30 minutos reglamentarios, Massa concedió diez minutos de prórroga. No alcanzó.

¿Cuál es el motivo del giro del gobierno, tras haber apoyado la prórroga en el Senado en octubre pasado? La Rosada planea presentar una nueva ley de Biocombustibles, más contemplativa de los intereses que defiende las provincias petroleras.

Si bien no difundió ningún proyecto concreto, el secretario de Energía Darío Martínez lo sugirió el lunes pasado en la Comisión de Energía y Combustibles. El neuquino Martínez aseguró que el nuevo régimen deberá adaptarse al contexto actual, muy diferente al de 2006, cuando existía un gran entusiasmo en los biocombustibles como vía de acceso a la energía verde.  

“Ahora la transición energética tiene otras variables”, dijo Martínez, y mencionó a la electromovilidad, el hidrógeno e incluso al gas “como combustible de transición”. Por otro lado, el funcionario señaló que se deberían contemplar las diferencias en los mercados de la caña de azúcar, el maíz y la soja, donde el costo de oportunidad de volcar el producto al biocombustible y no a fines exportables es distinto. Por caso, la caña de azúcar no tiene mercado fuera de la Argentina. En su exposición quedó claro que la intención oficial es mantener los beneficios, pero sólo para los pequeños y medianos productores. Por el contrario, el gobierno pretende reducir el subsidio a las empresas multinacionales exportadoras de grano.

AF

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