Paul Starc renunció a la UIF: una gestión fugaz, tensiones con Caputo y un relevo en plena pulseada por la información

A un año de haber sido anunciado como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc presentó su renuncia. La decisión se formalizó este jueves, luego de que el fiscal federal reuniera a los directores que él mismo había nombrado y les pidiera la dimisión. La escena, inusual y cargada de tensión, coronó una salida que ya se descontaba en los pasillos del organismo antilavado. Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc dejó el cargo por “razones personales” y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un economista con trayectoria en el sector público y privado, que en los últimos años se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería. El Gobierno lo describe como un profesional con experiencia en finanzas y administración, que llega con el objetivo de “consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”. Pero su llegada también tiene una dimensión política: Gaspari es un funcionario con vínculos aceitados en el núcleo más cerrado del poder libertario.

El trasfondo de la salida de Starc es político, técnico y estratégico. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la Casa Rosada le había exigido que adecuara la normativa preventiva de la UIF a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Javier Milei. El titular del organismo se habría resistido a ese pedido, lo que generó fricciones con las máximas autoridades. Las tensiones, sin embargo, no eran nuevas: habían comenzado en julio, cuando Starc se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo.

La crisis se profundizó en un contexto sensible. En los primeros días de enero, Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense que se especializa en la prevención de delitos financieros. Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA, que generó preocupación entre los organismos de control internacional por sus posibles implicancias patrimoniales e institucionales.

La gestión de Starc había comenzado de manera atípica: su designación se formalizó recién en abril, casi tres meses después del anuncio oficial. Su debut fue tan seco como simbólico. Esa misma semana, el Gobierno publicó el decreto 274/2025, con el que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción. La norma no prohibía expresamente esa función, pero en la práctica le quitaba una de sus herramientas clave de intervención judicial.

Para ese entonces, Starc ya había quedado bajo la órbita de Santiago Caputo, el asesor presidencial que impulsó su desembarco tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci en medio de acusaciones cruzadas. Aunque llegó al cargo con un perfil técnico y una carrera de más de tres décadas en la Justicia Federal con fama de “hombre de acción”, su paso por el organismo fue prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y mantuvo a la UIF en una parálisis operativa que derivó en un vacío de poder. De hecho, en los hechos, la conducción estuvo a cargo de su vice, Santiago González Rodríguez.

Su renuncia se produce, además, en un momento clave para el sistema de inteligencia. Desde fines de 2025, la UIF forma parte de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, creada por el polémico DNU presidencial que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado. La salida de Starc y el arribo de Gaspari abren así un nuevo capítulo en la disputa por el control de una de las áreas más sensibles del poder: la información.

PL/MG