El PRO y Carrió buscan afiliados para contrarrestar al radicalismo en una posible interna

Cristian Ritondo es uno de los 12.000 nuevos afiliados al PRO. A los 54 años y tras una larga trayectoria de identificación con el PJ, el el jefe del bloque amarillo en Diputados actualizó su estatus partidario. Lo hizo formalmente ante la Cámara Nacional Electoral, que exige una ficha con firma de puño y letra. Hacía más de una década que Ritondo militaba en el espacio fundado por Mauricio Macri. 

Con menos años dentro de las filas PRO, pero convertida en su presidente, Patricia Bullrich hizo el mismo cambio. En realidad intentó hacerlo pero no pudo. Tras su adhesión al peronismo revolucionario en los setenta, una errancia por las distintas ramas del justicialismo en los ochenta y noventa, más una excursión al poder durante el gobierno aliancista, La Piba fundó el sello Unión por la Libertad en 2003. El año pasado, la exministra trató de pasarse a Propuesta Republicana, pero no lo consiguió por un error en un cambio de domicilio.

Tanto Ritondo como Bullrich bajaron esa misma indicación hacia sus tropas: había llegado el momento de engrosar el padrón de afiliados al macrismo nominal. El motivo genérico era revitalizar al PRO, tras la doble derrota en Nación y Provincia de 2019. Un movimiento que incluso contrariaba el principal mandamiento de la biblia amarilla que prioriza el proselitismo de la conversación digital y la comunicación segmentada vía redes por sobre el encuentro territorial y esas antigüedades de las afiliaciones, los comités y los partidos políticos. 

Existe otro objetivo más pragmático. Ante la posibilidad de que se suspendan las PASO, los partidos que componen Juntos por el Cambio se preparan para una interna no obligatoria que defina las candidaturas a diputados y senadores. Pese a su rechazo histórico a la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, JxC ahora la percibe como un mecanismo para zanjar sus diferencias y ordenar sus boletas sin sangre, especialmente en las provincias más convulsionadas y con autoinscriptos para ser candidatos. Por ejemplo, nada menos que la Capital Federal, Córdoba y Santa Fe.

En la provincia de Buenos Aires, la UCR suma 648.037 simpatizantes, contra 38.305 del PRO y 12.104 del espacio conducido por Elisa Carrió.

Por estructura y peso histórico, la UCR arranca con una ventaja formal en esa carrera, o al menos así figura en los registros de la Cámara Nacional Electoral hasta el 2019. En Capital, el radicalismo cuenta con 114.505 afiliados y supera al Partido Justicialista, con 95.750. El PRO tiene apenas 11.412; y la Coalición Cívica, 4.133. 

En la provincia de Buenos Aires, la diferencia es aún mayor. En la provincia de Buenos Aires, la UCR suma 648.037 simpatizantes, contra 38.305 del PRO y 12.104 del espacio conducido por Elisa Carrió. 

Si bien se trata de un ranking frío y que puede no traducirse en un activismo real, macristas y lilitos prefieren estar cubiertos. La Coalición Cívica está terminando de pulir una campaña de redes para sumar afiliados con “la idea es poder construir un mensaje sobre la importancia de que nos acompañen”, afirmó el diputado y jefe el bloque de la CC, Maximiliano Ferraro. “No tenemos financiamiento empresario”, dijo.

Ausencias

El plan de la Coalición es fortalecer los distritos en los que cuentan con personería y después conseguir la representación en donde nunca la alcanzaron. Las provincias sin presencia legal de Carrió son Jujuy, Salta, San Juan, Misiones, La Pampa, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, Santiago del Estero y San Luis. En Chubut y Entre Ríos, la CC tenía personería y se cayó. En Jujuy, San Juan y Misiones, sus adherentes confían en que lo lograran en breve. 

En la Capital, el larretismo puso en marcha un plan de afiliación inmediatamente después de que Alberto Fernández anunciara la quita de la coparticipación por decreto. El punto de quiebre en la relación del presidente con su “amigo Horacio” coincidió con la renovación del Consejo Directivo del PRO porteño. El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, renovó su condición de presidente del macrismo y, por debajo, Larreta ensayó un reparto de cargos entre las tribus amarillas. El larretista Juan Pablo Graña, quien se volvió cercano al jefe de Gabinete Felipe Miguel, ocupó la secretaría general del partido.

Desde septiembre del año pasado, la nueva jefatura montó cuatro mesas con una sombrilla y dos o tres militantes en cada una de las quince comunas. El objetivo del minidespliegue era explicarle a quien quisiera oír sobre la trama de la pelea con la Nación por los fondos de la coparticipación. En la narrativa del oficialismo de CABA, los soldados macristas notaron que, en plena pandemia y prevención hacia el acercamiento personal, el interés cívico excedía esa puja monetaria. Algunos porteños se ofrecían para fiscalizar y hasta afiliarse al PRO, una vez que la charla escalaba en afinidad ideológica, dicen. 

“Fue parte de una estrategia más abarcativa, queremos ejercitar el músculo partidario. No está bien descuidarlo. Las redes son un medio excelente para el momento de la campaña, pero la relación personal es irremplazable”, afirmó Graña.

Así, el larretismo consiguió la firma de unos 12.000 nuevos afiliados en fichas que, en breve, presentará ante la Justicia electoral. Si las PASO se mantienen en pie este año, la suba no tendrá demasiado impacto, pero ante una posible puesta en pausa (idea empujada por casi todos los gobernadores), el PRO sumará potenciales votantes en una interna voluntaria. 

AF