Secuestros y torturas en La Fronterita: cuando el poder económico esquiva el banquillo
Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria colectiva argentina se detiene en las huellas de un plan de exterminio que, en Tucumán, tuvo un prólogo feroz con el Operativo Independencia. Mientras el país conmemora cinco décadas de lucha por Memoria, Verdad y Justicia, en esta provincia el reloj parece haberse detenido. La reciente suspensión del juicio por el Ingenio La Fronterita, con 68 víctimas de delitos de lesa humanidad que debía iniciar este 11 de marzo, demuestra que el poder económico aún batalla por evitar el banquillo de los acusados sobre su complicidad con el terrorismo de Estado.
El mundo rural como blanco del plan sistemático de exterminio
El terrorismo de Estado en Tucumán no fue un fenómeno meramente urbano, fue una cacería diseñada para desarticular el movimiento social en el corazón productivo de la provincia. El plan sistemático de exterminio tuvo como blanco a los trabajadores de la caña de azúcar y del mundo rural, un sector que representaba parte de la columna vertebral de la resistencia social y sindical.
Para las fuerzas represivas, el peón de surco y el obrero del ingenio no eran solo trabajadores, sino objetivos militares dentro de una estrategia de control territorial. La militarización de los pueblos azucareros buscaba aniquilar la histórica capacidad de movilización de la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA), el poderoso gremio azucarero que había tenido conquistas históricas, desafiando hasta al expresidente Juan Domingo Perón. En este esquema, el ingenio dejó de ser una unidad productiva para integrarse a la logística del horror, convirtiendo el paisaje rural en un escenario de persecuciones, secuestros y disciplinamiento social a través del miedo.
La cacería de Ortiz
Dentro de este plan, la figura de Fidel Jacobo Ortiz, secretario general del sindicato de La Fronterita, personifica la saña contra el sindicalismo de base. Su secuestro, ejecutado en 1976, fue una muestra de la cacería coordinada entre el Ejército y la empresa. Ortiz fue arrancado de su hogar en un operativo violento, realizado a plena luz del día y frente a su familia, lo que evidencia “la zona liberada” que imperaba en los alrededores del ingenio.
Según los registros y testimonios, Ortiz no fue llevado a una comisaría, sino trasladado de inmediato a la base militar instalada dentro del propio predio de La Fronterita. El ensañamiento contra él fue particular: por su rol de liderazgo y su defensa de los derechos de los obreros del surco fue sometido a interrogatorios bajo torturas en los mismos galpones donde habitualmente cumplía su labor.
La logística empresarial fue determinante: se denunció que los grupos de tareas utilizaron camionetas de la propia compañía para su traslado y que la oficina de personal facilitó los datos precisos para localizarlo. Su destino final es incierto, tras pasar por este Centro Clandestino de Detención (CCD). Ortiz está desaparecido, siendo el símbolo de cómo la estructura empresarial proveyó “listas negras” para eliminar a los referentes rurales más combativos.
Fidel Jacobo Ortiz no era un dirigente cualquiera. Se había criado en la Colonia 3 del ingenio La Fronterita, viviendo allí con su familia en las modestas casas que la empresa construía para sus trabajadores. Comenzó como obrero del surco –el trabajo más duro en el cultivo de caña– pero su compromiso con los compañeros lo llevó a escalar posiciones en el sindicato. Su influencia era tal que, a pesar de venir de una familia humilde, fue electo secretario general con 35 años y representó con dignidad los intereses de los trabajadores azucareros, según testimonios, frente a las injusticias laborales y al modelo productivo inequitativo que implementaba la empresa.
Ortiz fue secuestrado unos días después del golpe de 24 marzo de 1976. Lo liberaron 43 días más tarde, en la localidad de El Manantial, luego de haber sido sometido a torturas, por lo que su estado de salud era delicado cuando regresó a su casa, recordó su hija Hortensia Ortíz, quien dialogó con elDiarioAR. Había perdido su trabajo en La Fronterita y sus verdugos le advirtieron que abandonara el país pero regresó con su familia y en junio fue detenido, una vez más, y nunca más se supo de él. “Papá no quería dejarnos, a pesar de las amenazas”, rememoró Hortensia. “Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo”.
Galpones convertidos en mazmorras
En la planta azucarera operó la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Federal, los propietarios del ingenio cedieron tres galpones a los militares, denominados “Tambo” y los “Conventillos”, utilizados por los trabajadores golondrina durante la zafra y “Campamento”, en donde estaban las carpas del Ejército Argentino desplegadas alrededor de una laguna de descarte de desechos de la planta azucarera. En los dos primeros se secuestró, torturó y desapareció a decenas de personas, a solo 300 metros de la casa del administrador Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien no podía haber desconocido la existencia de esos delitos. El lugar fue funcional a la “La Escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención y tortura del país, por el que pasaron alrededor de 2.500 víctimas, que está a solo seis kilómetros.
El caso de La Fronterita no es aislado, también se utilizó la misma metodología represiva en los ingenios Lules, Nueva Baviera, Santa Lucía, Bella Vista y Concepción. En este último, ubicado en el municipio de Banda del Río Salí, pegado a la capital tucumana, al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran gremialistas de la FOTIA o delegados del ingenio. De ese total, 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa aportó vehículos para los operativos de secuestros, muchos de los cuales sucedieron en las propias instalaciones. El genocida condenado y fallecido Antonio Domingo Bussi, excomandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en la planta, según testimonios.
Las cifras del genocidio
Una investigación conjunta del Centro de Estudios Genocida (CEG) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán (MIT), en base a datos extraídos de los juicios que se sustancias en estrados judiciales federales, reveló otra dimensión del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983, al consolidar una base de datos actualizada a 2025 que documenta 1.887 víctimas.
El estudio arrojó que el 44% de las víctimas tucumanas –825 personas– fueron secuestradas durante el Operativo Independencia, lo que confirmó que la represión ilegal no comenzó con la dictadura cívico militar, lo que desmantela la narrativa que intenta diferenciar ambos períodos. El 64% de las víctimas secuestradas (527) fueron liberadas, hubo 40 casos de crímenes y 258 personas están desaparecidas. El alto porcentaje de sobrevivencia no fue una rareza tucumana: una proporción similar se registra a nivel nacional.
Al poner la lupa sobre los secuestros, se determinaron sus actividades en 555 casos: 450 víctimas trabajaban, 66 estudiaban y 28 estudiaban y trabajaban. El grupo más grande fue de la industria azucarera (123) y durante la dictadura este número ascendió a 305. Le siguieron los trabajadores de la administración pública (42), de otras tareas agrícolas (39) y de construcción (32). La cifra de 305 refleja la centralidad económica y política de los ingenios en la provincia, así como la determinación de las fuerzas armadas de desarticular cualquier organización sindical o política vinculada a la industria.
La geografía del terror en Tucumán se materializó, además, con la existencia de 80 centros clandestinos de detención identificados: 14 estaban vinculados a ingenios azucareros. Así, la fábrica y el campo dejaron de ser lugares de producción para transformarse en nodos de un sistema represivo que articulaba el poder económico con el militar.
Los acusados: de la gerencia al banquillo
La causa Fronterita tuvo un sinuoso recorrido. En 2019, el juez federal Daniel Bejas –actual miembro de la Cámara Nacional Electoral- dictó la falta de mérito para los empresarios acusados, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Tucumán. Fue la Cámara de Casación quien, en diciembre de 2020, revirtió ese criterio y en agosto de 2021 la Cámara de Tucumán procesó a los imputados por crímenes de lesa humanidad.
Producto de esas demoras judiciales solo llegaron a juicio dos acusados de la media docena original: Jorge Alberto Figueroa Minetti, que era administrador, y Eduardo Buttori, exmiembro del directorio. La fiscalía los acusa de ser partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad contra 68 víctimas, incluyendo torturas, homicidios y violencia sexual. La acusación sostiene que la empresa prestó apoyo logístico esencial –vehículos, predios y combustible– para la persecución de sus propios empleados. Otros dos exdirectivos procesados quedaron afuera: Alfredo José Martínez Minetti, fallecido, y Fernando Cornú De Olmos, apartado por problemas de salud.
El juicio oral estaba previsto para marzo de 2025 pero fue suspendido por la recusación contra dos juezas y para analizar el estado de salud de los dos empresarios imputados. Finalmente, el pasado miércoles 11 de marzo, tras innumerables demoras, debía comenzar el juicio oral contra Figueroa Minetti y Buttori pero un día antes, el Tribunal Oral Federal suspendió el debate: la defensa solicitó una nueva pericia médica sobre la salud de Figueroa Minetti, lo que obligará a intervenir al Cuerpo Médico Forense. La fecha de inicio quedó en suspenso.
“Esta decisión implica un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia en una causa que lleva más de diez años de trámite judicial y que investiga delitos de lesa humanidad. Esta situación coloca la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica, consecuencia de las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia. El juicio tiene, además, un carácter histórico: es el primero en Tucumán que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado”, sostuvo a eldiarioar Rodrigo Scrocchi, integrante de la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
“A horas de comenzar el juicio, esta suspensión vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cuando el tiempo avanza más rápido que la justicia”. “A 51 años del Operativo Independencia y a 50 años del terrorismo de Estado en Argentina, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia”, señaló la entidad en un comunicado. ANDHES acompaña la causa como querellante y representa a familiares de víctimas del Ingenio La Fronterita, entre ellos, a la familia de Ortiz.
Consultada Hortensia por elDiarioAR sobre esta nueva dilación, su breve respuesta fue: “tememos que ahora todo quede en la nada como en otros casos, no solo para nosotros, también para el resto de las víctimas”. Y tras un silencio, agregó: “nos piden que esperemos, que tengamos paciencia pero la paciencia alguna vez se acabará”.
El espejo del Ledesma
La suspensión del juicio en Tucumán encendió las alarmas por su similitud con el caso de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en Jujuy. Blaquier falleció en 2023, a los 95 años, sin haber sido juzgado, beneficiado por una estrategia judicial de dilación. El caso Blaquier quedó definitivamente cerrado por la muerte del imputado, el de La Fronterita está “al borde de la impunidad biológica”.
Ambos procesos ilustran lo que los organismos de derechos humanos identifican como una resistencia estructural del Poder Judicial para avanzar en causas contra actores económicos. De las 360 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas en el país, desde 2003, solo cinco involucraron a empresarios y ninguno del sector agroindustrial ha sido condenado hasta el momento. La impunidad biológica, lejos de ser un destino inevitable, aparece como consecuencia directa de “las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia”. A 50 años del golpe, la justicia no puede seguir siendo un trámite postergable.
DC/MG
0