Los tribunales y el Congreso ponen la lupa sobre la SIDE, mientras el Gobierno niega que haya espionaje político

El fantasma del espionaje político vuelve a recorrer el Estado. Facundo Manes presentó este lunes una denuncia penal contra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo hizo tras conocerse que el organismo elaboró un informe interno con detalles sobre sus actividades privadas —incluida una reunión en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti— junto a datos de otros dirigentes opositores, gremialistas y colectivos sociales. El reporte, elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y revelado por Hugo Alconada Mon en La Nación, podría constituir, según el diputado radical, una violación a la ley 25.520.

El documento —titulado “Hechos previstos 09JUL25” y fechado el 8 de julio— forma parte de una serie de reportes internos que detallan reuniones, protestas, actos partidarios y hasta actividades culturales previstas para el Día de la Independencia. Todas acciones lícitas, pero relevadas en detalle por el organismo más opaco del Estado. El informe no alude a ninguna amenaza para la seguridad nacional, ni exhibe respaldo judicial.

Desde Casa Rosada intentaron bajarle el tono al escándalo. En reserva, voceros oficiales afirmaron que se trata simplemente de “un clipping” elaborado con “información pública y abierta” que, en algunos casos, “puede servirle al Presidente” para anticipar eventuales focos de conflicto. Pero fuentes de la propia SIDE admitieron que el seguimiento sistemático de actores sociales, aunque sea con datos abiertos, forma parte de una lógica habitual del organismo.

Manes considera que esto no es nuevo ni espontáneo: lo conecta directamente con una causa previa que él mismo impulsó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien denunció por amenazas coactivas tras un cruce en los pasillos del Congreso, durante la apertura de sesiones ordinarias. El fiscal Ramiro González había pedido archivar la causa, pero los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun ordenaron su reapertura. Ahora, el diputado presentó el informe de la SIDE como “hecho nuevo” que confirma la existencia de un patrón de hostigamiento.

El escándalo crece con el telón de fondo del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN). En junio, el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, justificó ese documento reservado ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Lo hizo en un marco inusual: la reunión se celebró dentro de la propia sede del organismo, en la calle 25 de Mayo 11. Allí, diputados y senadores escucharon a Neiffert exponer los nuevos objetivos, métodos y prioridades del espionaje argentino. Una de las cláusulas más polémicas del PIN habilita a la SIDE a vigilar a “actores sociales que puedan erosionar la confianza en los funcionarios públicos”, un concepto lo suficientemente vago como para legitimar tareas de seguimiento interno. El informe sobre opositores ahora revelado parece responder a esa misma lógica.

En el Congreso, la reacción ya comenzó. Martín Lousteau, presidente de la Bicameral, confirmó que convocará una nueva reunión para tratar el tema. En tanto, uno de los referentes kirchneristas en el Senado, Oscar Parrilli, anticipó que se pedirá al Ejecutivo información formal sobre el funcionamiento de la SIDE bajo el mando de Neiffert. “Esto recuerda lo que sucedió durante el macrismo”, advirtió en una entrevista con AM 530. El senador hizo foco en la selectividad del espionaje: el informe confidencial relevó, además de las actividades de Manes, las de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y dirigentes de izquierda, además de protestas de jubilados, sindicatos y personas con discapacidad. Ningún funcionario de La Libertad Avanza aparece mencionado. Para Parrilli, esa omisión deja en evidencia el uso político de los recursos de inteligencia.

Polémica abierta

Pero las sospechas no empezaron este lunes. El 8 de julio pasado, el mismo día en que se elaboró el informe interno de la SIDE, la diputada Lourdes Arrieta se presentó presencialmente ante la Bicameral de Inteligencia para ampliar una denuncia previa, radicada por escrito tres semanas antes. Su exposición, junto a su abogado, apuntó al propio Neiffert, a su hijo Lautaro —de 25 años, accionista de una firma de seguridad que, según registros oficiales, ingresó al menos seis veces a Casa Rosada entre junio y agosto de 2024— y al empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi, por la existencia de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados.

La trama incluye viajes privados, ingreso de valijas sin declarar y la firma de contratos secretos con una empresa estadounidense: Tactic Global LLC, registrada en Florida y dirigida por el propio Scatturice. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia de EE.UU., Tactic fue contratada por la SIDE en abril para actuar como “enlace estratégico” entre el gobierno de Javier Milei y sus interlocutores en Washington. Cobra 10.000 dólares mensuales, sin licitación pública ni difusión oficial. Para Arrieta, que formó parte de La Libertad Avanza hasta septiembre de 2024, la firma encabeza una red diplomática paralela que debería estar en manos de la Cancillería.

En su denuncia, Arrieta pidió identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y señaló que tanto Tactic como la fundación CPAC Argentina y una red de empresas satélite —radicadas en Paraná y en Florida— funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado. En el centro del esquema ubica nuevamente a Santiago Caputo, el asesor más influyente del Presidente.

A comienzos de este año, sin ir más lejos, el propio Caputo viajó a Miami junto a su hermano Francisco y Manuel Vidal, hombre de su extrema confianza, para reunirse con Scatturice. El empresario, con residencia en Florida, no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios. Otros aspirantes a cargos clave en el gobierno también viajaron a entrevistarse con él.

Ahora, con una denuncia penal en marcha, un Congreso movilizado y un sistema de inteligencia en el centro de todas las miradas, el Gobierno enfrenta el costo institucional de un modelo de espionaje interno que ya no puede disimularse bajo la etiqueta de “informes públicos”. Lo que comenzó como un parte administrativo de rutina se convirtió en una señal de alarma sobre los límites —y los excesos— de la SIDE bajo la gestión de Milei. Bajo el mando de un gobierno que prometió destruir al Estado, el organismo que hoy comanda Sergio Neiffert lejos está de desdeñar aquellas viejas prácticas.

PL/MC