Un año de aborto legal: un derecho que el Estado defiende pero no difunde

Este jueves habrá intervenciones artísticas frente al Congreso.

Fue parecido a cuando un equipo va ganando por dos goles de diferencia pero, sobre el final, igual hay nervios porque los partidos no se ganan hasta que el árbitro dice que terminó. La avenida Callao estaba repleta de, sobre todo, mujeres jóvenes y adolescentes que, para el momento de la votación, desplegaron su pañuelo verde y lo apuntaron contra la cúpula ídem del Congreso Nacional. La avenida Rivadavia mostraba el mismo paisaje. Del otro lado de un vallado que partía la plaza en dos, cientos de militantes en contra del aborto legal esperaban de rodillas la votación.

La pantalla del recinto legislativo avisó: 39 votos a favor, 29 en contra y una abstención. En la madrugada del 30 de diciembre de 2020, hace un año, se aprobó la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Se trataba de un proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y, sobre todo, de una lucha de décadas de colectivos feministas, encabezados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que había presentado su proyecto de legalización ocho veces consecutivas ante el Poder Legislativo.

Los 365 días que pasaron desde aquella votación hasta su primer aniversario se pueden mensurar desde distintos ángulos de acceso a un derecho que las mujeres y las personas con capacidad de gestar tuvieron que reclamar durante largos años hasta conseguirlo. Según dos informes difundidos esta semana por Amnistía Internacional Argentina, por un lado la defensa que el Poder Judicial hizo ante los embates que pretendieron obstaculizar el acceso al derecho fue firme, pero por otro lado, la difusión de que ese derecho existe por parte del Estado fue escasa.

En rigor, el relevamiento de Amnistía Internacional Argentina reveló que durante 2021 se registraron 37 acciones judiciales presentadas en contra de la implementación de la ley 27.610, 32 de las cuales propusieron que se declarara inconstitucional. Las primeras 20, de hecho, se presentaron durante el mes que le siguió a la promulgación de la ley. Sin embargo, ninguna de esas acciones judiciales prosperaron tras su presentación, y las pocas medidas cautelares que tuvieron como fin suspender la aplicación de la ley se sostuvieron por pocos días y no afectaron la plena vigencia de la ley.

Por otro lado, en su informe “No se ejerce un derecho que se desconoce”, esa organización destaca que ni el Estado nacional ni los estados provinciales llevaron adelante campañas masivas para informar cómo y dónde se puede acceder al derecho a la IVE, y que esa omisión sostiene el estigma histórico que recae sobre el aborto y produce inhibiciones y disuasiones que alejan a las personas del sistema sanitario.

En su informe, Amnistía Internacional Argentina destaca que, por ejemplo, a través de datos obtenidos de una organización de la sociedad civil de Catamarca que acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, el 46,8% de las que se acercaron manifestaron que no sabían que podían solicitar un aborto voluntario en el sistema de salud. En su recorrida, la organización detectó que en una organización que acompaña abortos en Entre Ríos sólo el 31% de las personas que solicitaron información sobre el procedimiento al sistema público y privado de saludo la obtuvieron.

En una recorrida por centros de salud pública que acompañan IVEs e ILEs en Salta y Jujuy, elDiarioAR pudo confirmar que el estigma y la violencia que se asocian históricamente al aborto siguen sin erradicarse. “¿Me van a maltratar?” es una de las preguntas más frecuentes entre las mujeres que se acercan a esos centros, e incluso todavía muchas de ellas piden el procedimiento en voz baja, como si aún permaneciera en la ilegalidad.

Durante 2021, la entrega estatal de misoprostol -droga que se usa para abortos ambulatorios- creció 133% respecto de 2020. También crecieron, entre 2020 y 2021, la cantidad de equipos que brindan acceso a ese procedimiento: el año pasado eran 940 a nivel nacional, y en junio de 2021 ya había 1.241 en todo el país.

Sin embargo, todavía falta que esos equipos continúen su expansión. Según pudo averiguar este diario con información de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, sólo el 22% de los equipos de salud que reciben botiquines con métodos anticonceptivos garantizan el acceso a la IVE e ILE. A la vez, entre 2020 y 2021 no se incorporaron recursos humanos a los equipos que atienden el 0800 de Salud Sexual, una de las fuentes principales de la información necesaria para acceder al derecho al aborto. De cada 10 consultas que llegan a esa línea, 9 están vinculadas con IVEs e ILEs.

“Con la aprobación de la ley de aborto, nuestro país se posicionó como un referente en materia de salud sexual y reproductiva. El reconocimiento de la autonomía reproductiva es una conquista para los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Esto ha sido respaldado por el Poder Judicial de nuestro país, pese a las numerosas embestidas contra la norma. De todos modos, es importante destacar que no se ejerce un derecho que se desconoce y el Estado ahora debe dar un paso más e informar con campañas masivas a la población dónde y cómo acceder al derecho a una interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) además de seguir trabajando para remover las barreras en el acceso”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en un comunicado oficial de esa organización.

Hace un año, cuando el 2020 se terminaba, la “marea verde” festejó un partido que supo finalmente ganado algunas horas antes de la votación y por el que llevaba décadas de lucha. Un año después, este jueves desde las 10 habrá intervenciones artísticas frente al Congreso Nacional. Para festejar el primer año de la ley y para que nadie se olvide de que todavía falta para que el acceso al aborto legal sea pleno.

JR

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