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Desalojan a 100 familias en un asentamiento en el Barrio 31 y el CELS denunció el “uso desproporcionado de la fuerza”

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Fiscalía 11 del distrito porteño desalojaron a unas 100 familias.

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Funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la Fiscalía 11 del distrito porteño desalojaban esta mañana del jueves a unas 100 familias que se habían instalado hace un tiempo formando un asentamiento denominado “La fuerza de las mujeres”, en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro. El lugar está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio.

El predio tomado se encuentra emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente funcionaba un basural, conocido como “La Containera”.

Desde minutos después de las 8, funcionarios de justicia, junto efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), rodearon el predio donde se había asentado las familias.

En el lugar -donde se registraban esta mañana algunos incendios de las últimas casillas y de precarias carpas- camiones de gran porte y excavadoras continuaban con el desalojo, junto a personal del servicio de Buenos Aires Presente (BAP).

Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento, dijo a la prensa: “Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir”.

“Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa (31) no lo podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva”, remarcó Sosa.

El pasado 30 de junio, el Gobierno de Rodríguez Larreta había informado que “alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal”, y señalado que “desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito”.

“Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”, habían indicado desde el Gobierno porteño en ese momento a través de un comunicado.

El terreno (que se había) tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos”, señalaron en ese momento en el escrito oficial.

En precarias carpas, con unos 200 chicos en el asentamiento, con bajas temperaturas, ollas populares y fogones, las mujeres y algunos pocos hombres ocupantes del predio se habían mantenido hasta el día de hoy en uno de los costados del Barrio 31.

Los vecinos que acampaban en el lugar cuentan con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón.

El CELS denunció el “uso desproporcionado de la fuerza” en el desalojo

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció esta tarde que el operativo de desalojo realizado esta mañana en Retiro incurrió en un uso desproporcionado de la fuerza y puso en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el asentamiento “La fuerza de las mujeres” del Barrio Carlos Mugica por lo que solicitó a la fiscalía que había ordenado la medida -la Fiscalía 11 de CABA- que “determine las responsabilidades penales correspondientes”.

El CELS remarcó que el desalojo realizado esta mañana en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, en la ex villa 31, en el que participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, funcionarios y empleados del gobierno porteño pertenecientes al programa Buenos Aires Presente (BAP), incumplió “distintas normas que regulan la realización” de estos procedimientos, en particular un Protocolo de Actuación establecido por el Ministerio Público Fiscal de CABA en el año 2008.

La denuncia, que firman la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, y el director de litigio del organismo, Diego Morales, fue presentada pasadas las 15 en la misma fiscalía que había ordenado el desalojo, la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11 de CABA, a cargo de María Valeria Massamaglia.

La entidad acompañó elementos de prueba, solicitó medidas para profundizar la investigación y también informó que un grupo de integrantes del CELS estuvo presente en el predio de la ex “La Containera” durante el operativo de desalojo, y que por esa condición de testigos de la acción policial el equipo pudo comprobar que “la forma en que se realizó el operativo puso en riesgo la integridad física” de los participantes de la toma, en particular de “mujeres, niños, niñas y adolescentes”, describieron.

“El operativo no tuvo ningún cuidado con relación a la existencia de elementos de extrema precaución como las garrafas que son utilizadas para la preparación de alimentos y aseo de las familias”, consignaron desde el organismo, y además puntualizaron que los efectivos de la Policía de la Ciudad “no brindaron tiempo y oportunidad para retirar pertenencias de primera necesidad”, ya que “se dio prioridad a la sorpresa y a un operativo rápido en lugar de garantizar mínimos cuidados sobre un conjunto de personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Aparte de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el CELS cuestionó al gobierno porteño por los hechos ocurridos esta mañana en Retiro a través de un comunicado difundido desde su portal web, donde reprochó que “el proceso de urbanización” de la Villa 31 “no ha mejorado la situación habitacional” porque “quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad constructiva de las viviendas”, que tienen “filtraciones, fisuras en paredes y falta de agua caliente”, mientras las autoridades porteñas “avanzan con medidas tendientes a otorgar títulos de propiedad sin considerar la situación material de las viviendas”.

Además, el organismo recordó que uno de los argumentos de la administración de Horacio Rodríguez Larreta para oponerse al mantenimiento de la toma en la ex Villa 31 fue un anuncio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA de que en esos terrenos tienen pensado construir una escuela, aunque hasta ahora “no mostraron ningún plan de obra” que muestre algún avance sobre ese proyecto, ni tampoco se lo incluyó “en el presupuesto 2021”, subrayaron desde el CELS.

Con información de agencia Télam

AB y DA

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