Delegado de Fate pidió la intervención del Gobierno tras el bloqueo patronal a la conciliación obligatoria

La planta de Fate en San Fernando se mantuvo en las últimas horas con una permanencia pacífica de trabajadores despedidos que reclamaron la restitución de tareas y denunciaron que la empresa no acató en los hechos la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El delegado Alejandro Assumma, representante del SUTNA, pidió que el Gobierno intervenga para garantizar la continuidad productiva y evitar la pérdida de puestos laborales.

“Le pedimos al Gobierno que intervenga”, sostuvo Assumma en diálogo con AM 530, al describir una situación que afectó de manera directa a 920 operarios de planta, a los que se sumaron 400 trabajadores terciarizados y empleados que también dependieron de la actividad industrial.

El delegado aclaró que la fábrica no estuvo “tomada”, como sostuvo la empresa, sino que los despedidos realizaron una permanencia en un sector reducido del predio. “Ocupamos un espacio de 10 m² dentro de una planta que tiene 40 hectáreas”, afirmó. Según explicó, la seguridad privada continuó operando y hubo circulación de vehículos dentro del establecimiento, por lo que rechazó la acusación patronal de impedimento productivo.

Audiencia sin acuerdo y dilación oficial

La audiencia realizada en la Secretaría de Capital Humano no modificó la postura empresaria. La compañía se negó a otorgar tareas efectivas a los trabajadores alcanzados por la conciliación obligatoria y condicionó cualquier reincorporación a que cesara la permanencia en el predio.

Assumma sostuvo que la empresa planteó como requisito que los operarios se retiraran a sus domicilios y aguardaran una eventual convocatoria posterior. “Nos dicen: ‘Retírense y en cinco días vemos si les damos tareas’. Nosotros queremos trabajar, no esperar en nuestra casa sin certezas”, afirmó.

La cartera laboral fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo. El delegado cuestionó la extensión de los plazos ante un conflicto que se inició el 18 de febrero y que, según describió, dejó a cientos de familias sin ingresos regulares.

El impacto excedió a los trabajadores directos. En el entorno de la planta, ubicada en el denominado “barrio Fate”, la actividad comercial dependió históricamente del movimiento industrial. “El barrio nació con Fate”, explicó Assumma, y remarcó que la paralización afectó también a proveedores y comercios de la zona.

920 operarios y 5.000 familias afectadas

El delegado precisó que la planta contó con aproximadamente 920 operarios directos, sin contar personal tercerizado, limpieza y proveedores. Según su estimación, la cadena productiva involucró a alrededor de 5.000 familias.

La magnitud del conflicto se expresó también en la movilización social. El domingo previo a la entrevista, los trabajadores realizaron un festival en la puerta de la fábrica al que, según Assumma, asistieron más de 20.000 personas.

En paralelo, distintas organizaciones gremiales se acercaron a respaldar el reclamo. La CGT Zona Norte participó de actividades en la puerta del establecimiento, mientras el sindicato sostuvo asambleas permanentes.

Reclamo de continuidad productiva

El eje del planteo sindical fue la continuidad productiva. Assumma afirmó que la empresa argumentó falta de condiciones técnicas y de insumos para justificar la paralización, algo que el gremio rechazó. “Dicen que las máquinas no están en condiciones o que no hay materia prima, pero eso es falso”, sostuvo.

El conflicto se desarrolló en un contexto de debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Assumma señaló que el cierre se produjo un día antes del segundo tratamiento legislativo del proyecto y vinculó la situación con cambios en el esquema de aranceles de importación que impactaron en la industria.

Sin embargo, evitó formular acusaciones sin pruebas. “Yo doy datos de la realidad. Después puedo tener especulaciones, pero no las voy a transmitir”, afirmó.

Intervención estatal en disputa

La intervención del Estado se canalizó hasta ahora a través de audiencias formales. Según el delegado, no existieron contactos directos con otras áreas del Gobierno ni con autoridades políticas de mayor rango. “La única comunicación es por medio de la Secretaría de Capital Humano”, señaló.

El sindicato también presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Allí se convocó a una audiencia paralela, a la que inicialmente la empresa no se presentó y fue intimada.

La definición oficial resultó central para el futuro inmediato de los trabajadores. Sin tareas asignadas y con la producción paralizada, la conciliación obligatoria perdió efectividad práctica si la empresa no garantizó el ingreso a planta y la asignación de funciones.

El reclamo sindical se concentró en un punto: que el Estado asegure el cumplimiento efectivo de la conciliación y abra un canal de diálogo que derive en una solución concreta. “Queremos nuestro trabajo. Necesitamos una solución real”, afirmó Assumma.

Hasta el momento, la empresa no anunció un plan de reactivación ni confirmó la reincorporación de los operarios afectados.

Los trabajadores permanecieron en la planta a la espera de la audiencia fijada para el 4 de marzo, sin tareas asignadas ni definición sobre la continuidad productiva.

JJD