¿Plan Nuclear? La improvisación avanza

La inclusión de Nucleoeléctrica Argentina en el plan de privatizaciones reabrió un debate estratégico: ¿qué rol debe cumplir el Estado en la gestión de la energía nuclear? Mientras el presidente Milei invoca la importancia del capital humano, la realidad muestra salarios deprimidos y precarización laboral, fuga de cerebros, ausencia de un programa nuclear elaborado y anuncios improvisados de peligroso alcance para un sofisticado sector bajo permanente agresión.

NA-SA opera Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan alrededor del 7% de la generación nacional con energía firme y baja en emisiones. No solo tiene experiencia en operación segura y eficiente, sino también en la gestión de proyectos complejos. La finalización de Atucha II y la extensión de vida de Embalse así como la asistencia a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el desarrollo del proyecto CAREM demostraron capacidad para ejecutar obras nucleares de escala internacional. Esa experiencia la coloca en un lugar singular: es la organización con la capacidad técnica y cultural para liderar una futura expansión junto a organismos y empresas del sector nuclear argentino.

El gobierno justifica la privatización en la reducción de transferencias del Tesoro y la búsqueda de capital privado. Pero trasladar el desafío no garantiza concreción. En el mundo, incluso donde hay operadores privados, las nuevas centrales requieren garantías estatales, contratos de largo plazo y marcos regulatorios sólidos. Sin esos instrumentos, el costo de capital se dispara y los proyectos se paralizan.

Gestionar centrales nucleares implica manejar un riesgo tecnológico complejo, cumplir regulaciones estrictas y honrar compromisos internacionales de seguridad y no proliferación. Una privatización puede tensionar la búsqueda de rentabilidad con las obligaciones de seguridad y mantenimiento de largo plazo. En contextos adversos, la tentación de recortar inversión en formación o repuestos erosiona la cultura de seguridad, que es el activo más valioso del sector. 

El discurso presidencial ensalza las capacidades intelectuales argentinas como un activo único, pero sin políticas concretas esa mención se vuelve retórica. La construcción de un plan nuclear no puede limitarse a anuncios aislados: requiere continuidad institucional, financiamiento estable y consensos políticos amplios. De lo contrario, se cae en un ejercicio de pensamiento mágico, incapaz de sostener las capacidades acumuladas.

NA-SA contribuye al sostenimiento de carreras técnicas y profesionales, capacidades de ingeniería y miles de empleos calificados en una industria de estándares globales. Una privatización orientada a recortes puede acelerar el severo deterioro de los salarios y continuar la sangría a través de la profundización de la fuga de talento hacia otras industrias, en el mejor de los casos, hacia otros países en el peor. En la industria nuclear, formar profesionales lleva décadas; perderlos es rápido, recuperarlos difícil y costoso.

Sea bajo control estatal o mixto, la clave es un regulador independiente y robusto. En Argentina esa función recae en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que depende de la Secretaría General de la Presidencia. Lejos de fortalecerse, atraviesa un ajuste similar al del conjunto del sector nuclear. Incorporar capital privado sin reforzar simultáneamente la capacidad y autonomía del regulador multiplica los riesgos.

El caso francés, destacado por el presidente de la Nación días atrás en Córdoba, desmiente la lógica privatizadora. Electricité de France (EDF), creada en 1946, es el mayor operador nuclear global con 56 reactores que abastecen más del 60% de la electricidad del país. Tras un período de capital abierto, en 2023 volvió a quedar bajo control estatal total. Francia reforzó así el manejo público de un sector estratégico, justo lo contrario a lo que hoy propone Argentina.

Es evidente que no estamos frente a una simple decisión administrativa: el gobierno de Milei propone redefinir el rol del Estado en un área donde están en juego la confianza ciudadana y la seguridad internacional. Ni siquiera ha definido cuánto vale la empresa, lo que impide saber si la estrategia serviría para apalancar inversiones del supuesto “plan nuclear”. Tampoco está claro qué empresas privadas tendrían la responsabilidad de construir los futuros reactores ni si existen contratos o licitaciones que lo respalden. Lo cierto es que el proyecto CAREM -presentado como experiencia de aprendizaje- permanece paralizado, reforzando la percepción de improvisación y falta de rumbo que trasciende las fronteras y orada la reputación nacional como actor destacado del sistema internacional nuclear, así como también corrobora una evidente animosidad contra las capacidades alcanzadas por el complejo nuclear nacional desde su reactivación en el año 2006.

Privatizar NA-SA podría acelerar el acceso a capital que podría ser destinado a ampliar las capacidades nucleares argentinas, pero a cambio de perder control sobre una tecnología sensible, debilitar el ecosistema científico y poner en riesgo la cultura de seguridad. Lo que se gane en caja puede perderse en autonomía y conocimiento. 

Fue la propia expresidenta Cristina Fernández quien subrayó la necesidad de “discutir la integración de las empresas del Estado tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa”. No es anecdótico quién formula este planteo: se trata de la dirigente que tuvo un rol central en la recuperación del sector nuclear tras años de parálisis y desinversión. Precisamente por eso, sus palabras deben ser contextualizadas y contrastadas a la luz de los resultados alcanzados. Una reflexión de este tipo, en boca de quien reactivó proyectos estratégicos y fortaleció las capacidades del sector, abre la puerta a un debate serio sobre modelos de articulación público-privada, muy lejos del camino de improvisación que hoy se dice impulsar.

En conclusión, difícilmente un proceso de esta magnitud pueda encaminarse con seriedad bajo un liderazgo político que se declara enemigo del Estado, que es quien hoy atesora capacidades científicas y tecnológicas únicas y dignas de una singularidad ampliamente reconocida por el mundo. Confiar en que de allí surja una política nuclear consistente es, al menos, una contradicción en si misma que erosiona la credibilidad de cualquier anuncio.

El autor es ex miembro del Directorio de Nucleoeléctrica Argentina (2020-2023).