Temporada alta de paritarias: los gremios buscan acuerdos trimestrales y desconfían de la pauta del 60% de Massa y Kelly Olmos

En el próximo mes y medio, grandes sindicatos como los de Comercio, metalúrgicos (UOM), obreros de la construcción (UOCRA), encargados de edificios (Suterh), los petroleros, los docentes en cada distrito y la Bancaria, que este jueves fue al paro, definirán las paritarias 2023. Pero ni firmarán por un año al 60%, como pretendían imponer los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Kelly Olmos, ni tampoco les concederán siquiera un 30% por seis meses. Sólo unos pocos gremios como el de los colectiveros (UTA), de Roberto Fernández, aceptaron un 30% por el primer semestre, con revisión en julio.

En la paritaria nacional, los maestros rubricaron un 33,5% de marzo a julio, con renegociaciones en mayo y julio, pero el básico aumentará el 43%, lo que el Gobierno no difundió demasiado para evitar que impactara en las recalentadas expectativas inflacionarias. La mayoría de los sindicatos prevé firmar acuerdos por sólo tres meses porque desconfían de la previsión anual de inflación del 60% que dibujó Massa y que comenzó a cuestionarse a partir del dato de 6% de enero.

Los grandes sindicatos definirán las paritarias 2023. Pero ni firmarán por un año al 60%, como pretendían imponer los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Trabajo, Kelly Olmos, ni tampoco les concederán siquiera un 30% por seis meses.

La UOM acordó con la patronal que este febrero se anticipara la negociación de las paritarias que se reabren en marzo. En el gremio que dirige el kirchnerista Abel Furlán advierten de que ni en enero ni en febrero se cumplirá la meta del 4% mensual que había prometido el ministro de Economía. Apuntan una paritaria “corta” de a tres meses para ir evaluando trimestre a trimestre cómo evoluciona el índice de precios al consumidor (IPC). Se resignan a que este año en el mejor de los casos se mantenga el poder de compra. No que se recupere lo perdido en los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri ni en el 2020 de la cuarentena. Lamentan que el Gobierno no pueda frenar la inflación, que se hayan disparado la carne vacuna y los derivados de la harina (desde fideos hasta pizza) y no se encuentren en las góndolas los productos de los Precios Justos. Desconfían de que se cumpla el sendero de aumentos del 3,2% mensual que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, selló con supermercados y sus proveedores de alimentos, bebidas y artículos de higiene para el periodo marzo-julio.

En la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias se anticipan paritarias cortas en los diversos sindicatos docentes, desde la peronista UDA, que dirige Sergio Romero, hasta la izquierda de Ademys o el kirchnerismo bonaerense de Suteba de Roberto Baradel.

En la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias también se anticipan paritarias cortas en los diversos sindicatos docentes, desde la peronista UDA, que dirige Sergio Romero, hasta la izquierda de Ademys o el kirchnerismo bonaerense de Suteba, que conduce Roberto Baradel. En la UDA reconocen el desencanto con las promesas de inflación a la baja y con las dos postergaciones de la visita de Massa a la sede de la CGT en las últimas dos semanas. En el Suteba aún esperan la convocatoria oficial a la paritaria por parte del gobierno de Axel Kicillof, pero ya está negociando en bambalinas y espera llegar a buen puerto para que las clases comiencen este lunes con normalidad. Desde hace dos años ya viene cerrando paritarias cortas con reaperturas periódicas. En la ciudad de Buenos Aires, el aspirante presidencial Horacio Rodríguez Larreta ofreció este miércoles 60% de aumento anual en seis cuotas, la última en diciembre, con un salario inicial de $ 131.700, pero gremios como Ademys rechazaron la propuesta. ¿Comenzarán las clases los alumnos porteños?

En la Unión de Empleados Judiciales (UEJ), que encabeza Julio Piumato, llevan 14 años negociando acuerdos cuatrimestrales, pero ahora los pactan cada tres meses. También se conforman con no perder contra la inflación. Otro año se buscará recuperar lo perdido. Pero no quieren resignar más. Alegan que no son los trabajadores los que deben moderar sus expectativas sino aquellos sectores empresarios que remarcan más que el IPC. Recuerdan que con la inflación unos pierden y otros ganan. El salario promedio, incluido el estatal y el privado formal e informal, cayó derrotado en cuatro de los últimos cinco años, por más que algunos gremios hayan vencido por poco en 2022. La UEJ ya está negociando con la Corte Suprema: pidió un 4% a cuenta de 2022 para equipararse con el 97% que consiguieron los empleados estatales del Poder Ejecutivo -frente al 95% del IPC- y otro 19% para el primer trimestre de 2023. Desearían que la inflación semestral fuera del 60%, pero dudan de que ocurra. En marzo, la Asociación del Personal Legislativo (APL), de Norberto Di Próspero, comenzará a discutir el número con la Cámara de Diputados, que preside la massista Cecilia Moreau, y con el Senado, que lidera Cristina Fernández de Kirchner.

A fines de marzo será el turno de negociar para la UOCRA, que conduce Gerardo Martínez. El pacto debe sellarse en abril. En 2022 cerró con una paritaria del 105%, pero con la última cuota de incremento que se aplica recién el mes próximo. La premisa también radica en empatarle a la inflación. A esta altura de febrero no se atreven a definir un porcentaje de aumento para 2023. Dependerá del número de febrero y de lo que se palpite para marzo. Pero Martínez suele repetir la prédica de la CGT de que en las paritarias no aceptan techos, aunque a veces lo hagan, y de que los salarios no causan la inflación sino que son su víctima. Lo mismo sostiene el camionero Pablo Moyano. Pero el jefe de la UOCRA viene pidiendo que la política genere el “orden” y la “seguridad jurídica” para reducir una inflación que se ha convertido en el “impuesto a la pobreza”. Toda una terminología muy similar a la de los economistas ortodoxos, de esos que militan en Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza. En la UOCRA consideran que el 60% de inflación constituye una aspiración del Gobierno, pero difícil de lograr, por lo que pronostican que ningún gremio se atará a un porcentaje que los deje por atrás del IPC sino que suscribirán cláusulas de reaperturas periódicas de paritarias.

Al mismo tiempo que Martínez, otro veterano sindicalista, Armado Cavalieri, de Comercio, se sentará a negociar el salario que regirá de abril en adelante. También apunta a un acuerdo corto con revisión, aunque sabe que choca con las aspiraciones de Massa y Olmos. En sus filas defienden que los empleados consiguieron un 101% entre abril de 2022 y marzo de 2023, pese a que las patronales comunicaron que sólo concedieron 82%. En el gremio atribuyen la diferencia a la base de cálculo del salario básico y a la presión del Gobierno por informar un pacto de moderación salarial a mediados de enero, antes de que el dato del IPC de ese mes echara por tierra cualquier optimismo.

Sin tiempo para un shock antiinflación

Cerca del presidente Alberto Fernández consideran que Massa se apuró en prometer un 4% para enero y febrero y un 3% para marzo y abril. Admiten que ya no hay tiempo para lanzar un verdadero plan de shock antiinflacionario, dado su impacto inicial negativo sobre el bolsillo, cuando faltan sólo seis meses para las primarias. Se dan por conformes con que las paritarias le empaten a la inflación, que no se desequilibren la macroeconomía ni los dólares paralelos, se cumplan los Precios Justos y la meta de ajuste fiscal, aunque admiten que están fallando en atender al 37% de los empleados en negro, cuyas remuneraciones corren muy por detrás del IPC.

Cerca de Alberto Fernández admiten que ya no hay tiempo para un plan de shock antiinflacionario. Se conforman con que las paritarias le empaten a la inflación, no se desequilibren la macroeconomía ni los dólares paralelos y se cumplan los Precios Justos.

No por nada allí anidan votantes de Javier Milei. Admiten que Fernández no puede aspirar en serio a una reelección, por más que Agustín Rossi haya venido a poner gestión en una Jefatura de Gabinete por la que pasó sin gloria Juan Manzur. Tampoco la ven con posibilidades a Cristina Kirchner para ganar en primera y menos en segunda vuelta. Consideran que Massa sólo podría ser candidato en el difícil de caso de que arregle tanto la economía que venza la reticencia del kirchnerismo a aceptarlo, pero pronostican que quizás se lanza igual a una interna si termina postulándose su rival político Daniel Scioli, que desde la embajada en Brasil ya se anotó en la carrera.

Por lo pronto, el ministro viajó este miércoles a India para participar de la reunión del G20, mientras su número dos, Gabriel Rubinstein, y su jefe de asesores, Leonardo Madcur, volaron a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación de la revisión de las metas del acuerdo al cuarto trimestre de 2022 y la proyección para el primero de 2023. El organismo duda de que este año se cumpla la meta de acumulación de reservas en el Banco Central por la sequía que afectará a las exportaciones. Puede que mantenga el objetivo aunque después se incumpla, lo que resultaría negativo al final del año, o que ya se acepte que no se alcanzará, lo que también sería mal visto ahora por el FMI y el mercado, aunque sea más realista.

Sequías

La seca está azotando sobre todo a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, por lo que se prevén US$ 7.000 millones menos de ventas externas de soja y maíz en la cosecha que comienza el mes próximo. La de Buenos Aires, en cambio, se ha visto beneficiada por las lluvias de verano. Ante la compleja situación, que ya viene arrastrándose desde hace tres años pero que golpea en 2023 como nunca en medio siglo, la Federación Agraria -cuyo presidente, Carlos Achetoni, busca su reelección en marzo- convocó a una asamblea sobre la ruta en Villa Constitución, Santa Fe, el próximo martes. Otras dos de las cuatro patas de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina, adhirieron. Buscan descomprimir el reclamo de las bases. Por supuesto que también irán los autoconvocados, más radicalizados aún. CRA está dirigida por un ex diputado radical, Jorge Chemes. La Rural, por Nicolás Pino, hombre del ex ministro de Agroindustria macrista Luis Miguel Etchevehere y de buen diálogo con Larreta. Algunos dirigentes rurales serán candidatos de Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales. Ninguno de peso se enrola públicamente tras Milei, aunque el candidato presidencial libertario haya sido el político más convocante en la última Expoagro de hace casi un año. Sin embargo, Achetoni, Chemes y Pino mantienen fluidas conversaciones con Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, por más que le piden más ayudas que las que ya les otorgaron.

AR/MG