El Congreso español sancionará a ultraderechistas infiltrados como periodistas, que hostigan a la prensa profesional

El Congreso ya tiene un código de conducta que permitirá sancionar a los agitadores de extrema derecha que desde hace años boicotean el trabajo de los periodistas. La reforma del reglamento que impulsaron los grupos parlamentarios del bloque de la investidura ha recibido este martes el visto bueno definitivo. La Mesa de la Cámara Baja tiene ahora que desarrollar el nuevo reglamento pero el espíritu de la mayoría progresista es que esté en pleno funcionamiento para el inicio del nuevo curso parlamentario.

La reforma del reglamento ha salido adelante con 177 votos a favor. Únicamente han votado en contra el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, 171 diputados. El partido de Alberto Núñez Feijóo y sobre todo la formación de Santiago Abascal han tratado desde el primer momento de torpedear esta iniciativa pensada precisamente para evitar los comportamientos de los ultras que revientan continuamente las ruedas de prensa en el Congreso, señalan a los periodistas que los critican y amenazan e insultan a quienes les plantan cara. Son activistas ligados a pseudomedios como EDATV o Periodista Digital que camuflan el ideario de la extrema derecha bajo supuestas “preguntas incómodas”.

La convivencia en el Congreso ha ido empeorando a medida que estos agitadores han convertido sus interrupciones en rutina. Hace apenas unas semanas, uno de ellos atravesó el paso de seguridad sin la acreditación pertinente y grabó en zonas en las que está prohibido hacerlo con total impunidad, ante la pasividad de los agentes policiales que estaban en ese momento.

Hasta ahora, la Cámara Baja se había escudado en la ausencia de una normativa específica para evitar tomar medidas. A finales de febrero, decenas de profesionales de medios de comunicación de toda ideología o línea editorial se manifestaron a las puertas del Congreso para exigir la implementación de medidas que garanticen el desarrollo de su actividad profesional con plenas garantías, como ocurrió siempre hasta la concesión de las acreditaciones a los agitadores a sueldo de estos portales ultra.

“Los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, denunciaron portavoces de la Asociación de Periodistas Parlamentarios durante la lectura de un comunicado.

La protesta de los periodistas se produjo una semana después de un suceso en los pasillos que sirvió como detonante. Una de estas personas amenazó explícitamente a una periodista parlamentaria. “Cuando lo comparta yo sí que te vas a cagar”, le dijo sobre un vídeo que uno sus correligionarios acababa de subir a redes sociales, para acusarla falsamente de impedir su trabajo. Horas después, amenazó con difundir información personal de los domicilios de aquellos periodistas que le plantaron cara.

Todo eso es lo que han amparado PP y Vox en el debate de esta tarde bajo la premisa de que esta reforma es un intento de censura, como ha dicho la diputada Carmen Navarro, que se ha prodigado en palabras sobre la libertad de expresión. “Hoy se nos pide legitimar la creación de una policía política de la opinión pública. Esta reforma va de blindar a un Gobierno corrupto. Siempre que pierde la democracia, ustedes ganan”, ha dicho.

Jacobo González-Robatto, el diputado de la extrema derecha, ha asegurado que la mayoría del Congres quiere “callar las preguntas que hay que hacer” y ha defendido a sus aliados en los pseudomedios como valientes que “no se pliegan al PSOE” y que no aceptan “publicidad institucional” a cambio de silencio.

“Dicen que no aceptan publicidad institucional. Si le han pagado 400.000 pavos en la Comunidad de Madrid”, le ha respondido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las subvenciones del gobierno autonómico a este tipo de portales. “A gente que tiene un canal de YouTube, ha incidido.

El resto de portavoces de los grupos de la investidura también ha defendido la reforma. “Son los mismos que van en listas de la extrema derecha, que trabajan en partidos de extrema derecha, que van a manifestaciones de la extrema derecha”, ha dicho el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu. “Son aquellos que utilizan una credencial de periodistas como patente de corso para intentar esparcir el odio, la tensión y la persecución contra quienes consideran diferentes”, ha insistido.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha cargado contra “los modos y maneras de unos pocos”, no “por hacer preguntas incómodas” sino “por acosar, señalar, amenazar, hostigar, reventar y boicotear ruedas de prensa, hacer grabaciones ocultas o allanar despachos de diputados o diputadas”. “Es preciso abordarlas sin demora para acabar con la impunidad de esos sedicentes informadores que no solo incomoda a los diputados y diputadas sino a los periodistas y acreditados”, ha sostenido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido sin embargo de los límites de una reforma como esta frente a la ultraderecha. “Mañana el Partido Popular seguirá financiando con miles y miles de euros al medio donde trabaja Vito Quiles, desde la Comunidad de Madrid, desde la Región de Murcia, desde el Gobierno de Aragón, del de Castilla y León, los ayuntamientos de Madrid o de Sevilla. Mañana Vox seguirá contratando para sus campañas electorales y mañana estos sicarios mediáticos tendrán, teniendo todas las grandes tertulias de televisión de este país a su servicio, como el señor Negre con Espejo Público y Ana Rosa Quintana, mientras se dedican a criminalizar y a extender el odio sobre la gente más humilde de este país”, ha denunciado.

“Esta reforma no limita el derecho a informar, lo protege. Prevé un régimen sancionador muy tasado. No es una iniciativa del Gobierno, sino una petición formal de las asociaciones de periodistas parlamentarios”, ha dicho el diputado del PSOE Joaquín Martínez.

Faltas muy graves y posibilidad de expulsión definitiva

Para evitar en el futuro estas situaciones, los grupos redactaron una propuesta que ha ido relativamente rápido en el Congreso y que establece una serie de sanciones en función de las infracciones. Hay leves, graves y muy graves. Estas últimas pueden conllevar la suspensión de la credencial de acreditación entre tres meses y cinco años o incluso la revocación definitiva del acceso a la Cámara.

Entre las faltas muy graves figuran las faltas de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. “Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, señala el nuevo reglamento.

También serán infracciones muy graves “la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios y la grabación de imágenes o sonidos sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas”.

Las infracciones graves serán por ejemplo “la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello, el acceso a espacios reservados, tales como despachos o zonas de reunión, del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización”. También “interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación; la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable; cualesquiera otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación”.

Como infracciones leves: la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial y el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización.

Cómo Milei usa periodistas militantes para su batalla cultural

En la Argentina, al igual que en España, la derecha libertaria encontró en el disfraz del periodismo una herramienta clave para su avanzada cultural y política. El caso del español Javier Negre, director de La Derecha Diario, resultó paradigmático: a fuerza de halagos a gobernadores aliados, preguntas funcionales al oficialismo en conferencias de prensa y una gira por varias provincias, se convirtió en una de las caras más visibles de un modelo de comunicación que confundió propaganda con información.

Como ya señaló elDiarioAR, Negre, que tuvo una condena judicial en su país por hostigar a una fuente y falsear una entrevista, fue recibido con honores por los principales actores de La Libertad Avanza. No solo accedió sin sorteo a conferencias del vocero presidencial Manuel Adorni, sino que también recorrió canales de televisión afines y participó en actos oficiales junto a Karina Milei. Desde su medio, impulsó una narrativa que mezcló elogios a la gestión con ataques virulentos a la oposición, en nombre de una supuesta “batalla cultural”.

La estructura que sostuvo esta operación fue más allá de un simple proyecto personal. Negre fue socio de Fernando Cerimedo en Madero Group Media, empresa dueña de La Derecha Diario y vinculada a operaciones de desinformación en Brasil. Entre sus primeros socios aparecieron figuras del entorno presidencial, como Juan Pablo Carreira, actual encargado de comunicación digital del Gobierno, y Natalia Basil, funcionaria nacional y pareja de Cerimedo.

El desembarco del español en provincias como Misiones y Tucumán no fue casual. En ambas, ensayó un tono conciliador hacia los oficialismos locales, incluso elogió la gestión de Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia, para justificar el lanzamiento de su medio. Así, se posicionó como nexo entre la Casa Rosada y gobiernos que, aunque ajenos en lo partidario, resultaron funcionales a la estrategia de Milei.

La narrativa promovida por Negre y sus aliados no fue inocente. Con títulos como “Batalla cultural desde los medios y cómo combatir a los zurdos”, las presentaciones públicas del español fueron explícitamente ideológicas y buscaron reforzar la polarización política. Su presencia, avalada por altas esferas del oficialismo, consolidó un esquema donde el periodismo se convirtió en una extensión del aparato de gobierno.

En paralelo, otros “periodistas militantes” afines al Gobierno, como el youtuber Mariano Pérez, fueron acreditados en Casa Rosada justo cuando referentes críticos resultaron desplazados. La agresión que Pérez sufrió durante una manifestación opositora fue aprovechada por el oficialismo para atacar a entidades como Fopea, a las que acusó de tener un doble estándar. El propio presidente Milei participó de esa ofensiva, al calificar a la organización como “una vergüenza”.

Este modelo de comunicación fue acompañado por ataques sistemáticos a la prensa crítica. Desde insultos directos hasta el intento de reinstalar una antigua ley de matriculación obligatoria, el Gobierno de Milei demostró que su cruzada contra los medios tradicionales fue parte de una estrategia de disciplinamiento. En ese contexto, los “voceros alternativos” cumplieron un rol central: instalar el discurso oficial sin filtros ni cuestionamientos.

El caso argentino replicó lo que desde hace años ocurrió en España, donde activistas de ultraderecha disfrazados de periodistas hostigaron a la prensa desde espacios como EdaTV. En ambos países, el fenómeno reveló un patrón común: el uso del periodismo como fachada para operaciones políticas. Y aunque los métodos difirieron, el objetivo fue el mismo: silenciar la crítica y moldear el sentido común a favor del poder.