Renunció el tercer presidente de Petrobras en la gestión Bolsonaro tras presiones del Ejecutivo y el Congreso brasileños para bajar el precio del combustible

El ex presidente de Petrobras, José Mauro Ferriera Coelho  renunció el lunes al cargo, en medio de crecientes presiones del presidente Jair Bolsonaro y del presidente de la Cámara de diputados, Arthur Lira, contra la política de precios de los combustibles practicada por la empresa. 

Coelho, ex secretario de Petróleo del Ministerio de Minas y Energía,  ocupó  la presidencia de Petrobras en abril, elegido por Bolsonaro. Coelho fue el tercer presidente de Petrobras en la gestión de Bolsonaro. Lo precedieron Roberto Castelo Branco y el general retirado del ejército Joaquim Silva e Luna, quienes también dimitieron debido a las  presiones en contra la política de precios de la empresa.

El sábado entró en vigor el reajuste anunciado el viernes por  Petrobras del 14,26% en el precio del diésel y del 5,18% en el precio de la gasolina vendida a las distribuidoras. La empresa estatal justificó el aumento con base en su política de precios, que sigue la fluctuación del mercado internacional.

La compañía será dirigida de manera interina por Fernando Borges,  funcionario de carrera, quien  ha trabajado en Petrobras durante casi 40 años. 

Borges se desempeñó como director del Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) de 2016 a 2020, y fue designado por Petrobras para el cargo de director de la Asociación Brasileña de Empresas de Exploración y Producción de Petróleo y Gas (ABEP), en la que opera desde 2016.

Bolsonaro pidió investigar a Petrobras

Después del anuncio del ajuste que Petrobras justificó con base en su política de precios que sigue la fluctuación del mercado internacional, Bolsonaro defendió la conformación  de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar a Petrobras, a sus directores y asesores. Lira  y también partidos de oposición apoyaron a Bolsonaro en su pedido de apertura del CPI. 

“Hablé ayer con el líder de la Cámara [diputado Ricardo Barros] para que el lunes abramos un CPI. Vamos adentro de Petrobras. Es inaceptable, con una crisis mundial, que Petrobras se jacte de las ganancias que tiene”,  dijo Bolsonaro el sábado.

El viernes, tras la reacción del gobierno, Petrobras perdió R$ 27,3 mil millones en valor de mercado. Al día siguiente, Bolsonaro anunció  que el valor de la empresa “perdería otros 30 [mil millones]” este lunes, con la apertura del IPC.

En línea con el presidente, Lira defendió este viernes la dimisión de Coelho y lo acusó de trabajar “sistemáticamente contra el pueblo brasileño en la peor crisis del país”.

Aproximadamente un mes, el 23 de mayo, el Ministerio de Minas y Energía ya había difundido una nota informando que el gobierno federal había decidido destituir a  Mauro Coelho, apenas 40 días después de su designación en el cargo.

En mayo, el gobierno nombró a Caio Mário Paes de Andrade, actual Secretario Especial de Desburocratización del Ministerio de Economía, para dirigir Petrobras, cuyo nombre aún no ha sido evaluado por el Consejo de Administración.

Política de la empresa en los programas  políticos

El tema es uno de los principales de la campaña preelectoral del Palacio del Planalto de este año, por el impacto que tiene en el bolsillo de los votantes y en la inflación. Lula, el precandidato del PT a la presidencia, ha estado prometiendo “brasilizar” el precio del combustible si es elegido.

Petrobras utiliza el  Precio de Paridad de Importación (IPP) para definir el monto  a cobrar a las distribuidoras. Considera el precio de los combustibles practicados en el mercado internacional, los costos logísticos de llevarlos a Brasil y un margen para remunerar los riesgos de la operación. Como el precio en el mercado internacional es en dólares, la cotización de la moneda también influye en el cálculo.

Esta fórmula fue adoptada en 2016 durante el gobierno de Michel Temer para blindar a la empresa de la injerencia del gobierno, que generó pérdidas millonarias durante la administración de la expresidenta Dilma Rousseff. En los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff, la definición del precio consideraba la variación del petróleo en el mercado internacional, pero también los costos de producción de petróleo en Brasil. De esta forma, la empresa estatal frenó los impactos de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional para el consumidor interno.

Sin embargo, dependiendo de la diferencia de precios, a veces esta política llevaba a  Petrobras ganar menos de lo esperable  e incluso a pérdidas en el mercado interno por vender combustible a un valor inferior al que había pagado por importar, lo que significaba una desventaja para los accionistas.

Un alza irrepresible

El precio del petróleo en todo el mundo se disparó con una mayor demanda después del final de los bloqueos provocados por el covid-19, y cobró aún más aliento con la guerra en Ucrania.

A pesar de la constante presión contra la empresa estatal, Bolsonaro hasta ahora no había  utilizado el poder del gobierno, como accionista mayoritario de la empresa, para cambiar efectivamente la política de precios. Lo que el gobierno está tratando de hacer ahora es influir en los precios de Petrobras, porque precisamente el alza de  los precios de los combustibles se convirtió en un problema en vísperas de las elecciones.

Por esto se han realizado recientemente  llamadas recientes a Petrogas para que congele los precios durante un período prolongado. Los argumentos son siempre los mismos, que la empresa ha registrado ganancias récord y necesita hacer una contribución en un momento en que la población sufre los altos precios.

Sin embargo, el principal beneficiario de las ganancias es el propio gobierno, que es el mayor accionista de la empresa estatal. Desde el inicio de la administración Bolsonaro, en 2019, el gobierno ya recibió R$ 447 mil millones de Petrobras,  entre impuestos, regalías y dividendos.

Este lunes, la Unión recibió R$ 8,8 mil millones de la ganancia de la empresa estatal. Esta cifra forma parte de un total de R$ 32 mil millones en dividendos que serán pagados al gobierno hasta julio.

Si el problema es la ganancia de Petrobras, el gobierno debiera destinar  esos recursos, de alguna manera, para subsidiar los gastos de los más pobres, o de quienes usan el combustible para trabajar. Interferir en la gestión de la empresa, tratar de cambiar la forma en que se gestiona o congelar  los precios, no funcionará. La experiencia ha demostrado, innumerables veces, que cuando se utilizan sólo por razones puramente políticamente estos recursos  el camino de las empresas estatales es sólo una dirección al vacío.

Actualmente Brasil registra una inflación alta. En mayo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), reportó que el país enfrenta su mayor nivel inflacionario en los últimos 18 años, con un aumento al 12,13%, una tasa que no se registraba desde el 2003.  

AGB con agencias y medios