Escenario

Por qué es importante la figura del procurador

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En noviembre pasado, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió reclamó al interior de Juntos por el Cambio acompañar en el Senado la designación del juez federal Daniel Rafecas para la Procuración, propuesta nueve meses antes por el presidente Alberto Fernández. Lo hizo con el argumento de aceptar el “mal menor” frente al riesgo de que la vicepresidenta Cristina Kirchner terminara imponiendo un candidato propio como jefe de los fiscales. Carrió sumó a la iniciativa a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal para avanzar en un acuerdo. No prosperó, entre otras razones, por la oposición de los senadores radicales. Miguel Ángel Pichetto habló de “ansiedad” y dijo que la cuestión Rafecas demandaba una decisión orgánica de la alianza opositora. Finalmente, Mauricio Macri nunca dio su aprobación. Pero más importante todavía, tampoco la vicepresidenta, dueña de las llaves del Senado, aprobó la candidatura de Rafecas y su pliego permanece encajonado en la Cámara. Tal como quería en su momento Carrió, la oposición ha dado un giro y reclama hoy el tratamiento en el Senado del expediente de Rafecas, cuando más lejano parece ese nombramiento.

¿Por qué es importante lo que pasa en torno a esta designación?

El procurador está a cargo del Ministerio Público fiscal y es -como se ha dicho- el jefe de los fiscales y responsable del funcionamiento del sistema de "persecución penal". Su rol se ha vuelto incluso más relevante desde la implementación del sistema acusatorio, que hace recaer en los fiscales la tarea de investigación, hasta ahora en manos de los jueces. La reforma de la Constitución de 1994 le otorgó a este órgano independencia respecto de los demás poderes del Estado, incluso dentro del propio sistema de administración de justicia. Es decir, es independiente del Ejecutivo, del Legislativo y también del Poder Judicial. (Importante: no confundir este cargo con el de Procurador general del Tesoro que, aunque suena parecido, es el jefe de los abogados del Poder Ejecutivo y del Estado nacional y de la República en juicios internacionales. Hoy ese cargo lo ocupa Carlos Zannini).       

La ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal estableció el método de designación del procurador: por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Esta mayoría calificada, usualmente difícil de conseguir, obliga necesariamente al oficialismo y a la oposición a llegar a un acuerdo para un nombramiento que, además, es vitalicio. Es la falta de un acuerdo político lo que ha hecho naufragar la candidatura de Rafecas. Lo curioso del caso es que ni siquiera hay acuerdo en el oficialismo (como en otras tantas cuestiones).

La última vez que se designó un procurador fue en 2012. Alejandra Gils Carbó fue nominada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. La opinión de Elisa Carrió, contraria a la designación, también fue aquella vez poco determinante: la procuradora obtuvo en el Senado 63 votos a favor y apenas 3 en contra. Sucedió así a Esteban Righi, quien abandonó el cargo tras una denuncia del entonces vicepresidente Amado Boudou sobre supuesto tráfico de influencias, nunca probado, en el marco de la causa Ciccone. Boudou hoy cumple condena (domiciliaria) por ese caso, que en ese entonces investigaba el juez federal Daniel Rafecas, el mismo que propuso Fernández para la Procuración. Righi, quien ha sido una especie de padre tutelar del presidente Fernández, murió en 2019.

Gils Carbó, alineada con el cristinismo, también renunció al cargo en 2017, a raíz de fuertes presiones del gobierno de Mauricio Macri. Actualmente ese cargo es ocupado interinamente por Eduardo Casal, a su vez presionado hoy por el oficialismo para que abandone el cargo. 

La designación del procurador se asemeja a la del Defensor del Pueblo, que vela por el cumplimientro de los derechos y garantías constitucionales ante abusos del poder; una institución también independiente y autónoma, que demanda igualmente mayoría calificada en el Senado. Es decir, acuerdo político. Este cargo -también relevante- está vacante desde 2009. 

En la madrugada de hoy, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales sacó con el voto de la mayoría oficialista un dictamen con el que resucitó el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. El proyecto tiene media sanción del Senado, donde fue empujado por la vicepresidenta y el oficialismo cuenta con holgada mayoría. Reduce la exigencia de los dos tercios de los senadores para la elección del procurador a la de mayoría absoluta, o la mitad más uno de los senadores presentes, y además, acorta su mandato a cinco años.

El peronismo controla el Senado desde la recuperación de la democracia. Es la puerta para la designación de un nuevo procurador con mayoría oficialista y para la remoción automática de procurador interino. La Procuración perdería de este modo su autonomía e independencia y se convertiría en una herramienta al servicio del poder político. 

El oficialismo confía en que cuenta con los votos para aprobar la reforma en el recinto. Los números aparecen muy ajustados, sin embargo. Nada ha cambiado desde la salida de Marcela Losardo del ministerio de Justicia y su reemplazo por Martín Soria. 

El presidente Fernández venía mostrándose ajeno a la suerte de un proyecto que nunca impulsó. En las últimas horas, sin embargo, parece haberlo hecho propio, y tomado distancia de su candidato. El juez Rafecas, en tanto, no ha cambiado su posición: reiteró esta semana que no aceptará el cargo de procurador si se impone esta reforma. “Será para mí un límite ético insuperable”, dijo.    

WC

*Este texto fue modificado el 21/5 con la precisión de que fue la ley del MPF la que estableció el método de designación del procurador.

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