La Corte no confirma si acudirá a la apertura de sesiones ordinarias y busca hacerse fuerte con los traspiés del oficialismo

Mientras avanza la investigación del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político, los cuatro ministros del máximo tribunal mantienen en reserva si asistirán a la tradicional apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este miércoles 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dará su discurso, sentado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco habían recibido invitación al cierre de esta nota.

Las invitaciones para el 1° de marzo son enviadas por el Senado, presidido por la vicepresidenta, pero los invitados son elegidos por el Poder Ejecutivo. Usualmente, se cursan a último momento. Este año no es la excepción. El Senado comenzó a enviar las invitaciones este viernes, tras la publicación de la convocatoria oficial en el Boletín Oficial, y la nómina incluye a los jueces de la Corte, de acuerdo a una fuente de la Cámara alta consultada por elDiarioAR. 

El acto oficial, con el pleno de Diputados, el Senado y el Gabinete en el recinto, además de expresidentes, es la oportunidad de Fernández para anunciar el envío de proyectos de ley al Congreso o solicitar la sanción de leyes pendientes, pero es también el momento en el que el Presidente tendría a los jueces de la Corte de cuerpo presente frente a sus críticas al máximo tribunal y el Poder Judicial. 

Este año, la habitual tensión entre ambos poderes alcanzó su pico máximo con el pedido de juicio político del Gobierno a los cuatro magistrados y la apertura de una investigación en la comisión parlamentaria por presunto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Habrá que esperar para ver si asisten a la convocatoria o dan un faltazo histórico, respondieron dos fuentes con acceso a los ministros de la Corte ante las consultas de este medio. Desde que el oficialismo aumentó la presión sobre el tribunal, el habitual hermetismo de los magistrados supremos se potenció y son escasas las decisiones institucionales que trascienden en el Palacio de Justicia.

En los últimos tres años, no todos los magistrados estuvieron presentes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En 2020, sólo acudieron Rosenkrantz y la entonces cortesana Elena Highton de Nolasco, quien renunció a su cargo a finales de 2021. Entonces, Lorenzetti se reportó enfermo y no trascendieron las razones de ausencia de Rosatti.

En 2022, cuando el clima de tensión escalaba entre el Gobierno y los supremos por el fallo del tribunal que modificó la composición del Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona y controla a los jueces nacionales-, los cuatro jueces asistieron. 

Ocho horas

El jueves, mientras se celebraba la sesión de la comisión parlamentaria, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda mantuvieron una reunión de acuerdo y firmaron sentencias. Rosenkrantz se encontraba de licencia pero regresará esta semana a sus funciones.

El jueves último por la mañana, el clima en la Corte se tensó más de lo habitual de los últimos meses. Un ex funcionario del tribunal y cinco letrados que trabajan codo a codo con los jueces debieron presentarse ante la comisión de Juicio Político para declarar como testigos frente a los diputados, en una sesión que se transmitió en vivo y se extendió por casi ocho horas.

Sin embargo, el resultado de la sesión hacia dentro de la Corte terminó amortiguando, al menos temporalmente, la inquietud. Desde la perspectiva del tribunal, en la mayoría de los interrogatorios, los diputados demostraron “desconocimiento sobre a quiénes estaban interrogando y sobre el funcionamiento de la Corte” y una “evidente falta de preparación” para las entrevistas a los testigos.

En muchos casos no sabían exactamente qué funciones cumplían los funcionarios del tribunal citados, en qué causas habían intervenido ni para qué jueces habían trabajado en los últimos años. 

A casi seis horas de iniciada la sesión del jueves, el diputado José Luis Gioja (San Juan) comenzó a interrogar a Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, para consultarle cuál había sido el criterio adoptado por la Corte para determinar que el Estado Nacional debe entregarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. “Desconozco porque yo no participé del proyecto de esa sentencia”, respondió Rodríguez.

“Ah, estamos muertos, entonces.. estamos cagados”, se lamentó en voz alta y con espontaneidad el sanjuanino, ante las risas de sus colegas y la mirada sorprendida de la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), y el rostro inmutable del testigo. Es que el cuestionario de Gioja se basaba en la presunta participación o conocimiento de Rodríguez en el expediente que motivó el pedido de juicio político a la Corte.

Rodríguez terminó explicando cuál es el procedimiento ante los juicios que se originan en la Corte. La situación se repitió con otros testigos, como el último de la lista del jueves, Roberto Miguel Ángel Saggese, interrogado por el diputado Ricardo Herrera (La Rioja), quien comenzó leyendo las preguntas. “Bueno, se nos ha encomendado una serie de preguntas respecto del caso Muiño (en referencia al fallo Muiña, que aplicó la Ley del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad)”. “No puedo contestarle porque no participé en ese caso”, respondió el funcionario de la Corte. El resto de sus respuestas al interrogatorio fueron variantes de esa frase.  

La “obsesión Robles”

Como balance, en la Corte se inquietaron más porque los funcionarios del tribunal debieron informar públicamente sus domicilios y permanecer a disposición de la comisión durante casi ocho horas que por las preguntas que debieron responder. 

Hay otro hecho que inquieta a muchos en el tribunal: la citación a María Burdín, vocera del juez Lorenzetti, para declarar como testigo el martes 7 de marzo ante la comisión parlamentaria. La funcionaria mantiene un enfrentamiento con otros funcionarios de la Corte que responden a los colegas de su jefe.

En el tribunal también se preguntan por qué el oficialismo dedicó la mayor parte de los interrogatorios a la “obsesión con Silvio Robles”, como definió una de las fuentes consultadas por elDiarioAR a los reiterados intentos por obtener información sobre Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, presidente de la Corte, e involucrado en la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En el oficialismo, apuestan a que, como mínimo, la exposición a Robles en la comisión alimente sospechas sobre Rosatti a través de los medios de comunicación.

Además, el oficialismo debió dar marcha atrás con una de las medidas más duras que votó su mayoría en la comisión hace diez días: admitió que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamadas entre el asesor de Rosatti y el ministro D’Alessandro.

La Corte cree que a través de Robles no habría posibilidad de avanzar en la investigación contra presunto mal desempeño de Rosatti. Las preguntas de los diputados oficialistas giraron en torno a si Robles accede a los secretarios letrados de los jueces; si recibe informes de los fallos del tribunal; si integra grupos de chats con funcionarios de la Corte; si una inundación ocurrida a finales de enero en el Palacio de Justicia afectó la oficina del vocero -suspicacias sugeridas por el diputado Leopoldo Moreau porque el episodio sólo afectó el despacho y antedespacho de Robles, incluyendo su computadora-; entre otras cuestiones sobre el protagonismo y nivel de toma de decisiones de Robles en la Corte.

El día anterior al acto del 1° de marzo en el Congreso, la Corte tomará juramento a los senadores que deben asumir como consejeros de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales, en medio de la polémica por la decisión de tribunal de no tomar juramento a Martín Doñate, uno de los senadores elegidos por Fernández de Kirchner para asumir en el Consejo en representación del oficialismo en el Senado. 

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó este jueves un planteo de nulidad de la acordada de la Corte que excluyó a Doñate de asumir en el Consejo, donde se debate quién será juez y quién no. A su vez, la asunción de Doñate quedó cuestionada judicialmente por la oposición y el tribunal declaró invalido que el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta se haya partido en dos para que el oficialismo nombre representantes por la mayoría y la minoría en el organismo.

ED