Espionaje ilegal: el juez Bruglia ordenó que toda la causa se investigue en Comodoro Py

El camarista federal Leopoldo Bruglia ordenó este jueves que la causa sobre el presunto espionaje ilegal en cárceles federales durante la gestión de Cambiemos sea investigada en los tribunales porteños de Comodoro Py 2002 y no en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde actualmente tramita la investigación, según el fallo al que accedió elDiarioAR.  

El magistrado decidió sobre una disputa por la competencia de un expediente clave para un sector del macrismo, que busca concentrar los tres tramos del caso en los tribunales de Retiro. Darío Nieto, exsecretario privado del expresidente Mauricio Macri, fue quien planteó que la causa es competencia de la Justicia porteña, ya que las tareas investigadas habrían sido ordenadas por un organismo del Ejecutivo con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, María Eugenia Capuchetti, la primera jueza de Comodoro Py que debió intervenir, rechazó en septiembre la competencia porque consideró que se investigaban delitos de múltiples jurisdicciones y, por lo tanto, debía comandar el expediente el juzgado original.

Hay una conexión existente entre el núcleo de investigación de la causa principal.

Si bien el fallo de Bruglia, miembro de la Cámara Federal porteña, ordena a la jueza Capuchetti que solicite a su par de Lomas Juan Pablo Auge su apartamiento de la investigación, falta un largo camino para que se dilucide el destino de la causa, explicó una fuente judicial del tribunal de apelaciones. Hasta ahora, el juez Auge y los fiscales de Lomas de Zamora vienen resistiendo la declinación de la competencia y recibieron el aval de la instancia superior, la Cámara Federal de La Plata. Salvo que Auge acepte la decisión de Bruglia, en contra de su propio criterio hasta ahora, la disputa deberá ser definida por la Cámara Federal de Casación, tribunal superior de ambas cámaras federales, la de La Plata y la de Buenos Aires.

El fallo coincidió con la indagatoria de la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani, quien fue indagada este jueves por tercera vez. La exfuncionaria dijo a elDiarioAR que la audiencia virtual con el juzgado de Auge duró alrededor de cinco minutos porque se negó a declarar, y que lo hará cuando la causa cambie de jurisdicción.

El miércoles, también fue indagado por el mismo caso el exjefe del organismo, Gustavo Arribas, quien negó los hechos que se le imputan, según la agencia Télam. 

Majdalani, al igual que Arribas, Nieto y otros imputados en el caso, desconoce la competencia del juez Auge y los fiscales de Lomas, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes avanzan contra la excúpula de la AFI y un grupo de exagentes de inteligencia de dicha gestión. 

La causa por presunto espionaje ilegal está dividida en tres ejes: el presunto seguimiento a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria; la supuesta vigilancia a dirigentes y funcionarios de Cambiemos y miembros de la familia Macri; y el presunto espionaje dentro de las cárceles, conocido como “legajo 9”. Los hechos investigados habrían ocurrido, al menos, durante 2018.

En los tribunales porteños, el camarista Mariano Llorens ya había fallado parcialmente a favor de la competencia de Comodoro Py sobre los dos primeros tramos del expediente, pero no sobre el capítulo de las cárceles. Al respecto, Llorens adujo que debía seguir en Lomas por su competencia sobre los hechos que ocurren en la cárcel de Ezeiza, donde estaban detenidos la mayoría de los supuestos espiados. 

Tras la decisión de Llorens, la Cámara de Casación solicitó a Bruglia que reviera la situación, quien sostuvo que hay “una conexión existente entre el núcleo de investigación de la causa principal” y la investigación sobre el presunto espionaje en las cárceles, y que por tanto, deben tramitar juntas, según el fallo, en Comodoro Py.

Bruglia dijo en su fallo que “la escisión de ambos trámites podría resultar incluso desaconsejable en términos de economía procesal y para un adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte de los imputados”. 

Qué se investiga

En el capítulo de las cárceles, los fiscales investigan si los entonces jefes de inteligencia ordenaron a un grupo de agentes de la AFI realizar un presunto seguimiento ilegal a exfuncionarios y otros miembros del entorno kirchnerista detenidos por causas de corrupción en cárceles federales. 

En la acusación, los fiscales dan cuenta de supuestas maniobras para lograr la intervención de los teléfonos públicos de los pabellones del área denominada IRIC, donde estaban alojados estos detenidos; un supuesto registro de datos sobre sus patrimonios, entorno y reuniones que mantenían en prisión; y el acceso irregular a las fichas elaboradas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre estos mismos presos, que, según los fiscales, no deberían haber estado en poder de los agentes de inteligencia. 

También investigan la presunta instalación de cámaras y micrófonos en celdas y oficinas de la cárcel de Melchor Romero, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), según precisó una fuente judicial con acceso al expediente.

Tanto Majdalani como Arribas fueron procesados por el juez Auge por el primer tramo de la causa (CFK e Instituto Patria), junto a exagentes de la agencia de inteligencia, pero el magistrado aún debe resolver sobre el segundo y tercer capítulo del caso, una vez que culmine esta nueva tanda de indagatorias, que se extenderá al menos hasta los días previos a Navidad, precisó una fuente judicial del caso. 

ED