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Hackeo a D'Alessandro: la Justicia porteña pasa la causa a Comodoro Py

Marcelo D'Alessandro con Horacio Rodríguez Larreta. Foto de archivo

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La jueza porteña Araceli Martínez, quien investigaba el hackeo a Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, se declaró incompetente y dispuso el envío de la causa a la Justicia Federal de Comodoro Py, según fuentes judiciales. La magistrada lo hizo en favor de Sebastián Ramos, que tramita el expediente de Lago Escondido: allí se investiga la presunta aceptación de dádivas por parte de funcionarios y magistrados ofrecidas por empresarios, pero también si sus comunicaciones fueron hackeadas.

La decisión de Martínez trascendió este lunes, pero fue tomada el 28 de abril por un planteo de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación, quien logró detectar que el hackeo al exministro lo llevó a cabo un joven llamado Elías Ezequiel Núñez Pinheiro desde Eldorado, Misiones, de acuerdo con el expediente.

Por otro lado, de Lago Escondido se encuentran el propio D’Alessandro; Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño; los jueces Carlos Alberto Mahiques, Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; Leandro Bergoth, exfuncionario de la SIDE y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo, los últimos dos de Grupo Clarín.

“La solicitud de incompetencia presentada por la Dra. Dupuy, implica tácitamente el reconocimiento, por parte de la directora de la investigación, que las medidas urgentes ya se han agotado y en consecuencia, corresponde en este preciso momento, adoptar la resolución que el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”, sostuvo Martínez en el fallo de 16 páginas.

En el escrito, la magistrada recordó que en la causa tramitada por Ramos -quien deberá decidir si acepta la remisión- se “investiga tanto la posible aceptación por parte de funcionarios públicos y magistrados, de determinados servicios de costo económico ofrecidos por empresarios, en razón de los cargos que ejercían y posiblemente por intervenciones que pudieron tener en casos puntuales ligados a los roles que poseen” como “el hackeo y espionaje que habrían conducido, de forma delictiva a acceder a las comunicaciones realizadas desde los teléfonos de las personas implicadas”.

“Por lo demás y adunando la propuesta de asignación al Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, es de destacar que el resultado de las maniobras de hackeo y espionaje derivó en la obtención y publicación de comunicaciones que, de chequearse su veracidad, poseería superlativa relevancia e innegable vinculación con los hechos principales que se investigan en ese Tribunal de excepción, en el marco de la causa aludida”, agregó Martínez.

La jueza porteña relató en la resolución que llegaron a la supuesta identidad del hacker a partir de información brindada por la compañía Nosis, a cuya plataforma había ingresado el imputado para obtener o corroborar datos de D'Alessandro, los cuales luego le permitirían realizar la maniobra de Sim Swapping que le permitiría acceder a sus mensajes de Telegram.

El Sim Swapping consistió en obtener un nuevo chip, hacerlo pasar por el de D'Alessandro y pedirle a la compañía de telefonía celular del exministro la recuperación de su línea telefónica; lo que logró tras responder una trivia por Internet donde se le requirieron determinados datos personales de la víctima del hackeo.

Además, Nosis dijo que desde el celular en que se consultó el perfil comercial de D'Alessandro se registraron 16 usuarios en el año 2022, donde se realizaron consultas respecto de setenta y dos (72) personas, entre las cuales se encuentran varias quienes denunciaron ante la Justicia Federal haber sido víctimas de Sim Swapping.

“Dichas personas damnificadas son: Rodrigo Giménez Uriburu (juez), Andrés Fabián Basso (juez), Gustavo Marcelo Hornos (juez), Cristian Vanesa Figueroa Figueroa, Verónica Salido, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Diego Cesar Santili y el denunciante en estas actuaciones Marcelo Silvio D'Alessandro”, enumeró la jueza Martínez.

Por último, la magistrada hizo hincapié en que “la empresa Nosis ha hecho saber además que advirtió una regularidad entre las contraseñas seleccionadas para los dieciséis (16) perfiles en cuestión, puesto que solo se han utilizado dos contraseñas para todos los dieciséis usuarios”.

LC con información de agencia Télam

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