Opinión

Lo que no puede un gobierno peronista

Panorama político

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Martin Guzmán se lo dijo a todos los miembros de la mesa de conducción del Frente de Todos, incluida Cristina Fernández de Kirchner: “Yo soy el que quiere reducir subsidios, no es el Fondo”. Convencido de que 2021 iba a proyectar una película distinta a la de 2020, el ministro de Economía peregrinó hasta hace algún tiempo en busca de consenso interno para lograr un aumento de tarifas que permita recortar la masa de fondos que el Estado nacional destina a los usuarios del sector energético, sin distinción de clases sociales. Guzmán explicó de mil maneras su tesis de que la montaña de subsidios puede generar inestabilidad, como ya lo comprobó el último cristinismo, que a partir de 2013 llegó a dedicar a ese rubro entre 14.000 y 16000 millones de dólares por año, según los cálculos del ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF bajo la gestión Kicillof, Nicolás Arceo.  

Pero Guzmán tuvo dos inconvenientes en los últimos meses: chocó con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y se cansó de perseguir el consenso que, hasta hace poco, consideraba fundamental. Detrás del perfil diplomático y el lenguaje técnico de un funcionario que nunca pierde la compostura, Guzmán da muestras de su firmeza y es, a ojos de sus críticos internos, un cruzado por el ajuste. Por eso, los propios aliados del ministro de Economía advierten hoy que se quedó muy solo con la bandera del extraño progresismo que persigue el orden fiscal en un año electoral.  

El viernes, Guzmán quiso echar a Basualdo y se topó con lo que era previsible: una pared de hormigón de cinco de metros de altura con las iniciales de CFK y su hijo Máximo. Así terminó de resignar el soporte político que tuvo durante todo 2020 y lo distinguió de otros funcionarios importantes del área económica como Matías Kulfas, siempre objetado por Cristina. “Nadie dice que sea fácil, pero el partido es largo y hace falta timing”, afirma uno de los miembros del gabinete que desaconseja la ruptura en este momento, el más inoportuno.

Durante el último mes, cuando la segunda ola puso en cuestión como nunca las proyecciones optimistas del Presupuesto 2021, el ministro estuvo ausente de la discusión local, dedicado a la diplomacia europea en busca de un acuerdo con el Fondo que parece cada vez más lejano. En el medio, dos señales que partieron del gobierno refutaron su manual de salida: Alberto Fernández destinó 15000 pesos para casi un millón de personas que sufrirán las nuevas restricciones y Basualdo le dio una entrevista al portal especializado EconoJournal en la que pareció sugerirle a Guzmán que aprenda a administrar la frustración y entienda que no puede aumentar las tarifas. “Hay que aplicar las políticas en función de los principios sociales y económicos que representamos. Ya está agotada esa discusión (...) A veces la gestión es frustrante en cuanto a lo que uno espera que suceda y no sucede. Habrá que superar esas frustraciones y seguir adelante”, dijo.

Exactamente lo contrario piensan Guzmán, Kulfas, Santiago Cafiero y Fernández. El Presidente lo dejó en claro en enero pasado en una entrevista con Radio Con Vos: “Una de las cosas buenas de la pandemia es que ahora ya sabemos quién es quién. Puedo hacer una tarifa segmentada, una tarifa social para los que están muy mal, otra para los que viven de su sueldo y otra para los que puedan pagar la tarifa plena. No sé cuál es la discusión, lo he hablado con todos”. Casi cuatro meses después, el frente oficialista no avanzó ni un centímetro hacia el consenso interno para el dilema que Mauricio Macri resolvió de entrada pero mal. La sintonía fina no aparece y el gradualismo que ensaya el discípulo Joseph Stiglitz no resulta, tal como lo consigna Jorge Remes Lenicov en su reciente texto sobre el desencuentro entre la economía y la política.  

En Casa Rosada afirman que Guzmán sintió que Basualdo lo mandó al psicólogo cuando habló de "superar la frustración". Susceptibilidades al margen, lo que aparece irresuelto es la discusión de fondo en una coalición que tiene el poder asignado de manera sui generis. La dueña de la cuota más grande del paquete accionario está sentada en el Senado y los funcionarios de segunda y tercera línea que le reportan pretenden pesar más que los ministros. A eso, el Frente de Todos no tiene más remedio que resignarse; la anomalía está en su origen como condición de posibilidad y tensar por demás sólo puede perjudicar a todos. 

La situación no admite soluciones sencillas. Para los defensores de Guzmán, el cristinismo vuelve a cometer el mismo error del período 2011-2015 y no hace autocrítica con respecto a ese sendero que desembocó en el triunfo de Cambiemos. Pero el contexto ahora es muy distinto: el Fondo está sentado a la mesa de las decisiones y presiona por la reducción de subsidios que, según Guzmán asegura, forma parte de su convicción; los salarios están en el quinto subsuelo, vienen de caer un 25% promedio en los últimos tres años y no soportan más ajuste, como lo evidencia el incremento de la conflictividad laboral en los últimos dos meses. 

Distinguir entre ricos y pobres a la hora de regular tarifas parece lo más lógico. Según los datos de la consultora Economía y Energía, que dirige el ex YPF Arceo, el congelamiento de gas y luz de 2020 llevó la masa de subsidios para el sector energético a 6.200 millones de dólares, una suba del 31% respecto a 2019 y en medio de un derrumbe de los precios internacionales. Para este año, aún con un aumento del 30% en las tarifas, los subsidios llegarían a U$S 7000 millones, un 1,7% del PBI, a tono con lo que marca el Presupuesto, gracias a la recuperación, el atraso cambiario y, sobre todo, la escalada de la soja al récord de U$S 565.

El ala cristinista repite que no es posible segmentar y el sector alineado con Guzmán refuta la consigna con al menos dos antecedentes. Primero, el trabajo que inició en 2020 el abogado Santiago Yanotti desde la subsecretaría de Coordinación Institucional de Energía para cruzar datos con la Anses en busca de la segmentación. Segundo, el informe que le llevó hace unos meses un hombre de Marcelo Mindlin a un ministro clave de Fernández, que no es Guzmán: tenía discriminado los datos de cuánto gastaba un cliente de clase media alta en cable, consumos dolarizados ligados al entretenimiento como Netflix, prepaga y tarifas. Subsidiada, la luz era un regalo para un hogar que no calzaba con el perfil de votante natural del cristinismo. 

Ese es el cuadro que explica una frase que se escucha con intensidad en la línea albertista del gabinete: “Un gobierno peronista no puede estar subsidiando al que vive en Puerto Madero y al que climatiza la pileta en Nordelta”. Sin embargo, lo hizo bajo Cristina y también en el primer año de la gestión Fernández. 

Es cuestión de prioridades, en un esquema que podría no ser contradictorio pero tiene entrampado al oficialismo en la discusión interna. Mientras el ministro quiere recortar transferencias para evitar un nuevo año de fuerte emisión, los sectores identificados con el cristinismo y la heterodoxia plantean que es necesario rescatar a los ingresos del pozo en el que vienen cayendo en los últimos seis o siete años, con especial violencia en los últimos tres.

De acuerdo al informe de coyuntura que difundió el centro CIFRA de la CTA en los días previos al 1 de mayo, los salarios nominales quedaron 5,3% abajo de la inflación en el primer año de los Fernández en el poder: aumentaron 33,2% entre enero de 2020 y el mismo mes de 2021 -el último dato disponible-, cuando el índice de precios al consumidor creció 38,5% y los precios de los alimentos y bebidas lo hicieron 42,3%. El trabajo elaborado por Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, con aportes del economista Eduardo Basualdo, repasa la destrucción de empresas, la crisis del empleo, el problema de la inflación y señala que el único elemento disonante en la moderación de una política económica que viene reduciendo fuerte el gasto primario es la expansión de los subsidios energéticos que sostienen el congelamiento tarifario.

Los datos se conjugan con la debacle del Salario Mínimo Vital y Móvil, que el martes pasado se decidió aumentar en 7 cuotas con la firma de todas las centrales sindicales, salvo la de la CTA Autónoma. Recién en febrero del año próximo, el sueldo mínimo que hoy está en 21.600 pesos llegará a 29.160. El cálculo elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del director del Banco Nación Claudio Lozano muestra que para que el SMVM vuelva a los niveles del año 2015, sería necesario un aumento del 57.2%, lo que significaría llevar ahora el salario mínimo a 33.955 pesos, sólo para recuperar lo perdido con respecto al último cristinismo.

Nada más lejano de la realidad. La gestión de Claudio Moroni, un albertista de máxima pureza, mantiene los sueldos por debajo de la era Macri. Según remarca Lozano, para que el salario mínimo retorne a los niveles de 2017, el aumento debería ser ahora del 43.2%, lo que llevaría el monto a 30947 pesos. Con una caída de 16,8% registrada en marzo pasado respecto a diciembre de 2019, los nuevos aumentos lograrán empardar recién en junio el nivel calamitoso del último Macri.

Las cifras dan cuenta de un hecho que Artemio López considera inédito en la historia reciente: el Frente de Todos es un gobierno peronista que tiene el salario mínimo por debajo de la línea de indigencia. Crítico de una orientación que además obtura la recuperación económica, algo que también marca Emmanuel Álvarez Agis, el director de la consultora Equis todavía no se explica cómo la mayoría de las centrales sindicales firmaron en 2020 el hundimiento del SMVM.

Así terminan de dibujarse las dos líneas que se enfrentan dentro de la coalición oficialista y las dos realidades que un gobierno peronista, según sus propios integrantes, no debería convalidar: subsidios energéticos para los ricos y sueldos bajos para los pobres. La línea Guzmán aparece más preocupada por lo primero y la línea Cristina más afligida por lo segundo. El profesor de Columbia pronosticó que este año finalmente los salarios le van a ganar a la inflación, pero en los primeros cuatro meses del año el aumento de los precios superó el 15% y puso contra las cuerdas la meta de que el IPC se va a estacionar en 29% a fin de 2021.

Nada salió en el arranque del año como lo preveía Guzmán. Aunque el ministro sabía que el operativo vacunación iba a demorarse hasta junio, proyectó una fuerte reducción del gasto Covid que ahora aparece cuestionada y puede forzar a incrementar la emisión. La inflación es mucho más alta de lo previsto y el acuerdo con el Fondo asoma más como un cúmulo de condicionalidades que como una posibilidad para el peronismo en el año electoral.

Guzmán tiene dos opciones: operar en ese contexto de restricción múltiple para salir adelante o encontrar en los límites que le fijan -la realidad y la vicepresidenta- la excusa para irse y justificar ese no poder. La tensa discusión interna, que parece otra vez escalar a lo más alto de la alianza, vuelve a mostrar la frazada corta camino al invierno 2021. El gobierno peronista está entre dos impotencias: no puede convalidar las injusticias del presente, pero tampoco encontrar el camino de consenso para resolverlas. 

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