Un proyecto del espacio de Milei busca excluir a los repartidores de toda ley laboral

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD