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Transporte público en crisis: Tucumán está al borde del colapso

El transporte en Tucumán está a punto de colapsar. Es una muestra de lo que ocurre en muchas provincias. Del total de los recursos anuales en todo el país, el 78,2% se concentra en la región metropolitana (CABA y AMBA) y sólo el 21,8% se destina a las provincias, de acuerdo cifras oficiales.

David Correa

Tucumán —

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El transporte público de pasajeros se encuentra al borde del colapso en Tucumán y a diario lo padecen los 600.000 tucumanos que hacen uso del servicio. Los empresarios del sector señalan que las firmas están descapitalizadas y que todo comenzó en 2018, cuando el expresidente de la Nación Mauricio Macri transfirió a las provincias el pago del subsidio estatal, situación que se revirtió de manera parcial con el actual Gobierno nacional por el fuerte desequilibrio que existe en la distribución de las partidas nacionales: Del total de los recursos anuales, el 78,2% se concentra en la región metropolitana (CABA y AMBA) y sólo el 21,8% se destina a las provincias, de acuerdo cifras oficiales. En este escenario, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) redujo desde la semana pasada los servicios un 25% que, en los hechos, implica trabajar con horarios de días sábados, lo que provoca largas colas en las paradas y esperas que rondan los 30 minutos, como mínimo, para recorridos interurbanos. Un verdadero dolor de cabeza para los usuarios, en especial durante los primeros minutos del día y por las noches. 

En los primeros días de agosto, el boleto mínimo se incrementó de $ 84 a $ 120, cifra que los dueños de las empresas señalan como insuficiente. “Debería ser de $ 500, de acuerdo a estudios presentados pero percibimos $235, entre el pago del pasaje y las compensaciones. Es decir, el déficit es continuo, acumulativo y por eso nos descapitalizamos”, señaló, en diálogo con elDiarioAR, Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad empresarial. Informó que por mes perciben dos subsidios, $688 millones de la Nación y $750 millones del Gobierno provincial, con el que cubren la planilla salarial, de alrededor de $ 1.500 millones, sin contar aportes. Insistió en el desequilibrio que existe con el trato que reciben las empresas radicadas en CABA y AMBA. “Sobre el costo real de $ 500 por boleto, en estas zonas la compensación estatal es de $ 440, mientras que para nosotros es de $ 235. Si este desbalance no se resuelve vamos directo al colapso del sistema”, insistió. El mayor inconveniente que enfrentan por estas horas radica en que este martes recibirían el subsidio provincial pero los recursos nacionales están con demora, gestión en la que trabajan desde la semana pasada funcionarios provinciales. De acuerdo al convenio con el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA), los sueldos se deben pagar hasta el cuarto día hábil del mes, o sea, mañana, pero ante la imposibilidad de reunir la masa salarial no podrían pagar en tiempo y forma. Y desde la seccional tucumana del sindicato ya advirtieron que si no se abona habrá paro.

A este rosario de problemas, AETAT también anunció la suspensión de choferes de colectivos, fruto del achicamiento de los horarios que ya rige. La semana arrancó con envíos de telegramas a 60 trabajadores y esta cifra podría ascender a 300 en los próximos días. Esta medida fue adoptada en las firmas La Florida, Leagas, La Fournier, Cerro Pozo, El Galgo y General Belgrano. “Se han visto afectados empleados sin carga de familia y con poca antigüedad. Y aclaro que no se trata de despidos, sino de suspensiones para evitar tomar medidas drásticas”, señaló el empresario Luis García. “Estamos cada vez peor y no hay respuestas de parte de las autoridades para solucionar de fondo esta situación”, agregó. Consultado Berretta sobre las quejas de los usuarios por el mal estado de las unidades, indicó que son reales y se deba a la falta de renovación del parque automotor. “Es antiguo y muchas unidades entran a menudo a los talleres, por diversos problemas. Esto supone un gasto extra pero hoy es imposible adquirir un coche nuevo, cuyo costo ronda los $ 70 millones”, manifestó. “Desde el 2001 que ni vivíamos esta situación”, lamentó. En la actualidad, son 56 las empresas que prestan el servicio de ómnibus, urbano e interurbano, y generan 3500 puestos de trabajo.

César González, secretario general de UTA Tucumán, consultado por este medio, advirtió que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización, tras una asamblea de la comisión directiva que contó con la participación de delegados de las empresas. “La medida unilateral de las firmas de avanzar en las suspensiones de compañeros es improcedente, la rechazamos de plano. No es posible que caiga sobre las espaldas de los trabajadores la crisis del sistema”, expresó. Y agregó: “vamos a ir a la Justicia y si no nos pagan el sueldo en tiempo, más diferencias adeudadas, es posible que se decida una medida de fuerza”. El primer paso, anticipo el sindicalista, será denunciar las suspensiones ante la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia. En diálogo con varios medios, durante una recorrida por obras públicas en ejecución, el gobernador Juan Manzur informó que “se está dialogando con el sector (empresarial) para arribar a una solución pero hay situaciones que escapan al gobierno tucumano”.

Quien también tomó cartas en la situación fue la Secretaría de Transporte de la provincia, cuyo titular manifestó que ante la decisión de las empresas de reducir los horarios, la repartición controlará si efectivamente rige y podría adoptarse alguna medida, en el caso de constatar el achicamiento. El parque de ómnibus ronda las 1200 unidades y de este total, cerca de 200 están de manera periódica en los talleres. Es decir, sobre las 1000 que deberían estar de manera diaria en actividad, el ajuste horario implicaría que sólo prestan servicios alrededor de 750. “Estamos haciendo los controles en las líneas que corresponden a la jurisdicción provincial y eventualmente se labrarán las actas de infracción, ante incumplimientos. Sobre eso se actuará y se tomarán las medidas sancionatorias que correspondan”, dijo Vicente Nicastro, secretario de Transporte.

De acuerdo al funcionario provincial, las normas indican los caminos que AETAT tendría que haber solicitado autorización para establecer una modificación en sus servicios. “En la jurisdicción provincial esto no ha ocurrido y sólo se ha recibido una nota comunicando la decisión de la reducción horaria”, señaló. “El transporte pasa por una situación delicada, con problemas de índole estructural y algunos de índole coyuntural. Venimos en este tiempo tratando de solucionar las situaciones que se van presentando para evitar el colapso en el sistema”, cerró.

DC/MG

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