La obsesión por el litio chileno pone a prueba el plan de transición energética de Boric

El presidente chileno, Gabriel Boric, aterrizó esta semana en España, la primera parada de su primera gira europea. En su agenda lleva, además de fortalecer los lazos con Europa, promocionar las inversiones extranjeras y el sector del litio en un momento en el que está tratando de posicionar a su país en la carrera global por este recurso.

En las últimas semanas, Chile recibió una serie de visitas de representantes europeos en busca de acuerdos de cooperación en materia energética. Por el Palacio de La Moneda desfilaron el canciller alemán, Olaf Scholz; el ministro delegado de Comercio Exterior francés, Olivier Becht; y, más recientemente, el presidente italiano, Sergio Matarella. Todos trasladaron al Gobierno chileno su interés –y el de los empresarios de sus respectivos países– en la transición energética del país sudamericano.

El espaldarazo más fuerte, no obstante, llegó hace un mes con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que anunció el apoyo de la Unión Europea al desarrollo de la industria chilena del litio y prometió un fondo de 216,5 millones de euros para promover el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Este vector energético emergente también recibió la confianza del Banco Mundial, que prestó al país 150 millones de dólares para su fomento.

Según un informe publicado la semana pasada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), China, Estados Unidos y la Unión Europea lideran el sector de la electromovilidad y cuentan con varias políticas para asegurar el suministro de minerales considerados críticos para la transición energética como el litio, clave para la fabricación de baterías eléctricas.

En Latinoamérica, Chile encabeza las inversiones en energías limpias y es el país con mayor potencial en el área: concentra las mayores reservas explotables de litio del mundo y es el segundo productor mundial, por detrás de Australia. El presidente Boric presentó en abril la esperada Política Nacional del Litio, que despertó el interés de inversionistas y gobiernos y organismos internacionales.

“Falta de claridad del rol del Estado”

La estrategia anunciada por el mandatario propone un modelo público-privado que deja en manos del Estado el control mayoritario del recurso, y crea una empresa nacional del litio, una de sus promesas de campaña. “No más una minería para unos pocos”, dijo Boric durante el anuncio. “Tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos”, sostuvo.

Sin embargo, según algunos expertos, la iniciativa llega tarde y Chile podría perder su liderazgo mundial a favor de Argentina, que en los últimos años invirtió fuerte en el sector.

“La pérdida de competitividad de la producción chilena no se debe a la falta de inversión, interés o atractivo financiero que tienen los depósitos de litio del país, sino a una falta de claridad sobre el rol del Estado en la promoción y desarrollo de la industria”, dice a elDiario.es Emilio Castillo, académico del Departamento de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Chile. “Hemos pasado por políticas en distintos sentidos. Ha faltado pragmatismo y el resultado ha sido el desaprovechamiento del potencial minero que tiene el país”, opina.

Para él, entregar un papel preponderante al Estado “no era la mejor fórmula” de fomentar la industria. “Además, las empresas mineras estatales están pasando por momentos críticos en su gestión, operación y capacidad de inversión”, enumera.

Álvaro Videla, profesor de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, también considera que son los privados quienes “tienen mayor flexibilidad, rapidez y capacidad de movilizar inversiones a una velocidad que el Estado no tiene por las restricciones propias del presupuesto nacional”.

Sin embargo, la ley chilena limita las concesiones a privados para la extracción del llamado “oro blanco”. Solo se permiten a quienes tenían licencias anteriores a 1979 por un decreto dictado ese año, en el contexto de la Guerra Fría, que nunca fue modificado y que declaró al metal de “interés estratégico” por sus posibilidades en la tecnología nuclear.

Por eso, solo dos empresas en todo el país pueden explotar el litio: la Sociedad Química y Minera SQM, controlada por la china Tianqi y el exyerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou; y la estadounidense Albemarle. La primera explota 81.000 hectáreas del Salar de Atacama y la segunda 16.000 del mismo yacimiento. Por el arrendamiento de estas explotaciones, en 2022 el Estado chileno recibió más de 5.000 millones de dólares. “Las otras empresas que están en Chile operando han estado enfocadas en tratar de obtener una licencia para operar con pequeñas expansiones. Lo que existe en la actualidad no es proporcional a las capacidades del país para producir litio”, afirma Videla.

Amenaza ambiental

Aunque en Chile hay cerca de 60 salares, prácticamente todo el litio se extrae del Salar de Atacama, el más grande del país y tercero a nivel mundial, con el 90% de las reservas de litio nacionales y el 30% de la producción global.  

Situado en el norte del país, en el desierto de Atacama, región de Antofagasta, el salar es un ecosistema frágil con una biodiversidad muy rica. Es el hábitat de diversas aves acuáticas, entre ellas tres especies de flamencos que habitan en la Reserva Nacional Los Flamencos, y es refugio de guanacos, vicuñas y llamas, entre otros muchos animales. Además del patrimonio natural, es territorio ancestral para los pueblos originarios y comunidades que conviven en su cuenca.

Para los habitantes de la zona, aumentar la cuota de explotación del salar conlleva perder más agua dulce en el proceso de extracción del metal. Se calcula que cada tonelada de litio requiere la evaporación de dos millones de litros de agua. “Es un problema muy fuerte para nosotros, porque hemos vivido siempre en torno al agua”, lamenta Rudecindo Espíndola, agricultor y activista medioambiental del pueblo atacameño (lickanantay). 

Su mayor critica recae en que el Gobierno, que pretende crear una red de salares para proteger un 30% de su superficie, no consultara a los pueblos indígenas antes de presentar su nuevo plan: “Se ha diseñado en Santiago y sin preguntarnos. No lo podemos aceptar (…) el Estado chileno nos tiene abandonados”.

Según las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la demanda por el litio hacia 2030 crecerá un 21% anual. El alza desafía desde ya al Gobierno a prepararse ante esta necesidad para mantener su liderazgo en la industria dentro de siete años más.