Las elecciones de octubre en Brasil

La advertencia de Lula: “Si ganamos, el país de 2023 es infinitamente peor que el de hace 20 años”

Lula.

Con la campaña electoral ya en plena vigencia, el ex presidente Lula da Silva que aspira a un tercer mandato, volvió a reunirse con empresarios brasileños. Solo que esta vez optó por un sector diferente al de la semana anterior: el de los pequeños y medianos. Ese segmento productivo tiene la capacidad de generar, rápidamente, nuevos puestos de trabajo. Pero por ser el que resultó más fragilizado por el impacto del Covid-19 entre 2020 y 2021, precisará de estímulos crediticios.

Esto fue precisamente lo que les prometió el líder del Partido de los Trabajadores, durante el diálogo que mantuvo con ellos en un hotel céntrico de San Pablo. Les dijo: “Los bancos públicos tienen que prestar una función social en este país”.  Y añadió: “No podemos dejar que micro y pequeños empresarios cierren sus negocios por deudas que contrajeron durante la pandemia”. Para el candidato, que aspira a un tercer mandato, “el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) tendrá que dejar de prestar a las grandes compañías para dar crédito a los pequeños y medianas, y a los emprendedores. El resto puede tomar préstamos en dólar en cualquier lugar”.

Lula cuestionó la política de elevadas tasas de interés adoptadas recientemente por el gobierno de Jair Bolsonaro, al decir que esto torna casi inviable la financiación empresarial. Y criticó con una cuota de acidez al Banco del Brasil: “Parece buenito, pero ni no tiene una orientación del gobierno, su burocracia piensa como si se tratara de un banco privado. Hay que encuadrar la institución con el objetivo de que sea un banco realmente público”.

Acto seguido, el candidato admitió que podrá recibir un Brasil muy diferente de aquel que le tocó gobernar a partir de 2003. “Si ganamos las elecciones, el país de 2023 es infinitamente peor que el de hace 20 años” explicó. Lula estuvo acompañado por su vice en la fórmula electoral, Geraldo Alckmin. “Nuestro casamiento –dijo—es para hacer lo que precisa este país: volver a crecer y generar empleo”. Con esa tesitura componedora, que lo ha caracterizado en su trayectoria, el dirigente histórico del PT insistió que “en política hay que separar los momentos de la disputa del momento de gobernar. Evidentemente voy a conversar con todo el mundo porque no hay cómo gobernar sin dialogar”

Ese concepto diverge en forma radical de aquel que expresan los partidarios de Jair Bolsonaro, dueños de diversas compañías. En un grupo de WhatsApp titulado “Empresarios y política”, según revelaron los medios brasileños, los bolsonaristas defendieron por ejemplo que haya un golpe de Estado en caso del actual presidente no renovara su mandato. Uno de los empresarios, José Koury, propietario del Barra World Shopping, dijo preferir “un millón de veces un golpe” antes que el retorno del PT. Otro integrante de ese grupo, Marco Aurelio Raymundo, sostuvo que “el 7 de septiembre (próximo) será programado para unir el pueblo y el Ejército, para que quede claro de que lado está. El palco será en Río y será muy evidente”. A ese segmento del empresariado pertenece Luciano Hang, dueño de las tiendas Havan, que apoyó al actual jefe de Estado desde 2018, cuando ganó las presidenciales que lo llevarían al Palacio del Planalto. El senador Randolfe Rodrigues (del partido Rede), que integra el comité de campaña de Lula,  presentó una demanda ante la Corte Suprema para permitir que se quiebre el secreto de ese grupo en la red social. Reclamó inclusive la prisión de los empresarios si “es preciso. La democracia no puede tolerar la convivencia con quien quiere sabotearla”.

Entre tanto, con la mira colocada en la consolidación de sus bases, en el entorno de JMB se apuesta a un crecimiento de las preferencias del electorado los próximos días, en vista del “paquete de bondades” en vigencia desde el 1º de agosto: un aumento del estipendio “Auxilio Brasil” para los más pobres, una inflación menor y la disminución del tarifas de los combustibles. En las encuestas actuales esos “beneficios”, destinados a durar hasta el 31 de diciembre, todavía no acusaron el impacto que se aguardaba; en parte eso se debe a la suba de los precios de los alimentos y bebidas, en 1,3% durante julio, que afectó especialmente a los más pobres.

CC

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